La evolución del 'caso Yak-42' impulsa a las víctimas del Alvia a pedir también una reunión con Rajoy

Los miembros de la Plataforma de Víctimas del accidente del Alvia 04155, que en julio de 2013 acabó con la vida de 81 personas, solicitarán este miércoles reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Así lo ha confirmado Jesús Domínguez, presidente de la asociación, en declaraciones a infoLibre. Lo hacen un día después de que las familias de víctimas del Yak-42 se hayan reunido con el jefe del Ejecutivo y con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en un encuentro que ha concluido con la promesa de una "satisfacción moral y jurídica para los familiares".

A lo largo de este miércoles, la plataforma remitirá al Gobierno una "carta abierta" [consultar el documento íntegro aquí] para solicitar la reunión con Mariano Rajoy. "Cada asunto tiene su momento, llevamos tres años y medio de lucha y esperamos no tener que esperar otros trece", señala Domínguez. El presidente de la asociación prevé, de esta forma, plantear la puesta en marcha de una comisión independiente y que el líder conservador anuncie cuándo la va a impulsar. Asimismo, recuerda que el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mantuvo una reunión a finales del diciembre pasado con las víctimas, pero rechazó sus peticiones. Ahora, con el dictamen favorable del Parlamento Europeo para abrir una nueva investigación, los afectados entienden que "es el momento para hacerlo y depurar responsabilidades".

Hace casi cuatro años, un total de 81 personas perdieron la vida y más de 140 resultaron heridas en el accidente del tren de alta velocidad Alvia 04155, siniestrado en la curva de Angrois, entre Ourense y Santiago de Compostela. Una primera investigación finalizó con la decisión del juez instructor y el fiscal de señalar al maquinista como único culpable, pero en mayo de 2016 la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó al juzgado continuar con el proceso, partiendo de la fase de diligencias previas. Obligaba, de este modo, a una "ratificación y aclaración" de dos informes periciales y de las pruebas necesarias para determinar si existió "evaluación integral" del peligro existente en el tramo perteneciente al barrio compostelano. Asimismo, pedía al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela que confirmara si "existía un consenso técnico entre los expertos sobre la necesidad de protección de las transiciones".

En julio de 2016, la Agencia Ferroviaria Europea sentenciaba que la investigación no había sido independiente y había pasado por alto aspectos fundamentales a la hora de esclarecer los hechos que provocaron la tragedia. En enero del 2017, y con el proceso judicial aún abierto, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara dio la razón a las víctimas tras exigir a la Comisión Europea una investigación verdaderamente independiente, con el objetivo de suplir las carencias demostradas por el Estado español.

La constancia de las víctimas

Con la mirada puesta en la evolución del caso Yak-42, las víctimas del Alvia reconocen tener una postura crítica respecto a las concesiones del Gobierno. "Lo único de lo que tomamos nota es de la constancia de las víctimas", señala Javier Municio, su portavoz, en conversación con este diario. Es la mayor lección que se llevan del recorrido efectuado por las familias de los militares fallecidos, que han pasado más de trece años en lucha constante. Aunque el portavoz de la plataforma celebra sus resultados, "y que puedan encontrar algo de alivio a su dolor", reclama que las víctimas dejen de ser "maltratadas y humilladas por esa actitud negligente y culpable" de los responsables.

Jesús Domínguez critica que los movimientos del Gobierno con más de una década de retraso lo sitúan en "una posición muy hipócrita". En este sentido, se cuestiona "dónde están esos responsables" pasados trece años, y dónde estarán los responsables del accidente ferroviario si tienen que pasar otros trece años de lucha. "Hacen a las víctimas luchar, investigar y agotar sus propios recursos", lamenta Domínguez.

El presidente de la organización enfatiza, además, en su voluntad por conseguir depurar responsabilidades: "Queremos una comisión técnica independiente y otra parlamentaria". Lo demás, añade, "son brindis al sol". Así lo defendió Domínguez el pasado 24 de enero en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cuando sentenció que las víctimas no querían caridad, sino acciones concretas.

Ausencia de voluntad política

La entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, se encuentra en la actualidad presidiendo el Congreso de los Diputados. El exministro de Fomento, que inauguró la línea de alta velocidad entre Santiago y Ourense donde se produjo el accidente, José Blanco, está ahora en el Parlamento Europeo. Rafael Catalá, que ocupaba en 2013 el cargo de Secretario de Estado de Infraestructuras es ahora el ministro de Justicia, y ha sido relevado en su antiguo puesto por el presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar. Todas aquellas personas que las víctimas consideran responsables políticos del accidente no sólo no han asumido las consecuencias que reclama el colectivo, sino que se encuentran ocupando cargos de responsabilidad a día de hoy.

"José Blanco y Ana Pastor podrían haber actuado muy bien y apostar por una investigación realmente independiente", señala Municio. Sin embargo, lamenta, "Pastor mintió, ella dijo que se estaba produciendo una investigación independiente", pero tal y como constató la Agencia Ferroviaria Europea, no fue así. El organismo europeo destacó en julio del pasado año la opacidad del informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que además pasó por alto elementos esenciales para arrojar luz a los acontecimientos.

Pastor "podía haberlo reconocido y haber pedido la dimisión de los responsables o haberlos cesado", pero en lugar de ello "dio credibilidad a los criterios de Renfe y Adif", señala Municio. Precisamente las dos empresas públicas son otro elemento clave en el caso Alvia. Miembros de Adif y Renfe se implicaron en las pesquisas de CIAF, incumpliendo de esta forma las normas europeas sobre independencia, algo que denunció la propia Agencia Ferroviaria. Para el Gobierno, resulta "una prioridad mantener impoluta la imagen" de los dos órganos, que se encuentran, a juicio del portavoz de las víctimas, "detrás del caso y son poderosísimos".

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El último paso en falso por parte del Ejecutivo sitúa en el punto de mira al actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Hace un mes los afectados pidieron a De la Serna la apertura de una comisión técnica y otra parlamentaria, algo que el mismo ministro había apoyado durante su mandato como alcalde de Santander. Su postura, no obstante, dio un giro de 180 grados desde el ministerio al rehusar las peticiones de las víctimas que previamente había respaldado.

El principal problema, consideran Domínguez y Municio, es que tanto el PSOE como el PP están en contra de la apertura de una investigación clara e independiente, rechazada hasta en cuatro ocasiones.

El testigo queda ahora en manos de Mariano Rajoy. Tras el dictamen claro del Parlamento Europeo y la voluntad de la Agencia Ferroviaria Europea por testificar en el juicio que permanece abierto, el presidente del Gobierno decidirá si recibir a las víctimas y caminar hacia el esclarecimiento de la tragedia que se llevó por delante la vida de 81 personas hace casi cuatro años.