La desinformación vuelve a atropellarnos en unas elecciones sin haber hecho los deberes

Ni la Junta Electoral Central (JEC) ni los tribunales competentes en el ámbito electoral tienen capacidad de respuesta ante la desinformación ni recursos suficientes para hacerle frente. Ni siquiera se les han atribuido funciones claras para adoptar “decisiones eficaces y ágiles”. Tampoco se ha afrontado el problema de la publicidad electoral a través de plataformas digitales, que este sábado —jornada de reflexión— e incluso el domingo —día de votación— seguirá con casi total seguridad apareciendo en los contenidos de los usuarios de servicios como Facebook. Una práctica de la que son responsables los partidos, que siguen pagando anuncios, y las plataformas, que continúan sin implementar mecanismos eficaces de control.

Son solo dos ejemplos de las muchas medidas incluidas en el documento Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional elaborado en 2022 a instancias del Gobierno que siguen sin ponerse en marcha y que, elección tras elección, vuelven a exponer a los ciudadanos españoles a la toxicidad de engaños concienzudamente fabricados para influir en nuestras decisiones a la hora de votar.

Las empresas que se dedican a la verificación de datos, como Maldita.es o Newtral, pelean a diario para tratar de mantener a raya bulos que navegan por las redes sociales, las abiertas y las cerradas, tratando de sembrar desinformación. Pero nada pueden hacer cuando las mentiras condicionan la totalidad del debate público, como sucede en España desde que PP, Vox y una gran parte de la derecha mediática, con la ayuda de algunos jueces y de organizaciones de ultraderecha, decidieron dar cobertura a hechos alternativos como la culpabilidad de la esposa del presidente del Gobierno o la existencia de una trama de corrupción a gran escala que alcanzaría a varios ministerios y que ni siquiera existe en términos judiciales.

Nadie se atreve a predecir qué efecto tendrán los bulos, los que se multiplican a través de WhatsApp y de Facebook y los que anidan en las portadas de algunos medios. Nadie ha encontrado la forma de detener a estos últimos, pero hace mucho tiempo que los gobiernos, los medios y diferentes organizaciones han diseñado estrategias para tratar de contrarrestar a los primeros.

“Estamos mejor preparados que en 2019 pero todavía estamos en pañales en 2024, comparado con lo que deberíamos estar haciendo en la lucha contra la desinformación”, asegura la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés.

Aun así, en un evento celebrado hace pocos días en el Laboratorio de Periodismo Larra de Madrid, Andrés destacaba los avances logrados en la última legislatura europea. Entre los que se cuentan las nuevas leyes que obligan a las plataformas a moderar y retirar contenido falso o la ley de transparencia de publicidad online. “Hemos reaccionado, hemos entendido que el problema estaba ahí”, se felicitó. “Lo que hemos hecho ha sido una lluvia fina, colaborar con fact-checkers, con medios, organizar formaciones, legislar… la conclusión es que hay que luchar en muchos frentes, de manera muy coordinada”.

Lo que no sabemos

Raúl Magallón, profesor de Comunicación de la Universidad Carlos III y reconocido investigador en la materia, asegura que lo primero que hay que reconocer es que ni siquiera sabemos medir con exactitud cuánto afecta la desinformación al porcentaje de voto. “Lo primero que tenemos que saber son los resultados del domingo en cuanto al nivel de participación, porque son unas elecciones donde la participación normalmente es muy baja. Si fuera alta, más alta que en otras elecciones que no hayan coincidido con las municipales como en 2019, eso sería una buena noticia”.

Magallón, uno de los expertos que colaboraron con el Departamento de Seguridad Nacional para redactar, en el año 2022, el documento Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional, echa en falta que no se hayan hecho realidad muchas de las propuestas incluidas en él.

Entre ellas están la creación de un grupo de trabajo que incluya a la sociedad civil, periodistas, verificadores, plataformas digitales, partidos políticos, la Administración y la Junta Electoral Central (JEC) para asesorar y seguir la lucha contra la desinformación electoral en elecciones nacionales, europeas, autonómicas o locales; la reforma de la Ley Electoral para, entre otras cosas, introducir herramientas de alfabetización mediática y digital y la eliminación de la prohibición de publicar encuestas electorales en los cinco días previos a la votación.

Aquel documento también proponía proteger los procesos electorales a través de normas claras y procedimientos ágiles, así como políticas de plataformas digitales para prevenir operaciones de influencia y apoyar “un periodismo de calidad, riguroso y honesto”, así como poner en marcha campañas de alfabetización mediática para mejorar las competencias de los ciudadanos en el uso de la información durante los procesos electorales.

Precisamente estos días ha trascendido que el Gobierno está preparando un Plan de Alfabetización Mediática para que todos los alumnos, desde Primaria (de seis a doce años) hasta la educación superior (FP y Universidad), reciban una formación que les ayude a reconocer los bulos. Una estrategia a la que, según Magallón, “llegamos muy tarde. Los países nórdicos empezaron a implementarlo en los años 60”, recuerda.

Un asignatura

“Está muy bien establecer políticas a medio y largo plazo, son fundamentales, pero también debemos pensar en implementar alguna asignatura de formación sobre verificación y lucha contra la desinformación en las propias universidades”. En su opinión, “es evidente que ha habido una toma de conciencia de los representantes políticos. Ahora ya sí que empezamos a ver movimiento”.

Marc Amorós, periodista especializado en la desinformación y autor de varios libros sobre la materia, está de acuerdo en que “el primer paso es entender que el fenómeno existe y tiene una razón de ser. Que no es una cosa gratuita ni es una cosa, digamos, graciosa”.

A partir de ahí, “educarnos y tener alfabetización mediática” significa ir en la buena dirección, “porque al final la desinformación vive gracias a que nosotros como usuarios le damos pábulo y la compartimos. Si nosotros no la compartiéramos, no tendría tanta viralización”.

Pero para entender esto, subraya, primero hay que comprender que la desinformación “nos afecta y tiene consecuencias reales”. Y, a partir de ahí, “tener la capacidad individual de no cacarear o compartir toda esa información falsa”.

La directora de la Federación Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas en inglés), Renate Schroeder, señala otro problema que a menudo pasa desapercibido: cómo llegar a los ciudadanos “inalcanzables”, los que viven ajenos a los medios de comunicación y desconectados de las instituciones europeas.

Bulos recurrentes

En los últimos días, verificadores como Maldita.es o Newtral han combatido bulos de toda clase. Algunos plantean teorías de la conspiración a partir de la circunstancia excepcional de que los resultados del recuento en España no se conocerán hasta las 23 horas, una exigencia de la Unión Europea (en Italia se podrá votar hasta esa hora) que los promotores de desinformación están difundiendo como la prueba definitiva de que el Gobierno de Pedro Sánchez prepara un pucherazo. O que, como ocurre cada vez que hay elecciones, ponen en duda el recuento oficial, público y transparente, difundiendo el bulo recurrente de que Indra, la empresa que se encarga del recuento provisional, manipula los resultados.

Estos días han circulado mensajes tratando de hacer creer que se puede votar a la vez a dos partidos —el voto sería nulo— o que 16 países europeos se han pronunciado contra la ley de amnistía y reclaman cortar el envío de fondos europeos a España.

Del mismo modo, han recuperado protagonismo la desinformación contra los migrantes, a los que se acusa falsamente de haber incendiado una iglesia en Cuenca o de haber asesinado a un joven en Getxo (Vizcaya).

En última instancia, el objetivo de la desinformación es hacer que el público dude de todos los contenidos y no pueda distinguir los falsos de los reales. Y en ese objetivo, dar permiso a la gente para negar la realidad, lo que los norteamericanos Bobby Chesney y Danielle Citron bautizaron hace ya seis años como “el dividendo del mentiroso”, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta devastadora.

Solo dos ejemplos. El primero es un vídeo fabricado que, a pesar de su tono jocoso, demuestra el potencial de la manipulación:

El segundo es una imagen real, difundida por la agencia AFP, que muchos en redes han tratado de desacreditar afirmando que había sido realizada con inteligencia artificial:

El problema no se detiene ahí. El Instituto Reuters acaba de hacer un experimento —a una escala que no permite extraer conclusiones académicas, pero sí indicativas— preguntando por las elecciones europeas a varios chatbots de inteligencia artificial, entre ellos el popular ChatGPT. 

Obtuvieron varias respuestas correctas, a veces incluso con referencias a fuentes. Pero también respuestas que solo eran parcialmente correctas y otras que eran completamente falsas. A veces, el mismo chatbot les proporcionó una respuesta correcta en un idioma, pero parcialmente correcta o falsa en otros. En otros casos llegó a sugerir como válido hacer anotaciones en las papeletas que de acuerdo con la legislación implicarían su anulación.

Amorós cree que contener este fenómeno es muy difícil. A pesar de la legislación, “las redes sociales no pueden ni quieren controlar todos los mensajes que se difunden a través de ellas”. Y tampoco se puede “prohibir su difusión. Es complicadísimo. Las noticias falsas van un paso por delante de nosotros y encuentran caminos por mucho que queramos intentar atajarlos o controlarlos”.

“Hay que entender”, añade, “que la información falsa activa pensamientos y prejuicios que uno ya tiene” y a eso recurren los partidos que defienden una u otra postura sobre temas como la inmigración, el cambio climático o el papel de la mujer en la sociedad. “La desinformación activa los mensajes que a ellos les interesan y usan esa desinformación para alcanzar a mucha más gente de la que llegarían a través de mítines”.

La mentira política

Un estudio reciente, explica, ha mostrado cómo en Estados Unidos hay “grandes superdifusores de desinformación en Twitter que mayoritariamente son mujeres de mediana edad conservadoras“. Ellas difunden el 80% de la desinformación que circula en esa red social, el equivalente a 20 millones de inversión en publicidad. Con la ventaja de que son mecanismos mucho más rápidos, eficaces y baratos para influir en el pensamiento y en el comportamiento electoral de la sociedad”.

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¿Y qué pasa cuando el problema escala y ya no se trata solo de mensajes falsos circulando por redes sociales sino que los bulos se han apoderado del debate político y se difunden a través de los titulares de medios considerados serios?

“El uso de la mentira política ha sido habitual siempre”, recuerda Amorós, incluido “el ataque preventivo para tapar una miseria propia. Con lo cual queda como más diluido”. La desinformación, sobre todo en la arena política, “funciona y la utilizan prácticamente todos los partidos políticos”, asegura. “Unos de una forma más torticera o más evidente y otros de una forma más sibilina”.

En la campaña que acaba de terminar, recuerda, hemos visto estudios que nos enseñan cómo los “titulares escritos para inducir a engaño” publicados por “medios tradicionales” acaban “siendo mucho más perniciosos y mucho más dañinos” que la información falsa de las redes, mucho más fácil de reconocer.