Los frentes abiertos de Vox: de las dudas sobre su financiación a las incógnitas sobre el alquiler de su sede

Las sombras alrededor del partido de extrema derecha Vox no dejan de aumentar. Este martes, con las elecciones generales, autonómicas y europeas a la vuelta de la esquina, varios exresponsables provinciales de la formación que dirige Santiago Abascal han denunciado en declaraciones a la Cadena SER que desde la cúpula del partido se les aleccionó para camuflar a través de intermediarios las donaciones que empresarios quisieran hacer a Vox. El objetivo principal del sistema ideado era evitar que las identidades de todos ellos pudieran trascender. Aunque por el momento no se ha hecho público ningún documento que acredite dichas acusaciones, las declaraciones realizadas por estos antiguos miembros del partido vuelven a sembrar dudas sobre la financiación de la formación de extrema derecha, muy cuestionada en los últimos meses por las donaciones de origen iraní, y abren otro nuevo frente, uno más, para un partido que se resiste a aclarar, entre otras cosas, algunas cuestiones relacionadas con la trama empresarial vinculada al alquiler de su nueva sede central.

Los tres exdirigentes coinciden en señalar al actual vicepresidente primero de Vox, Víctor González Coello de Portugal, como la persona que se encargó de trasladarles las directrices. “Se dirigió a los presentes [de unas jornadas de coordinación de la formación] indicándonos que debíamos ofrecer a los empresarios que quisiesen donar dinero una vía indirecta para hacerlo sin que su identidad se viese expuesta: utilizar testaferros, parientes o amigos”, ha señalado a la emisora de radio el ex vicepresidente de Vox en Badajoz Carlos Aurelio Caldito. “Formas de camuflaje”, siempre según su declaración, para vencer las “reticencias” de “empresarios locales, profesionales liberales o autónomos” que pudieran estar “receptivos” para efectuar donaciones a la formación. Con esta técnica, el partido ultraderechista habría tratado de sortear los “temores” que todos estos donantes pudieran tener “a la hora de que alguien pudiera conocer sus simpatías políticas” y eso pudiera afectar negativamente a “sus perspectivas de negocio”.

La misma versión de los hechos han relatado el expresidente provincial de Vox en Toledo Daniel Molina y un tercer ex alto cargo que sigue vinculado a la formación y que ha preferido mantenerse en el anonimato. “Se nos dijo que (…) los directores del Comité Ejecutivo Provincial cogiésemos el dinero de los empresarios y lo dividiéramos entre gente de confianza y lo metiésemos en el partido”, ha señalado Molina, que incluso ha narrado cómo un constructor le dio un sobre de 15.000 euros y le dijo que ya sabría cómo meterlo en las arcas de Vox. Las primeras directrices sobre el sistema de camuflaje, según los testimonios, se remontan a diciembre de 2017. Durante ese ejercicio, el último del que se tienen datos oficiales, la formación ingresó por la vía de las donaciones y legados 189.763 euros. Desde el partido ya han anunciado que no harán ninguna valoración sobre las informaciones. Y han reducido la noticia a “declaraciones de personas rebotadas” realizadas sin “pruebas que señalen alguna irregularidad”.

Donaciones iraníes y mentiras

A pesar de ello, las declaraciones de estos ex altos cargos de la formación que preside Abascal agrandan la sombra de duda que en los últimos meses se ha ido extendiendo alrededor de la financiación de Vox. Sobre todo, después de conocerse que la formación ultraderechista recibió durante sus primeros meses de vida 971.980 euros en donativos procedentes de simpatizantes del denominado Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), un colectivo que a día de hoy se define como un “parlamento en el exilio” que busca establecer “una república democrática” en Teherán pero que tiene su origen en una organización que tanto la Unión Europea como Estados Unidos incluyeron en su momento en la lista de grupos terroristas. Con esos fondos, el partido que entonces lideraba el expresidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras costeó tanto sus gastos habituales –desde los salarios de los trabajadores al alquiler de la sede– como los derivados de la campaña electoral para los comicios al Parlamento Europeo de 2014.

Estas cantidades se ingresaron en las arcas de Vox a través de 141 transferencias. La cantidad mínima aportada por los simpatizantes del CNRI fue de 60 euros, mientras que la máxima ascendió a los 35.560 euros –el límite anual establecido entonces por la Ley de Financiación de Partidos era de 100.000 euros–. Todos estos fondos procedentes de un millar de personas diferentes, según explicó en su momento a infoLibre Vidal-Quadras, llegaron a través de intermediarios, lo que impide conocer la identidad de todos los donantes reales. “Por poner un ejemplo, si en el séptimo distrito de París hay 2.000 iraníes que quieren un cambio democrático, entonces uno de ellos hace un poco la recolecta. Uno, por ejemplo, da mil euros, otro cincuenta, otro veinte, y entonces este recolector es el que enviaba el dinero con su nombre”, explicó el que fuera presidente de Vox, que en más de una ocasión ha asegurado que Abascal tenía conocimiento del apoyo económico de los opositores iraníes y que “le parecía bien”.

A diferencia de lo que ha sucedido con las declaraciones de los exresponsables provinciales, en aquella ocasión el partido ultraderechista intentó atajar la crisis. Y, en lugar de la cada vez más habitual callada por respuesta, algunos dirigentes de la formación decidieron recurrir a la mentira. Así, mientras que Abascal insistía en que la financiación era “absolutamente legal”, su número dos, Javier Ortega Smith, aseguraba que se había remitido toda la documentación al Tribunal de Cuentas y que éste había dicho que los donativos “habían sido legales, totalmente transparentes”. Una afirmación que tardó pocas horas en ser desmentida por el órgano fiscalizador: “No consta en el Registro del Tribunal de Cuentas entrada alguna que tuviera por remitente o asunto la formación Vox en el año 2014, en relación con las citadas elecciones”. Unos comicios en los que Ortega Smith fue el encargado de designar ante la Junta Electoral Central (JEC) a la persona que gestionó la contabilidad del partido para la cita con las urnas europeas.

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El crecimiento exponencial de la formación dirigida por Santiago Abascal en el último año ha obligado a Vox a mudarse a una nueva sede central en el distrito madrileño de Chamberí. Y es, en este asunto, donde han vuelto a surgir otras tantas incógnitas que el partido político continúa sin aclarar. El local, de 387 metros cuadrados y sito en la calle Nicasio Gallego, es propiedad desde el pasado mes de septiembre de la empresa inmobiliaria Covarest SL, directamente vinculada al vicepresidente González Coello de Portugal. Sin embargo, esta sociedad es a su vez propiedad en un 99,97% de Fincora Group Sárl, una firma afincada en Luxemburgo, tal y como publicó el pasado mes de enero este diario. Es decir, que los 42.000 euros anuales que le costará a la formación de extrema derecha el alquiler de su sede central –según los datos que dio en su momento el gerente de Vox– acabarán en una empresa matriz radicada en el Gran Ducado, que funciona como un verdadero paraíso fiscal en pleno corazón de la Unión Europea.

Tanto el partido de extrema derecha como su vicepresidente primero rechazan aclarar los motivos de una operación que implica, en la práctica, el trasvase de fondos fuera de las fronteras españolas. Tampoco quieren pronunciarse sobre una segunda empresa del sector inmobiliario de la que también ha sido apoderado González Coello de Portugal, al que la Audiencia de León condenó en 2015 a tres años de inhabilitación para “administrar bienes ajenos” por “irregularidades contables relevantes” en la gestión de una de sus compañías –fallo que confirmó el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre–. Energreen Capital SL, que posee una cartera inmobiliaria valorada en casi 20 millones de euros, es propiedad de la sociedad Certus Energy Group, creada en Bahamas hace una década y cuya sede se encuentra en la actualidad en Luxemburgo, según los datos del Registro Mercantil del Gran Ducado a 31 de diciembre de 2017 obtenidos por infoLibre.

La formación de extrema derecha también recurre a la callada por respuesta cuando se le pregunta por la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid, el chiringuito público en el que el Gobierno de Ignacio González colocó en abril de 2013 a Santiago Abascal con un sueldo de 82.491 euros anuales brutos. Durante su época al frente de la entidad, que bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre gastó un millón de euros en “8.500 encuestas” sociales de las que apenas hay información, la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social no cumplió con ninguno de los objetivos que se había marcado para su último ejercicio de vida –en diciembre de 2013 se acordó su disolución–. De hecho, la opacidad con la que funcionó la entidad fue total. Hace apenas unos meses, un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid reveló que la fundación ni siquiera rendía cuentas ante el organismo fiscalizador: “Dada la insuficiencia de datos aportados no se ha podido examinar la fiabilidad de las cuentas durante el periodo en que la referida fundación se encontraba en activo”.