El Feijóo que viene: las zonas oscuras de su mandato en Galicia

Alberto Núñez Feijóo inicia a la inversa el camino que recorrió Manuel Fraga cuando dejó la Presidencia del PP estatal para aspirar a la de la Xunta. Lo hará casi dos décadas y media después y tras derogar durante sus trece años de mandato buena parte de las leyes que había impulsado su antecesor. Un revisionismo —o “reformismo”, como lo califica el propio Feijóo— que supuso aplicar con éxito dispar una agenda liberal-conservadora presentada a veces como socialdemócrata. Estos son los 13 hitos que resumen las principales zonas oscuras de sus 13 años de gobierno en Galicia.

2009: El concurso eólico

Tras la dura campaña electoral de 2009 contra el gobierno de coalición PSdeG-BNG, una de las primeras políticas que revirtió Feijóo nada más llegar a la presidencia fue la que planificaba un sector eólico con participación pública y proyectos industriales ligados a los aerogeneradores. El nuevo gobierno del PP anuló a finales de 2009 el denominado concurso eólico que estaba en marcha y lo sustituyó por un nuevo proceso de reparto de parques. 

Años después el Tribunal Supremo condenó las ilegalidades cometidas tanto en la anulación del concurso previo —por el que aún se siguen pagando indemnizaciones— como en el nuevo proceso que se abrió a continuación. Más de una década después, la política eólica sigue siendo de las más polémicas que desarrolla la Xunta, con sucesivas sentencias que condenan su gestión.

2010: El gallego en la enseñanza

Uno de los pilares de la estrategia de oposición del PP de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno de coalición de PSdeG y BNG consistió en señalar una supuesta “imposición” del gallego en Galicia. Lo hizo especialmente desde que, en 2007, aquel Ejecutivo aprobó un decreto que fijaba un “mínimo” del 50% de las materias escolares en lengua gallega, norma que desarrollaba a su vez el Plan General de Normalización aprobado por unanimidad en tiempos de Fraga y que había sido inicialmente apoyada por los populares.

De la mano de grupos minoritarios que caricaturizaban Galicia como una especie de dictadura lingüística, Feijóo prometió derogar aquel decreto y, en el penúltimo día de 2009, presentó el texto llamado a sustituirlo, una nueva normativa para “pasar” del supuesto “monolingüismo” y la “imposición” en las aulas a la “normalidad”, la “cordialidad” y el “trilingüismo”. Aseguraba también el entonces nuevo presidente que su decreto gantatizaba que los padres iban “a decidir” sobre la presencia de castellano y gallego en la enseñanza, pretensión que después fue tumbada por la Justicia.

La famosa “casilla en el sobre de matrícula” prometida por Feijóo para que padres y madres condicionaran el idioma de la enseñanza no llegó nunca a entrar en vigor, pero sí el resto de la norma a partir del curso 2011-12. Culminaba así el primer retroceso en la protección legal de la lengua gallega en la historia de la autonomía, contradiciendo el espíritu de la Ley de Normalización Lingüística, que señala el carácter “progresivo” de la recuperación del uso del idioma. Desde entonces, la Xunta evita divulgar los resultados de sus evaluaciones sobre el resultado del decreto y, al mismo tiempo, Feijóo desdeña las consideraciones de entidades que, como el Consejo de Europa, reclaman la “inmediata” eliminación de las “limitaciones a la docencia en gallego”. “Allá los autores del informe”, aseguró al ser preguntado al respecto en 2019.

2011: El ‘caso Campeón’

En mayo de 2011 fueron detenidos el director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia, su subdirector de Información Especializada, Carlos Silva, y varios empresarios, entre ellos Jorge Dorribo, en el marco de una investigación por presunto fraude en subvenciones públicas. El Igape es una entidad que depende de la Xunta y que es clave en el reparto de ayudas públicas. Comenzaba el caso Campeón, que finalizaría en 2017 con la condena por corrupción de Varela de Limia, Silva y del diputado autonómico del PP Pablo Cobián.

Feijóo no sólo defendió que sus cargos públicos únicamente habían realizado una “mala gestión” pero no tenían responsabilidad penal, sino que avaló que la Xunta, que participó en el proceso judicial, no formulara acusaciones contra ninguno de ellos y se centrara exclusivamente en los empresarios implicados. Un año después de que la sentencia por corrupción fuese firme, el presidente gallego reconoció expresa y públicamente al exdirector del Igape condenado.

2012: La provincia de los Baltar

El Pleno de la Diputación de Ourense hizo efectivo el 26 de enero de 2012 el relevo de quien había sido su presidente desde 1987, José Luis Baltar, por su hijo Manuel. Tres años antes el padre ya había cedido a su vástago el mando del PP provincial en lo que supuso la primera gran derrota interna de Feijóo desde su llegada a la presidencia del partido y de la Xunta. Fue en un congreso en el que los Baltar vencieron al candidato de Feijóo, Juan Manuel Jiménez Morán, tras enchufar el padre ilegalmente en la Diputación a 104 personas próximas al partido.

Por aquellos hechos Baltar padre acabaría en 2014 condenado por prevaricación, pero Feijóo ya no volvió a dar la batalla por el control de una provincia que tanto le ha facilitado unos resultados electorales indispensables para sus sucesivas mayorías absolutas, pero que también se ha enfrentado a decisiones de la Xunta como la de intentar cerrar la sala de partos del hospital de Verín hace dos años. 

2013: La amistad con Dorado

El domingo 31 de marzo de 2013 el diario El País reveló la amistad que Feijóo mantuvo durante años, en la década de los noventa, con Marcial Dorado, entonces conocido contrabandista y posteriormente condenado por narcotráfico. El entorno del presidente intentó presentar aquello como unas fotos puntuales sacadas de contexto, aunque las imágenes probaban una amistad duradera entre el político popular y el contrabandista y revivieron toda una época de connivencia entre el PP y las actividades delictivas en la costa gallega.

A pesar de la polvareda que supuso aquella información, y de que quedaron cuestiones sin aclarar como los posibles contratos entre empresas de Dorado y el Servicio Galego de Saúde o qué delegado del Gobierno de España le alertó de la existencia de las fotos, los populares dieron por amortizada la polémica con la siguiente mayoría absoluta, en 2016. 

2014: El fin de las cajas

El mismo día en que Feijóo presentó el texto de su decreto “del plurilingüismo”, el 30 de diciembre de 2009, el Consello de la Xunta aprobaba sin hacerlo público destinar un millón de euros a un informe de la consultora KPMG sobre la fusión de Caixa Galicia con Caixanova, las dos principales entidades financieras de Galicia. Poco después y aunque no lo era, el Gobierno gallego presentó un resumen de los resultados de aquel trabajo como una “auditoría” que “avalaba” la fusión. En noviembre de 2010, el propio Consello tramitó un informe de apenas cinco páginas autorizando una operación que también tenía el visto bueno del Banco de España.

Nacía así Novacaixagalicia, una nueva caja de ahorros marcada por la “solvencia” y la “galleguidad”, había defendido la Xunta, pero que duró como tal apenas unos pocos meses. A mediados de 2011, las nuevas normas estatales forzaron su bancarización transfiriendo su negocio al nuevo Novagalicia Banco, que a su vez acabaría precisando de un rescate estatal del que el Banco de España da por perdidos unos 9.000 millones de euros. El Gobierno de España, entonces presidido por Mariano Rajoy, decidió vender la entidad por la vía rápida y así, a finales de 2013, se la adjudicaba al grupo venezolano Banesco por mil millones de euros.

De aquella compra salió la actual Abanca, que entró en beneficios poco después de comenzar a operar. Mientras, en el Parlamento, la comisión de investigación sobre la fracasada fusión de las cajas está a punto de cumplir ocho años, cinco de ellos completamente paralizada. En la actualidad el bloqueo continúa.

2015: El bluf de Pemex

A finales de agosto de 2015, el astillero Navantia llevaba a cabo en Ferrol la botadura de uno de los dos floteles (hoteles flotantes) que la petrolera mexicana Pemex encargó y construyó en las rías gallegas. El 9 de febrero del presente año, en una comparecencia pública, el presidente de México, Andrés López Obrador, señalaba que el “contubernio” de los negocios de la petrolera estatal azteca en Galicia apadrinados por la Xunta resultaron claves en su crisis con España.

Lo hacía casi una década después de aquel 24 de mayo de 2012 en el que el telediario de la TVG interrumpió su emisión para conectar en directo con la sede de la Xunta y retransmitir la firma del acuerdo con Pemex. Entonces se prometieron millares de empleos y la construcción en Galicia de tres buques tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, dos quimiqueros, varios remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca e incluso la instalación de una terminal de hidrocarburos en el Puerto Exterior de A Coruña. Pero todo quedó en una polémica adjudicación y construcción de dos floteles y en la adquisición de los astilleros de Barreras, que acabaron quebrando. De por medio, una estela de promesas incumplidas, investigaciones judiciales y del propio Gobierno mexicano, litigios, sospechas, sombras y muchas dudas aún por resolver. 

La extradición del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, detenido en España e impulsor, de la mano de la Xunta, de sus principales negocios en Galicia, y su colaboración con la Fiscalía mexicana estrechó aún más el cerco. El Ministerio Fiscal investiga si los negocios de la petrolera en Galicia debieron ser llevados a cabo o si hubo algún aspecto irregular en ellos, al igual que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), que llevan tiempo investigando la fracasada colaboración entre la Xunta y la empresa mexicana. 

2016: Infraestructuras vs movilidad

En marzo de 2016 el Tribunal Supremo tumbó la decisión que tomó la Xunta en 2009, poco después de la llegada de Feijóo a la presidencia, de retrasar la durante mucho tiempo postergada reforma del principal sistema de transporte público de Galicia: el autobús. Fue entonces cuando el Gobierno gallego inició un polémico proceso de reestructuración de líneas y servicios que aún ahora está llegando a su final y cuya valoración habrá que hacer dentro de unos años.

Mientras, como con gobiernos anteriores, la apuesta principal de los ejecutivos de Feijóo tanto a través de sus Presupuestos como en sus discursos públicos siguió siendo la construcción de infraestructuras, con todo tipo de promesas incumplidas y relegando a un segundo nivel el debate sobre los servicios y la movilidad que esas obras públicas podrían facilitar. Un foco en las inversiones por encima de la gestión de los servicios que tiene en la alta velocidad ferroviaria uno de los ejemplos más claros y recientes, con las principales obras —ahora sí— ya finalizadas pero con una similar indefinición a la de hace una década en relación con la configuración futura de la red gallega y de sus servicios sin que hasta ahora supusiera para el Gobierno gallego un motivo de especial preocupación.

2017: Arde Galicia

El domingo 15 de octubre de 2017 la mayor ola de incendios de la última década arrasó con miles de hectáreas en toda Galicia y acabó con la vida de cuatro personas. El fuego puso en evidencia de manera dramática el abandono progresivo del rural y la mala planificación territorial a pesar de años de propaganda oficial y sucesivas reformas parciales de las normativas de montes e incendios o urbanísticas. 

Las cifras de hectáreas quemadas, no obstante, disminuyeron notablemente en los años siguientes mientras la respuesta de Feijóo era culpar a supuestos terroristas que la Fiscalía no fue capaz de encontrar. También anunciar nuevas leyes de incendios, de ordenación territorial o de impulso del rural. Pero, al mismo tiempo, la Xunta siguió flexibilizando la ocupación del territorio y defendiendo la primacía de proyectos urbanísticos o empresariales sobre otras consideraciones. Haciendo la vista gorda en la aprobación de planes municipales, por lo que fue condenada por la justicia en varias ocasiones, defendiendo el aumento de las plantaciones de eucaliptos y que la papelera Ence siga ocupando terreno público costero de la ría de Pontevedra autorizando ilegalmente parques eólicos o minas a pesar de su impacto ambiental.

2018: Feijóo esquiva la sucesión

El 11 de febrero de 2009, cuando acababa de explotar el caso Gürtel, Mariano Rajoy compareció ante la prensa en la sede central del PP para, rodeado por múltiples dirigentes del partido —entre ellos sus barones territoriales— asegurar que aquello no era más que una “trama contra el PP”. Alberto Núñez Feijóo pudo evitar aquella incómoda fotografía porque estaba en plena campaña electoral en Galicia pero también logró esquivar la cuestión siempre que fue interrogado sobre ella. Incluso cuando las preguntas se referían a Pablo Crespo, el número dos de la trama, antiguo secretario de organización del PP en Galicia y miembro del consejo de Portos de Galicia en la etapa de Feijóo en la Consellería de Política Territorial, de la que dependía la entidad en aquellos años.

La onda expansiva de la Gürtel se volvió a cruzar en el camino político de Feijóo en 2018 cuando la Audiencia Nacional dictó la sentencia sobre la conocida cómo primera época de la trama, condenando a sus principales líderes y certificando la financiación del PP con dinero negro desde su fundación. El presidente de la Xunta, que había reducido todo el caso a que Luis Bárcenas “no fue un tesorero muy ejemplar y eso pudo contaminar el PP”, pasó a estar en el centro del escenario después de que, el 1 de junio de aquel año, la moción de censura presentada por el PSOE como respuesta a la sentencia puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy. 

Como es sabido, buena parte de las miradas internas se volvieron entonces hacia Feijóo como el mejor colocado para la sucesión. Pero, en una comparecencia que desató la euforia en el seno del PP gallego, renunció a concurrir a la elección interna porque, según sus propias palabras, aún faltaba más de media legislatura en Galicia y “fallar a los gallegos” sería tanto como fallarse a sí mismo.

2019: El poder del PP, bajo mínimos

Nunca en la historia de la autonomía el PP tuvo una jornada de resultados electorales tan mala como la que vivió en 2019 y cuyos efectos aún se mantienen en buena parte de las instituciones. En las elecciones generales de abril los populares perdieron por primera vez unos comicios en el global de Galicia y se vieron superados por el PSdeG. En la repetición de las generales de noviembre volvieron a ser la fuerza más votada, pero empataron a escaños con los socialistas y perdieron de nuevo ampliamente frente a la suma de fuerzas de izquierdas.

De por medio, en mayo, tras años de sucesivos cambios impulsados personalmente por el propio Feijóo en las candidaturas municipales de las principales ciudades, las últimas elecciones locales celebradas hasta el momento, hicieron de Arteixo (poco más de 30.000 habitantes) el ayuntamiento gallego de mayor tamaño con alcalde o alcaldesa del PP. Los populares vieron cómo no sólo no podían gobernar ninguna de las siete ciudades gallegas sino que Baltar cedía la alcaldía de Ourense a Gonzalo Pérez Jácome, líder de una formación antisistema y a quién Feijóo había calificado como “letal” para la ciudad, a cambio de conservar la presidencia de la Diputación provincial, la única de las cuatro aún en manos del PP. Solo la cuarta mayoría absoluta de Feijóo en las elecciones gallegas celebradas un año más tarde logró mudar la tendencia, pero constató el debilitamiento de los populares especialmente en la provincia de Pontevedra.

2020: el coronavirus, la crisis sanitaria y la pugna electoral

Cuando el Servicio Galego de Saúde confirmó el primer caso de la covid en Galicia, a principios de marzo de 2020, hacía apenas un mes que Alberto Núñez Feijóo había confirmado la convocatoria de las elecciones gallegas para el 5 de abril, el mismo día en el que el lehendakari Urkullu había llamado a las urnas en Euskadi. Aquella convocatoria electoral quedó sin efecto mediante un inédito proceso de desconvocatoria tras el cual llegaría una nueva llamada a las urnas, finalmente para el 12 de julio.

Este contexto preelectoral es imprescindible para entender buena parte de los movimientos de Feijóo y de su Ejecutivo en las primeras semanas de la pandemia, marcadas por los rifirrafes con el Gobierno de España. Desde los reproches por la falta de material sanitario como mascarillas y batas de protección hasta las discusiones por la duración del estado de alarma, pasando por la afirmación de que el gabinete de Pedro Sánchez “había fracasado” en la lucha contra la pandemia cuando había pasado menos de un mes de su inicio o ligar a la gestión de la Xunta la menor incidencia del virus en Galicia en aquella primera ola.

Una vez pasadas las elecciones —con otra mayoría absoluta para el PP—, los enfrentamientos continuarían a cuenta de, por ejemplo, los criterios de reparto de las vacunas, aunque los datos acreditaran que Galicia recibió las que le correspondían en cada fase del proceso, o la aplicación y retirada de las diversas restricciones para intentar contener los contagios. Esa pugna pre y postelectoral se transformó en una especie de ruido de fondo, tanto mientras el virus causaba entre la población gallega un impacto relativamente menor al de otros puntos de España en términos de mortalidad como cuando Galicia destacó positivamente en todos los indicadores de vacunación.

2021: La crisis industrial

Desde 2009 hasta hoy, Galicia ha perdido más de 33.000 empleos industriales y sufre una debacle en el sector que no se detiene. El lento desmantelamiento de la industria eólica y de todo lo vinculado con los molinos de viento ahondó especialmente la crisis que padece el norte gallego. El cierre de Vestas y Gamesa se sumó al de muchas otras empresas en los últimos años. 

No sólo en en lo eólico, obviamente. Las amenazas y cierres parciales y definitivos que pesan sobre gigantes como Alcoa —en A Coruña y en A Mariña—, la crisis del naval, el anunciado desmantelamiento de la central térmica de As Pontes —ahora reactivada temporalmente por la crisis energética— y otras muchas empresas importantes en crisis certifican la ausencia de políticas y modelos industriales alternativos ante los cambios que exigen, desde hace tiempo, la lucha contra el cambio climático y los nuevos horizontes económicos.

La captación de fondos europeos para novedosos y sostenibles proyectos, liderada por una sociedad de mayoría privada que encabeza Abanca, es ahora mismo la esperanza para una reactivación plasmada en la polémica ley del mismo nombre, con la que Feijóo pretende desregular permisos ambientales y subvenciones a empresas y empleo público. Con ella la Xunta permitirá, por ejemplo, que sean empresas privadas las que evalúen las alegaciones de los ciudadanos contra proyectos con impacto ambiental.

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La repercusión de estos trece hitos de Feijóo en Galicia fue dispar en el debate político y social gallego. En parte por un sistema de medios de comunicación condicionado en el sector privado por la publicidad y el reparto discrecional de dinero de la Xunta y en el sector público por el control político de la CRTVG que desde hace cuatro años tiene su principal foco de crítica en el movimiento Defende A Galega. Son las dos vertientes de la política de comunicación de un ejecutivo que ha prestado una especial atención a su proyección pública por encima de otras consideraciones.

Con este equipaje Feijóo pone rumbo a Madrid y deja una Galicia que es hoy más pequeña que cuando empezó a presidirla en 2009, si se atiende a lo que solo en los últimos años viene siendo identificado por el presidente como el principal problema de su tierra, el demográfico. Si hace 13 años había 2.767.000 personas viviendo en Galicia, según la última cifra oficial equivalente ahora son 2.695.000, unas 70.000 gallegas y gallegos menos.

Sin embargo, hasta hace dos años la Xunta no decidió dar al problema el máximo rango político e impulsar una ley específica para combatirlo. Su resultado aún está por ver. Pero no serán las políticas demográficas de Feijóo una carga para quien lo suceda ahora o en los próximos años. “Por responsabilidad”, dijo él mismo, su ley demográfica, lo que él considera el gran hito de sus últimos años al frente de la Xunta, no concreta medidas porque no quería “hipotecar” a los gobiernos que le sucedan cuando inicie su carrera en Madrid.