Cuando las empresas 'sostienen' las Presidencias del Consejo de la UE

Croacia, el país más joven del bloque, asumió con la entrada del nuevo año la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Y lo hizo con un programa para liderar la agenda comunitaria en los próximos seis meses –hasta el próximo 30 de junio– en el que la lucha contra el cambio climático ocupa un papel fundamental. Entre las prioridades en esta materia, Zagreb destaca “la implementación eficiente y ambiciosa” del Acuerdo de París, la “conservación de la biodiversidad” o la promoción de “formas sostenibles de turismo”. Una agenda verde que, sin embargo, contrasta con la elección de la petrolera nacional INA como uno de sus patrocinadores. Por supuesto, no es la única. También han decidido arrimar el hombro otras firmas como la eléctrica HEP, el banco HPB o la empresa de zumos Juicy. Una práctica que los colectivos a favor de la transparencia consideran “increíblemente turbia” y sobre la que se ha tenido que pronunciar recientemente el Defensor del Pueblo Europeo, que ha alertado de los posibles “riesgos reputacionales” que pueden llevar aparejados los acuerdos de este tipo.

El uso de patrocinadores por parte de los Estados miembro a la hora de asumir la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea es algo habitual. Finlandia, a la que Croacia relevó, contó con el respaldo de BMW durante los seis meses que duró su mandato. La firma automovilística fue la única con la que se llegó a un acuerdo. Helsinki había calculado unos gastos derivados de su estancia al frente de la institución de unos 70 millones de euros, “incluyendo personal adicional y arreglos para las reuniones”. Y el transporte, reconocían en la página web oficial, representaba “una parte importante de los costes”. “Por lo general, los Estados miembro no tienen suficientes vehículos disponibles, razón por la cual todas las Presidencias en los últimos años han llegado a un acuerdo sobre equipamiento de transporte”, añadía Finlandia, asegurando que el contrato alcanzado con la compañía se había celebrado de conformidad con la ley finlandesa y atendiendo a varias condiciones, como el máximo de edad de los vehículos y los límites establecidos sobre emisiones.

La mayoría de las últimas Presidencias rotatorias se han sostenido sobre este tipo de acuerdos. La rumana, que se prolongó durante la primera mitad de 2019, contaba entre sus patrocinadores con marcas como Mercedes, Coca-Cola, Renault o la energética Enel. La austriaca con Porsche –proporcionaba vehículos para el transporte de delegados–, la firma de paquetería DHL para las entregas de mensajería diplomática o la tecnológica Microsoft, encargada de proporcionar una infraestructura segura en la nube. Más de medio centenar de acuerdos con empresas alcanzó Bulgaria, que ejerció el cargo durante la primera mitad de 2018. Entre los patrocinadores de esta última, además de los clásicos del sector de la automoción, destacaba la financiera de origen francés Société Genéralé. Por supuesto, no ha sido el único banco. En la maltesa, que se alargó durante el primer semestre 2017, figuraba la filial en el país del HSBC, una firma que sólo un año antes había estado en el ojo del huracán en relación con los papeles de Panamá.

Cubrir gastos y promover productos nacionales

La férrea opacidad es una de las principales preocupaciones alrededor de esta práctica. Es cierto que algunos países como Austria no han tenido reparos en revelar el papel que, como patrocinadores, jugaban estas empresas. Sin embargo, muchos otros, como Bulgaria, se limitan a aportar los nombres pero sin entrar en detalles. Ni siquiera cuando organizaciones a favor de la transparencia intentan indagar sobre ello a través de las peticiones de acceso a la información. Es el caso de Rumanía, cuya Representación Permanente ante la Unión Europea rechazó aclarar a preguntas del Corporate Europe Observatory (CEO) qué diferencias había entre los sponsors calificados como “Platino” y “Oro” y en base a qué se les incluía en uno u otro grupo. Tampoco quiso explicar en qué se concretaban las relaciones con estas firmas. “Hasta que los Estados miembro no publiquen los contratos firmados, no está claro qué es lo que ofrecen estas empresas y qué reciben a cambio”, lamenta en conversación con infoLibre Vicky Cann, investigadora del CEO y autora de las preguntas.

Algunas de las últimas presidencias rotatorias del Consejo de la Unión Europea, recuerda Cann, han justificado estos patrocinios señalando que ayudan a “cubrir los gastos” y permiten “promover los productos nacionales a un público más amplio”. Por eso es bastante habitual encontrarse, además de marcas potentes a nivel global, otras mucho menos conocidas fuera de las fronteras de cada país: la maltesa de refrescos Kinnie, la austriaca de agua mineral Vöslauer, la búlgara de ropa Kris Fashion… Estos acuerdos son, por tanto, un escaparate perfecto para poder potenciar las marcas. Así lo reconocía, de hecho, Malta en su página web oficial cuando le tocó ponerse al frente del Consejo de la Unión Europea: “Los socios se beneficiarán enormemente de estar asociados con los numerosos eventos de alto perfil, obteniendo así una exposición invaluable, prestigio y un reconocimiento de marca mejorado para sus servicios y productos. Se organizarán más de 200 reuniones en Malta durante la Presidencia (…) y se espera que asistan alrededor de 20.000 funcionarios”.

El Corporate Europe Observatory lleva tiempo alertando de los peligros de estas relaciones. “El Consejo es una de las instituciones más importantes de la Unión Europea, por lo que cuando las Presidencias de los Estados miembro lo utilizan para promover productos y servicios surgen dudas sobre el acceso privilegiado y la influencia de estas empresas”, apunta Cann. Comparten la misma visión desde Foodwatch, organización alemana centrada en la protección de los consumidores. Andreas Winkler, portavoz del colectivo, asegura en conversación con este diario que este “patrocinio corporativo” socava “la confianza pública” en las políticas europeas y en los responsables políticos en una época en la que es necesario reforzar “la transparencia y la democracia” en el Viejo Continente. “Incluso la apariencia de conflictos de intereses debe ser evitada puesto que daña la reputación y la credibilidad de la Unión Europea”, completa Winkler, quien insiste en que todos estos acuerdos llevan a los ciudadanos a poner en cuestión la supuesta imparcialidad de sus instituciones.

Presión desde la Eurocámara

A los dos colectivos también les preocupa la influencia que todas estas firmas puedan tener en “la agenda política”. “Es evidente que muchos de los patrocinadores (…) tienen interés en la toma de decisiones de la Unión Europea; algunos están entre los mayores grupos de presión de Bruselas. Impulsar un perfil corporativo entre los funcionarios y ministros a través del patrocinio (…) puede ser visto como una herramienta más entre las que utilizan los lobbies”, señala la investigadora del CEO. El Grupo BMW, que se reunió el año pasado en tres ocasiones con miembros de los gabinetes de los comisarios, invierte en actividades de presión entre 1,25 y 1,49 millones de euros. La misma cifra destina la firma financiera HSBC, que durante 2019 mantuvo tres reuniones con dos miembros de gabinetes de comisarios y un director general para abordar asuntos como la Unión Bancaria o el “papel internacional del euro”, según se recoge en el Registro de Transparencia. Sin embargo, ninguna de estas dos compañías se sitúa al nivel de Microsoft: entre 5 y 5,2 millones de euros dedicados a lobbylobby entre julio de 2018 y junio de 2019.

Este debate también ha estado muy presente en alguna de las instituciones comunitarias. El pasado mes de octubre, la Eurocámara emitió una resolución con observaciones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, en concreto la sección relativa al Consejo de la UE. En dicho escrito, el Parlamento lamentaba “que el recurso al patrocinio empresarial para cubrir parte de los gastos” de la Presidencia rotatoria “se haya convertido en una práctica corriente en los últimos años” y señalaba su “honda preocupación” ante los “posibles daños para la reputación” derivados de tales prácticas, entre los que destacaba la pérdida de confianza de los ciudadanos tanto en el proyecto comunitario como en sus instituciones. Además, proponía que el Consejo adoptase “unas directrices destinadas a promover la transparencia financiera y la independencia de las Presidencias” y estudiase “la posibilidad de incluir las Presidencias en el presupuesto”.

También algunos eurodiputados se han movilizado en este sentido. En abril del año pasado, cuando quedaban tres meses para que Helsinki tomara el relevo a Bucarest, 97 parlamentarios enviaron una carta al entonces primer ministro finlandés, Juha Sipilä, en la que pedían que rechazara “todo patrocinio corporativo”, una práctica que tildaron de “políticamente dañina”, e hiciera una propuesta al resto de Estados miembro para que las futuras Presidencias siguieran respetando dicha regla. Por supuesto, Finlandia no cumplió con esta exigencia. Tampoco lo hizo Croacia, cuyo primer ministro también recibió una misiva firmada por más de una treintena de organizaciones solicitando lo mismo. Ahora, todas las miradas se sitúan sobre Alemania, que cogerá las riendas del Consejo de la UE el próximo mes de julio. A comienzos de enero, el Ejecutivo germano fue preguntado por sus planes en este sentido por el diputado de Die Linke Jan Korte. “El Gobierno federal ha renunciado a aceptar patrocinios en la Presidencia. Las únicas excepciones pueden ser en productos regionales o servicios regionales”, fue la respuesta que dio.

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“Emitir orientaciones” para “mitigar los riesgos”

Cuatro días después de la contestación, el Defensor del Pueblo Europeo se pronunció sobre este tema a raíz de una reclamación de la organización en defensa de los consumidores Foodwatch. En su recomendación, el organismo comunitario considera que el Consejo de la Unión Europea debería “emitir orientaciones” a los Estados miembro sobre estas prácticas a fin de “mitigar los riesgos de reputación para la UE”. El escrito recuerda el “papel importante e influyente” de la Presidencia “en el proceso de elaboración de políticas y leyes”, por lo que existe el peligro de que los ciudadanos vean en estos acuerdos una vía para influir en la toma de decisiones. “El Consejo ya proporciona a los Estados miembro asesoramiento práctico, de procedimiento y estratégico sobre la Presidencia. Podría extender este consejo para incluir orientaciones sobre el tema del patrocinio comercial”, aseveró el organismo presidido por Emily O’Reily. Hasta la fecha, el Manual de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea no dedica una sola de sus páginas a regular esta práctica tan habitual.

Tanto Foodwatch como el Corporate Europe Observatory celebran el pronunciamiento del Defensor del Pueblo Europeo. “Fue positivo ver cómo reflexionó sobre el ‘riesgo para la reputación de la UE’ que presentan esos acuerdos. Su recomendación es ahora urgente”, asevera Cann, que apuesta por prohibir directamente este tipo de patrocinios y califica de “escandaloso” que se haya mantenido esta práctica “tanto tiempo” mientras los países ignoraban “las demandas de la sociedad civil”. “Ahora es el momento de asumir la responsabilidad y adoptar reglas claras sobre transparencia financiera e independencia de las Presidencias”, sentencia Winkler.