El clan Pujol impuso su 'modus vivendi' en Cataluña coaccionando a terceros

El clan de los Pujol, al frente del cual se situaban el expresidente catalán y su primogénito, impuso su modus vivendi de corruptelas y negocios ilegalesmodus vivendi mediante la coacción a muchas personas a las que tuvieron atemorizadas durante años y no quisieron denunciar porque "estarían muertos civilmente" si lo hacían y "les sería imposible continuar con su modo de vida". Así resume la UDEF según recoge Europa Press el sistema de sobornos que estableció la familia Pujol en Cataluña desde 1980, cuando Jordi Pujol accedió a la Presidencia de la Generalitat, hasta mucho después de que éste abandonara el cargo, pues para eso "fue introduciendo a su hijo Oriol, quien sucesivamente fue ganando cuota de poder" en las instituciones catalanas.

Y mientras Oriol Pujol ascendía en el plano político, la investigación ha acreditado el papel esencial del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, "en el desarrollo de un sistema espurio, la financiación de partidos políticos con capitales adulterados". Y es que "sus propias cuentas en Andorra, alimentadas con comisiones ilícitas, sirvieron para financiar campañas electoras de CDC, que además en gran parte finalmente se pagaron con dinero procedente de empresas adjudicatarias de concursos públicos".

Es más, el informe de la UDEF, entregado en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Europa Press, pone de manifiesto que Pujol Ferrusola "ha jugado un papel relevante en la transformación de CDC como un sitio cerrado, opaco, y en la creación de un organigrama con entidades satélites que ha favorecido la corrupción, como las fundaciones conexas" al partido. "Esta conexión de alto nivel permitió a la familia Pujol Ferrusola la formulación de políticas, obtener información estratégica y garantizarse una protección sólida, siendo además la lucha contra este tipo de conexiones muy difícil desde dentro de la propia administración autonómica", explica el informe.

En este sistema, añade el inspector que firma el documento, "las redes se solidifican porque hay un entorno que tiende a aceptar y excusar la corrupción, aún cuando la propia corrupción genera un entorno que tiende a justificarla o disculparla".

Durante todos los años en que el sistema se mantuvo activo, se impuso una "forma de coacción en el ámbito civil". De hecho, el inspector subraya que "se han recabado muchos testimonios de personas que han manifestado su temor, que no han querido denunciar conductas porque desde entonces estarían 'muertos civilmente' y les sería imposible continuar con su modo de vida en Cataluña". Se trataba, al fin y al cabo, de "utilizar la administración para dificultar la vida de quienes se opusieran a su 'modus vivendi'", lo cual "ha sido la práctica diaria" que "se ha venido dando desde antaño" en la administración autonómica catalana.

Según la UDEF, estas "actitudes coercitivas" también se han visto en otro procedimiento judicial que igualmente investiga la Audiencia Nacional, como es el caso conocido como 3%, con "coacciones hacia los funcionarios para cumplir con los designios políticos y favorecer a empresas que pagaban comisiones". "La coacción constituye un medio de desarrollo tradicional de los grupos criminales y su utilización tiene diversos objetivos, atendiendo a las victimas u objetivos a quienes va dirigida", apunta el inspector.

Corrupción constante durante 30 años

Y es que, según el informe, de más de 200 páginas, "las conexiones a lo largo de más de 30 años con actividades de corrupción han sido una constante", pues "han sido innumerables los procedimientos judiciales en los que han estado inmersos no sólo los miembros del núcleo familiar, sino inclusive los colaboradores más cercanos, como era el caso de los más cercanos partícipes en la actividad política de Jordi Pujol". "No han sido acciones delictivas ocasionales y oportunistas, sino una metodología implantada que ha venido funcionando de forma recurrente y que ha impregnado la actuación de múltiples representantes públicos", añade.

A través de este sistema, la UDEF estima que la familia Pujol llegó a amasar al menos 290 millones de euros en cuentas en paraísos fiscales. El inspector atribuye al primogénito, como viene siendo habitual en la investigación, el papel principal en la gestión de la fortuna de la familia, denominándole incluso "paladín familiar en la organización delictiva" que era el clan y cuyas actividades encuadrarían "dentro del concepto de crimen organizado".

Según el informe policial, "todos los ingresos" de Pujol Ferrusola responden a la prestación de servicios ficticios de asesoría justificados con facturas falsas de un complejísimo entramado societario con el que iba blanqueando los ingresos ilícitos. Aunque "la mayoría de las acciones criminales son fruto de una acción individual o particionada" por el primogénito, explica el inspector, "en todas ellas hay detrás una voluntad implícita de acciones planificadas y estructuradas que comparten los miembros de la familia, si bien no se trata "de la tradicional visión de las organizaciones criminales tipo mafia".

Pujol Ferrusola llegó a ejercer funciones de tesorero de CDC

También consta en el informe de la UDEF que Jordi Pujol Ferrusola habría llegado a ejercer funciones atribuibles a un tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) con la recaudación del 3% en comisiones ilegales a cambio de la concesión de contratos públicos. Buena parte de este dinero la habría destinado a engordar la fortuna de su familia. El informe atribuye al hijo mayor de Jordi Pujol, como viene siendo habitual en la investigación, el papel principal en la gestión de la fortuna de la familia, denominándole incluso "paladín familiar en la organización delictiva" que era el clan Pujol.

La UDEF afirma que el primogénito "habría desarrollado las funciones atribuibles" al que fuera el tesorero del partido Andreu Viloca "en cuanto a la recaudación del 3% u otros porcentajes" de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos en los primeros gobiernos autonómicos catalanes, aunque "habría derivado una parte sustancial del dinero al patrimonio de la familia".

Y así, tras la detención de Viloca el 21 de octubre de 2015 por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) –el primer juzgado que investigó la causa del 3%; ahora está en manos del mismo juez que instruye el caso de los Pujol en la Audiencia Nacional, José de la Mata– mantuvo varias conversaciones con entonces dirigentes del partido.

Uno de los "contactos" que mantuvo Pujol Ferrusola fue, a las cinco y media de la tarde del día posterior a la detención, con el exconsejero Joaquim Forn, quien entonces era primer teniente de alcalde de Barcelona, con quien comentó vía mensajes "la actuación judicial", según explica el informe policial. Forn se encuentra actualmente en prisión provisional a la espera de sentencia por su presunta participación en el proceso independentista en Cataluña. La Fiscalía pide para él una condena de 16 años de cárcel por delitos de rebelión y malversación.

Pujol Ferrusola también guardaba en su teléfono móvil, añade el informe de la UDEF, "varios mensajes en los que se alude a hechos vinculados con el caso 3%" y en uno de ellos comentaba "alarmado qué contenido tendrán los correos electrónicos intervenidos a Viloca".

Según los investigadores, Pujol Ferrusola ha mantenido una "íntima relación pasada y actual con CDC", la cual es, además, "transversal a todas sus estructuras, abarcando desde los puestos más representativos, con la presencia de dirigentes históricos como Josep María Cullel, considerado junto a su padre uno de los fundadores del partido, hasta Artur Mas", sucesor de Jordi Pujol al frente del partido y también expresidente de la Generalitat.

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Pero también mantenía relación con personas de la "base" del partido, como el caso de un trabajador "con quien mantuvo muchas impresiones el día que se estaría registrando la sede" de la formación, el mismo día de la detención de Viloca por el 3%.

En el informe policial también se destacan otras conversaciones que Pujol Ferrusola habría mantenido con Germá Gordó y Francesc Sánchez Vera, exgerente y excoordinador de CDC, respecticamente, ambos también investigados en el caso del 3%. Por tanto, para la UDEF "no resulta sorprendente la presencia entre los contactos" del teléfono de Pujol Ferrusola, "con sus datos privados, de personas cuya relación con el investigado ya se ha acreditado con amplitud en la presente causa, siendo el caso de Lluís Badía y Xavier Trías, ambos personas representativas en el organigrama de CDC".

En el caso del primero, además, "se le atribuye la participación directa en negocios conjuntos con Jordi Pujol Ferrusola, e incluso la adopción de decisiones cuando dirigía el Puedo de Tarragona que favorecieron sus intereses".