La comisión de Avalmadrid se reactiva con la declaración del directivo a quien Ayuso pidió información privilegiada

La comisión sobre Avalmadrid en la Asamblea autonómica, que investiga operaciones presuntamente irregulares de las que se beneficiaron entre otros Isabel Díaz Ayuso y su familia, se reactiva este martes después de medio año de parón a causa de la pandemia. Y lo hace con tres testimonios clave: Carlos Ramos, el directivo a quien Ayuso solicitó información privilegiada sobre un préstamo concedido a la empresa de sus padres y sobre diversos negocios de los socios de su familia; Eva Piera, quien comparece por segunda vez ante la comisión, después de que en la primera realizara afirmaciones falsas sobre su actuación como presidenta y consejera de Avalmadrid, y Juan Luis Fernández-Rubíes, principal ejecutivo de la entidad en su época más turbia.

La Asamblea madrileña creó en 2019 una comisión sobre Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con más del 25% del capital, porcentaje similar al que tiene Bankia. Entre los capítulos más escandalosos está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con una operación de aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL , compañía propiedad de cuatro matrimonios, entre los que estaban los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, a pesar de que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros.

¿Y quién ha terminado pagando esos 400.000 euros? Pues la inmensa mayoría, los contribuyentes: 206.123 los abonó la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), que tiene un 98% de capital público; 102.030 euros los pagó directamente la Comunidad de Madrid, a través de un contrato de reaval de una serie de operaciones realizadas en 2011, y 125.198 euros los asumió Avalmadrid, donde el Gobierno madrileño también pone parte del dinero. La suma asciende a 433.352 euros porque además del importe del préstamo incluye los intereses de demora y otros gastos generados por el aval. En otras palabras: el pufo que dejaron en Avalmadrid la familia Ayuso y sus socios le ha costado a los contribuyentes algo más de 350.000 euros.

Isabel Díaz Ayuso se apropió de un piso en el centro de Madrid, que le donaron sus padres para evitar el embargo, y su hermano hizo lo mismo con una casa en Sotillo de la Adrada (Ávila). La número dos de la Fiscalía Anticorrupción –Belén Suárez Pantín– decretó el pasado mes de noviembre el archivo de una denuncia de Más Madrid, mediante un escrito en el que manipulaba la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alzamiento de bienes y falseaba fechas de correos enviados por Ayuso a Avalmadrid. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso, una de principales ramas del caso Avalmadrid].

Carlos Ramos, Eva Piera y Juan Luis Fernández-Rubíes son tres de los personajes más relevantes en este escándalo y, especialmente, en todo lo relacionado con el trato de favor a la familia Díaz Ayuso. infoLibre repasa a continuación su papel en esta historia.

Carlos Ramos: el interlocutor de Ayuso en Avalmadrid

Avalmadrid firmó la operación de préstamo de 400.000 euros con MC Infortécnica el 15 de marzo de 2011. En ese momento la compañía ya atravesaba una grave situación financiera. Tan grave que sólo tres meses después, a finales de junio, dejó de pagar la nómina a sus trabajadores. Este hecho despierta las alarmas de Isabel Díaz Ayuso –que en julio de aquel año se convertiría en diputada autonómica–, ante la posibilidad de que sus padres pierdan el patrimonio ya que eran avalistas solidarios del crédito. Y decide recurrir a Eva Piera, quien entonces era viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre, diputada regional y miembro del consejo de administración de la propia Avalmadrid, entidad que había presidido entre 2006 y 2008.

El 13 de julio de 2011, Eva Piera le envía un breve correo electrónico al responsable de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, Carlos Ramos, en el que le facilita el número de teléfono de Ayuso, dándole "mil gracias por anticipado". De este mensaje se deduce, obviamente, que Piera ya había hablado antes con él para explicarle de qué iba el asunto.

Carlos Ramos era en aquel momento el número tres en el escalafón de la entidad, sólo por detrás del presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, y del consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes. De hecho, Ramos era la persona de máxima confianza de Santos-Suárez, según confesó este último cuando compareció en diciembre del año pasado ante la comisión creada en la Asamblea.

El 14 de julio de 2011, a las 16:12 horas y por medio de un correo que lleva como asunto "Datos MC Infortécnica", Ayuso se pone en contacto con Ramos. Le aporta los datos identificativos de sus padres y de varias empresas del Grupo MC, entre ellas MC Infortécnica SL. "La relación entre socios es cordial hasta la fecha y lo seguirá siendo con seguridad. Aunque mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil", escribe Ayuso, cuyo interés es conocer la solvencia económica de las empresas del Grupo MC por si un imposible impago del préstamo puede afectar al patrimonio familiar. Así queda en evidencia de forma inequívoca cuando indica que la preocupación de su familia es “tener una casa donde vivir”.

A las 16:32, Carlos Ramos le responde: "Isabel, he pedido los informes, mañana hablamos". Es decir, el alto cargo de la entidad controlada por la Comunidad de Madrid se pone a trabajar para obtener información a la que sólo puede acceder por el puesto donde trabaja para facilitársela a Ayuso.

"Un abrazo. Gracias", responde dos minutos después Ayuso. Al día siguiente, 15 de julio, se convierte en diputada por el PP en la Asamblea autonómica.

Otro dato relevante es que Carlos Ramos trató dentro de Avalmadrid la solicitud de datos de Ayuso como si fuera un encargo de "Presidencia de la Comunidad de Madrid". Aquel 15 de julio, a las 11:26, envió un correo a una empleada de la entidad solicitando parte de los datos que reclamaba la política del PP. Y en el "asunto", Ramos indicó: "RV: Datos MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)". Si algún diputado le pregunta este martes, Ramos tendrá la oportunidad de aclarar por qué asoció la empresa de los padres de Ayuso con la Presidencia que entonces ejercía Esperanza Aguirre. Unos años antes, Ayuso había trabajado en el gabinete de la presidenta madrileña.

Ayuso y Ramos mantuvieron la comunicación al menos durante dos meses. En los correos que la política del PP le envía en septiembre –todos ellos desvelados por infoLibre–, la idea que transmite sobre los socios de su padre ya es muy diferente. Para entonces ya sabe que MC Infortécnica está en quiebra. La cordialidad eterna que Ayuso preveía en junio se había transformado en sospechas de traición en septiembre. En concreto, Ayuso creía que los tres socios de sus padres –José Luis Marcelino, José Manuel Pitarch y Juan Carlos Herrero– formaban parte de una trama para dejar morir al Grupo MC y montar otras empresas dedicadas a la misma actividad.

El 14 de septiembre, por ejemplo, Ayuso envía al menos cuatro correos a su contacto en Avalmadrid. "¿Podemos saber a quién facturan?", inquiere Ayuso a Ramos a las 18:34, solicitando datos estrictamente confidenciales de empresas de los socios de su familia. Doce minutos después, envía otro mensaje en la misma línea: "¿Podría saber actividad comercial, facturación y quiénes son sus clientes?", pregunta sobre las empresas que mencionó antes, insistiendo en obtener información tan sensible como los clientes de una compañía.

"Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra...", escribe Ayuso en un tercer mensaje aquel día, confesando por tanto por escrito su certeza de que MC Infortécnica está muerta y, por tanto, no podrá devolver el préstamo de los 400.000 euros. Y así fue, ya que no devolvió ni un euro a Avalmadrid.

Nueve días después de este mensaje, el 23 de septiembre de 2011, el Grupo MC despidió al 85% de su plantilla. El 7 de octubre, Ayuso aceptó que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid, en una operación sospechosa de un delito de alzamiento de bienes. El 16 de abril de 2012, a través de otra donación de su padre, ella y su hermano se convirtieron en dueños de un local de oficinas en Madrid. Los cinco años que fue de su propiedad no pagaron el IBI al Ayuntamiento.

La relación epistolar entre Ayuso y Ramos centrará sin duda este martes, en la Asamblea de Madrid, buena parte de las preguntas de los tres partidos de oposición, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. En la primera sesión de la comisión, en diciembre del año pasado, también se mostró bastante incisivo el portavoz de Vox.

Eva Piera: una persona clave en el equipo económico de aguirre

Eva Piera desempeñó durante algunos años un papel muy relevante en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Además de ser viceconsejera de Economía entre 2008 y 2012, estuvo en el centro de una serie de entidades controladas por el PP y que servían para avalar o financiar a empresas. Además de presidenta y consejera de Avalmadrid, también estuvo al frente de Capital Riesgo Madrid (CRM) y fue responsable del comité de supervisión del fondo Inicap. Aunque todas estas entidades se han visto envueltas en diversas irregularidades, Piera no ha sido nunca imputada. Al menos de momento, ya que el PSOE ha pedido recientemente que declare como investigada en el caso Púnica, precisamente por el desvío de fondos millonarios a través de sociedades de capital riesgo. El juez aún no se ha pronunciado sobre esa solicitud. Tras su salida del Gobierno de Aguirre, aterrizó primero en el BBVA y luego en la aseguradora Mapfre, donde es directora general de Relaciones Institucionales.

Piera comparece ante la comisión de Avalmadrid por segunda vez. La primera fue el pasado 17 de diciembre, cuando ofreció su testimonio junto a otras tres personas, entre ellas Santos-Suárez. Tal y como demostró documentalmente infoLibre en una información del pasado mes de febrero, los dos expresidentes de Avalmadrid mintieron en varias de sus afirmaciones. Así que la comisión decidió volver a citar a ambos.

El Código Penal, en su artículo 502, castiga "con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses" a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, "faltare a la verdad en su testimonio".

En sus respuestas a los diputados, además de afirmar que no sabía nada del préstamo a MC Infortécnica y que ella se había limitado a poner en contacto a Ayuso con Ramos como había hecho con muchas otras personas, Eva Piera dijo hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de "operaciones concretas". "No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid", aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Eva Piera]

Los correos publicados por este periódico demuestran que la realidad era exactamente la contraria. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus tres principales ejecutivos en aquella época: Juan Manuel Santos-Suárez, Juan Luis Fernández-Rubíes y Carlos Ramos.

Todos los correos son del periodo que va septiembre de 2011 a febrero de 2012, es decir, justo en la época en que Avalmadrid avaló a MC Infortécnica SL (marzo de 2011), esta empresa no devolvió ni la primera cuota del préstamo (diciembre de 2011) y el Comité de Morosidad decidió actuar contra los bienes de los avalistas (abril de 2012), aunque esa decisión jamás se llevó a efecto. En esos correos, Piera se interesa por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada.

Piera, en uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, llega a mostrar cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: "En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...", escribe el 26 de octubre de 2011. El consejero delegado le contesta en la misma línea: "En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés 'infumables' son una constante". Hay pocas dudas sobre lo que son los "pedidos de interés infumables", en su propia terminología, puesto que en los textos donde figuran esas frases se habla de tres operaciones concretas de Avalmadrid.

Más allá de su minucioso interés por decenas de operaciones concretas, la respuesta que Piera dio a los diputados cuando le preguntaron por su papel como intermediaria que puso en contacto a Ayuso con Ramos tampoco casa con la realidad. Su versión es que actuó como con cualquier otra persona "interesada en informarse de cualquier programa de ayudas, de cualquier programa de subvenciones de apoyo financiero que teníamos a disposición en la Comunidad de Madrid. Lo que hice, por tanto, con la señora Díaz Ayuso fue atender esa petición de con quién podía hablar en Avalmadrid al objeto de obtener información y asesoramiento". Las fechas desmienten este relato. ¿Qué asesoramiento iba a necesitar Ayuso el 13 de julio sobre un aval que había sido aprobado en febrero y escriturado el 15 de marzo anterior? Avalmadrid había entregado los 400.000 euros a MC Infortécnica cuatro meses antes de que Ayuso le pidiera a Piera el contacto en Avalmadrid. El apoyo financiero ya había sido otorgado. La novedad en julio es que la empresa de los padres de Ayuso estaba en quiebra y no iba a devolver, por tanto, el dinero avalado por sus padres.

Este martes, Eva Piera tendrá una segunda oportunidad para contar a los diputados la verdad de lo que ocurrió en Avalmadrid. A la vista de su nueva declaración, la comisión tendrá que decidir si envía o no su primer testimonio a la Fiscalía, en caso de que entendiese que incumplió el artículo 502 del Código Penal.

Juan Luis Fernández-Rubíes: el primer ejecutivo en la época más turbia

La comparecencia de Juan Luis Fernández-Rubíes, primer ejecutivo de Avalmadrid durante los años en que se produjeron la mayor parte de las operaciones sospechosas, ya era interesante simplemente por el cargo desempeñado. Pero lo es aún más después de que Santos-Suárez intentase descargar sobre él cualquier responsabilidad de posibles actuaciones irregulares. El entonces presidente de Avalmadrid adujo que él no estaba en la operativa diaria, que ese era el trabajo del consejero delegado.

Fernández-Rubíes, que permaneció en Avalmadrid hasta marzo de 2016, jugó desde luego un papel destacado tanto en la concesión del préstamo a MC Infortécnica como en el consentimiento posterior a que los avalistas se fuesen desprendiendo de sus bienes para no devolver los 400.000 euros.

El 2 de marzo de 2011, dos semanas antes de que se escriturase el crédito, el coordinador del departamento de Riesgos de Avalmadrid advirtió por correo a sus superiores que en la tasación del único bien inmueble que hipotecaban los socios de MC Infortécnica, se indicaba expresamente lo siguiente: "Existe la posibilidad de que parte del inmueble sea derribado sin que el propietario pueda reclamar indemnización alguna", por incumplir la normativa urbanística. "En base a la advertencia se solicita autorización para seguir adelante", añadió. El consejero delegado de Avalmadrid, Juan Luis Fernández-Rubíes, respondió ese mismo día con dos palabras: "OK adelante".

MC Infortécnica tenía que empezar a devolver el préstamo de 400.000 euros en diciembre de 2011. Para entonces ya estaba sin trabajadores y en quiebra. Y en lo que se afanaron sus dueños fue en traspasar sus bienes para evitar así que se los embargase Avalmadrid. Seis de los ochos socios de la empresa MC Infortécnica SL, entre ellos los padres de Ayuso, realizaron operaciones típicas de un alzamiento de bienes para evitar que fuesen embargados tras dejar impagado el crédito. Los otros dos no pudieron deshacerse de sus inmuebles porque ya estaban hipotecados por entidades financieras. Y todo ello lo hicieron ante la pasividad de la cúpula de Avalmadrid, que no adoptó ninguna medida pese a que sabía que los morosos estaban traspasando su patrimonio.

Que los jefes de Avalmadrid lo sabían no es una suposición. El Comité de Morosidad de la entidad analizó en dos de sus reuniones del año 2012, celebradas el 2 de abril y el 16 de noviembre, el préstamo fallido de MC Infortécnica. En la documentación manejada en esas reuniones se aportó una relación de los bienes de los avalistas. Pues bien, resultaba evidente que los dos principales inmuebles de la familia Díaz Ayuso habían cambiado de titular, pero el Comité de Morosidad no hizo nada. Y el principal ejecutivo era Fernández-Rubíes.

En una auditoría interna encargada el verano de 2019 por la entonces presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, después de que infoLibre hubiese publicado ya varias informaciones sobre el escándalo, se admite esta circunstancia sin demasiados rodeos: "En la propuesta del Comité de Morosidad del 2 de abril de 2012 únicamente se refleja el usufructo de los avalistas, sin hacer referencia a que la nuda propiedad pertenece a su hija [Isabel Díaz Ayuso]. Tampoco se indica de forma expresa que la situación de titularidad del inmueble es distinta a la de la fecha en que se concedió la operación".

"Por lo que se refiere a los inmuebles de los avalistas no se ha efectuado un análisis profundo de su situación hasta junio de 2019. Algunos de los bienes tomados en consideración para la concesión de la operación a favor de MC Infortécnica SL ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas", se explicaba en la auditoría de Avalmadrid, en lo que supone una descripción bastante clara de la actuación negligente por parte de la entidad. Sin embargo, el informe peca de optimismo cuando señala que "algunos de los bienes" ya no están en el patrimonio de los morosos. En realidad, no queda ningún bien.

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El descontrol en la época de Fernández-Rubíes no se limitó, ni mucho menos, al caso MC Infortécnica. Una inspección del Banco de España, abierta en 2016, desveló un sinfín de irregularidades: la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid, los informes de seguimiento era "deficientes para explicar la situación y la evolución del negocio avalado", dichos informes tampoco aportaban apenas "información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías, existían operaciones en las que la clasificación crediticia se hizo "con mucho retraso"... Todo un manual de cómo no debe funcionar una sociedad de garantías.

Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encontraban los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández. Ambos financiaron generosamente al PP de Aguirre a través de Fundescam.

El dinero de todos los avales fallidos salió, en una parte muy importante, de las arcas de la Comunidad de Madrid. Primero, porque como primer accionista inyectó decenas de millones de euros en Avalmadrid. Y, segundo, porque el Gobierno de Aguirre firmó un contrato por el que decidió reavalar operaciones de Avalmadrid del año 2011. De acuerdo con la información oficial facilitada por la Comunidad el año pasado, había tenido que desembolsar 2,46 millones para cubrir un total de 51 fallidos. El préstamo a MC Infortécnica era el cuarto que más dinero le había costado a los contribuyentes madrileños: 102.030 euros, el 25% –más los intereses–del aval de 400.000 euros concedido a la empresa.