La Eurocámara maniobra para evitar un rescate público de 86 millones de su fondo de Luxemburgo

La Eurocámara maniobra para reducir al mínimo posible el coste para su propio presupuesto –es decir, para los contribuyentes europeos– del rescate público de su polémico fondo voluntario de pensiones para diputados, gestionado desde Luxemburgo y con más de 300 millones de déficit. El objetivo de sus últimas medidas, aprobadas la semana pasada, es que la cantidad del rescate sea inferior a 86 millones de euros, que es el techo que en ningún caso se prevé romper.

¿Por qué 86? Esa es la cantidad a la que, según una fuente del Parlamento europeo conocedora del proceso de búsqueda de la solución para el fondo, se reducirá el agujero con las tres medidas acordadas en mayo: reducir las pensiones a la mitad, congelar los aumentos vinculados a la inflación y aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Pero la Mesa, además, ha aprobado otras medidas que podrían bajar esa cifra, que los críticos con el acuerdo siguen considerando excesiva. La fundamental es el ofrecimiento a todos los beneficiarios del fondo, más de 900, de su abandono del mismo a cambio de una compensación.

Un fondo abocado a la quiebra

Se trata de un fondo voluntario creado en 1991 como una sociedad privada de derecho luxemburgués. Su propósito era nivelar las pensiones de todos los diputados, algunos de los cuales –los de los países más pobres– tenían escasos derechos de pensión por las normativas nacionales. Había desigualdades entre los electos de distintos países que realizaban el mismo trabajo. Cuando en 2009 se estableció una pensión común, el fondo voluntario creado en 1991 se cerró a nuevos miembros, lo cual lo condenó al déficit y, en última instancia, a la quiebra, coinciden los conocedores de su funcionamiento.

Actualmente quedan más de 900 beneficiarios de aquel fondo, que adquirieron sus derechos antes del cierre. De ellos, 660 han sido identificados [ver aquí el listado en el documento del Registro de Luxemburgo y aquí una información en detalle de Investigate Europe, consorcio al que pertenece este periódico]. España es el segundo país con más beneficiarios, con un total de 98. Entre estos figuran un miembro de la Comisión Europea (Josep Borrell, del PSOE), un ministro del Gobierno (Luis Planas, del PSOE) y tres eurodiputados en ejercicio, Pilar del Castillo, Francisco Millán y José Manuel García-Margallo, los tres del PP.

El fondo es objeto de polémica desde que en 2014 este periódico desveló que parlamentarios españoles participaban en dicho plan, gestionado por una sociedad de inversión de capital variable (sicav), instrumento que en Luxemburgo está casi exento de tributación. La información precipitó la dimisión de Willy Meyer, eurodiputado de IU. Cerca de diez años después de aquella noticia, el fondo acumula un déficit más de 300 millones de euros y está abocado a la quiebra como muy tarde en 2025, según recoge un informe oficial.

El punto más controvertido de dicho informe, el que reclamaba a la Mesa del Europarlamento que dicho fondo no sea rescatado con dinero público, fue aprobado en mayo por el pleno con 438 votos a favor, 175 en contra y 16 abstenciones. Los eurodiputados del PP, incluidos Del Castillo, Millán y Margallo, votaron en contra. Es decir, votaron a favor del posible rescate público de su propio fondo de pensiones.

Medidas pendientes de evaluación

Tras la votación, la decisión final sobre qué hacer con el fondo correspondía a la Mesa del Parlamento, la competente para tomar medidas para garantizar su viabilidad. Se trata de un órgano interno de toma de decisiones formado por veinte eurodiputados. Tres miembros de la Mesa siguen siendo beneficiarios del fondo: el conservador austriaco Othmar Karas, el nacional-conservador letón Roberts Zīle y el político griego de izquierdas Dimitrios Papadimoulis. Los tres se retiraron del proceso de decisión, adoptada en mayo.

¿Qué decisión? Recortar las pensiones, pero con una fórmula que obliga a usar dinero público. El acuerdo de la Mesa reduce las pensiones a la mitad, congela los aumentos vinculados a la inflación y aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Según el Parlamento Europeo, estas medidas podrían recortar el déficit y "situar el régimen de pensiones heredado en una senda más sostenible". Eso sí, 86 millones tendrían que cubrirse con dinero de los contribuyentes procedente del presupuesto público. "El fondo quebrará de todos modos, aunque la quiebra sea menor de lo esperado. Acabará siendo rescatado con dinero de los contribuyentes y estamos hablando de mucho dinero", ha dicho Daniel Freund, eurodiputado alemán de Los Verdes en la comisión de Control Presupuestario, poniendo voz a los críticos con el primer paquete de medidas.

Una fuente del Parlamento señala que el acuerdo de la Mesa, formalizado la semana pasada, contiene medidas que pueden rebajar aún más esa cifra. ¿Hasta cuánto? No hay estimación oficial. Dependerá del número de beneficiarios acogidos a la oferta de baja.

Lo que hace la Mesa es introducir la posibilidad de solicitar "la retirada voluntaria y definitiva" del fondo entre el 1 de julio y final de año, es decir, en un plazo de seis meses. Los interesados podrán reclamar la devolución de las cotizaciones realizadas personalmente, con un incentivo adicional de hasta el 20% de esa cantidad.

El plan de la Mesa es evaluar el resultado de las medidas en 2024, en la segunda mitad del año, una vez pasadas las elecciones europeas, y adoptar en caso de que sea necesario medidas adicionales.

La "cláusula sobre dificultades excepcionales"

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El acuerdo adoptado por la Mesa incluye además una "cláusula sobre dificultades excepcionales" que garantiza que la reducción del 50% del fondo no deje a ningún beneficiario "por debajo del umbral de riesgo de pobreza", medido por Eurostat.

Se trata, según una fuente del Parlamento europeo conocedora de la medida, de evitar que viudas y huérfanos beneficiarios de la pensión –una vez fallecidos sus titulares originales– y que la tengan como único ingreso puedan verse en situaciones problemáticas. El objetivo es que las medidas no acaben creado "un problema mayor" en ningún caso, añade esta fuente.

Otra fuente parlamentaria señala: "Al hilo de todo este debate, en la Mesa han tenido conocimiento de casos muy delicados, que obligan a crear este mecanismo".