El exdirector de la Agencia Informática sostiene ante el juez de 'Púnica' que su contrato con Indra por más de 200.000 euros fue legal

El exdirector la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid y presidente de las mesas de contratación de este organismo, Silvano Corujo, ha reconocido este miércoles ante el juez que investiga la trama Púnica que el organismo adjudicó a Indra un contrato por importe superior a 200.000 euros, pero que fue plenamente legal.

Silvano Corujo, que denunció ya en su día ante Fiscalía Anticorrupción irregularidades en las adjudicaciones, comparecía este miércoles como investigado en el marco de la tanda de declaraciones acordada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional para seguir avanzando en la causa.

Según informan fuentes jurídicas y recoge Europa Press, este ex alto cargo se ha desmarcado de aquella adjudicación a Indra en tanto que no pasó por la Mesa de Contratación y por tanto, no accedió al expediente ni tuvo conocimiento de la resolución hasta mucho después, iniciada la causa judicial por el caso Púnica.

Diversas informaciones aparecidas durante este miércoles aseguraban que Corujo había reconocido ante el juez que el contrato fue "a dedo" y fuera del procedimiento establecido. Un representante del exdirector de la agencia ha puntualizado a infoLibre que el procedimiento fue perfectamente ajustado a la ley, ya que se tramitó mediante el procedimiento simplificado. 

La tesis de la Fiscalía Anticorrupción es que siguendo "un plan preconcebido en el año 2011", el ICM licitó un contrato en beneficio de la Dirección General de Medios para "Normalización de la difusión en iniciativas Open Goberment en el marco de las redes sociales integradas en portales de Madrid.org 2011-2012" por importe de 202.844, 36 euros y adjudicado mediante contratación negociada a Indra.

A cambio, esta mercantil contrataría a su vez a la sociedad EICO suscribiendo un contrato simulado para una supuesta auditoría del trabajo adjudicado a Indra "y que consumaría el desvío de los fondos públicos" mediante la emisión de facturas por servicios inexistentes.

Sobre este asunto debía responder el responsable de procesos electorales en Indra, Vicente Gil Ortega, que estaba citado esta mañana y se ha acogido a su derecho a no declarar. Se le investiga por haber intervenido en la decisión de entregar dinero en efectivo a quien se les indicaba desde el PP madrileño, así como en la adjudicación de contratos de cobertura, o en el pago de facturas a las empresas del entramado de confianza del partido por trabajos que nunca se realizaron.

Un millón para el PPCM

Asimismo, Silvano Corujo se ha reafirmado en lo que ya declaró ante juez y fiscales en julio de 2018, que el ex consejero delegado de ICM José Martínez Nicolás, le hizo saber que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González le había solicitado colaborar para reunir un millón de euros a fin de sanear la caja b del partidocaja b, que estaba maltrecha tras la campaña electoral de 2011.

Conforme explica el auto de imputación, la cantidad solicitada por González debía detraerse del sobrecoste de alguno de los contratos licitados tanto por el propio ICM como por el Canal de Isabel II. "Los fondos de la entidad pública ICM han nutrido de forma ilícita, y alejada de los órganos de fiscalización de la Comunidad de Madrid, las arcas del PP de Madrid y enriquecido fraudulentamente a los gestores de los mismos y terceros intervinientes", decía el juez Manuel García Castellón.

Las decisiones de la AME, en presidencia

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Por otra parte, ha prestado declaración la ex directora de la Agencia Madrileña de la Emigración (AME), Victoria Cristóbal Araujo, cargo para el que fue designada por el propio Francisco Granados, según el auto de imputación. Sin embargo, en su declaración ha incidido en que dependía directamente de Presidencia de la Comunidad de Madrid y que fue nombrada por Esperanza Aguirre, perteneciendo a su gabinete.

De acuerdo a las fuentes consultadas, Cristóbal ha incidido en que todas las decisiones relacionadas con la AME se adoptaban en Presidencia, incluidas las relativas a la reforma de la Casa de Argentina de Madrid y a las tarjetas sanitarias para los emigrantes.

Según la tesis de los investigadores, la cantidad total detraída ilícitamente de los fondos Agencia Madrileña para la Emigración a través de la "facturación falaz" de las sociedades OVER, TRACI, ABANICO y LINK, del empresario Horacio Mercado, durante los años 2008 y 2009, ascendió a 124.219,86 euros.