Los desafíos del Estado del bienestar
La radiografía del sector público desmonta la obsesión de Feijóo con el "gasto superfluo"
Junto con su propuesta de bajada de impuestos, una de cuyas concreciones es una deducción del IRPF que ya existe, la otra bandera económica Alberto Núñez Feijóo es el recorte de la "burocracia" o el "gasto burocrático".
El Gobierno ha actuado tarde, sin hablar con nadie y sin buscar el consenso.
— Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) March 31, 2022
Ni una sola medida para contener el gasto burocrático y político. Ni rastro de la bajada de impuestos comprometida en La Palma.
Es un plan que ha quedado anulado una vez conocida la inflación de España pic.twitter.com/VKeUmtPSt4
Es un discurso clásico de Feijóo, que ya en 2008 metía en su mensaje como aspirante a la presidencia de la Xunta de Galicia la eliminación del "gasto superfluo", idea que reitera ahora como jefe del partido. A preguntas de infoLibre sobre el detalle de este recorte, el PP señala que es posible sin afectar a la calidad de servicios públicos. Sobre esa base ha presentado una proposición no de ley, que señala: "Hay que gastar menos y gastar mejor". La clave es "reducir el gasto improductivo, superfluo o duplicado", añade la propuesta, que se apoya en un informe del Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la CEOE, que realiza una estimación de 60.000 millones de gasto público ineficiente y apremia a su recorte para evitar subidas de impuestos.
Pero, ¿es esa la clave del sector público español? ¿Ahí está su solución? A tenor de los análisis y datos recabados sobre ingresos, gastos y plantilla del Estado, la idea de que un recorte del "gasto superfluo" permitiría la cuadratura del círculo se aleja de cualquier diagnóstico realista sobre los verdaderos problemas y desafíos del sistema.
Gasto en relación con el PIB
El economista Daniel Fuentes cree que el de la promesa de supresión de un impreciso "gasto superfluo" contribuye a "sembrar la idea de que los trabajadores públicos viven a costa de los demás sin aportar nada", lo cual puede animar el "discurso antipolítico". Fuentes subraya que no hay desacuerdo posible en la necesidad de alcanzar la máxima eficiencia del gasto, pero afirma que esta cuestión no figura entre los principales problemas de la administración pública española. ¿Cuáles serían, entonces? Se resumirían en dos ideas, siguiendo a Fuentes. El primero es que hay una insuficiencia de ingreso y de gasto público, en el contexto tanto de la UE como de la OCDE; la segunda es que "nuestras administraciones públicas están en los huesos".
Fuentes anima a buscar los porqués de estos problemas. Y se opone al brochazo grueso, frecuente en el discurso progresista, de atribuir la baja recaudación en exclusiva a los "impuestos bajos a los ricos y al fraude fiscal". "Seguro que hay de lo uno y de lo otro, pero el motivo por el que ingresamos menos con impuestos comparables a los de otros países es el exceso de deducciones y bonificaciones", señala Fuentes. Se trata de un tema, añade, orillado en el debate económico. El otro gran desafío para alcanzar unas cuentas fuertes que a su vez permitan unos servicios públicos fuertes es reducir la tasa de desempleo, para que haya más contribuyentes que a su vez tendrán menor necesidad de gasto social, añade. Todo ello conforma el "marco" de debate centrado en los problemas reales de la Administración pública, poco o nada relacionados con el "gasto superfluo".
Los números ayudan a comprender la dimensión de los problemas que expone Fuentes. España gasta poco en relación con el PIB en comparación con sus vecinos. Es un déficit histórico. Antes de la pandemia, quedaba por debajo del conjunto de la UE 27 en gasto en sanidad, discapacidad, tercera edad, familia, infancia, vivienda e inclusión, según los datos de Eurostat. El Estado dedicaba a todas las áreas englobadas dentro de la "protección social" 3,6 puntos menos de PIB que la UE y 8,3 menos que Francia. Según el análisis de CCOO de los datos de Eurostat de 2019, a España le faltaban casi 60.000 millones al año para alcanzar el gasto público en relación con el PIB de la Eurozona.
La pandemia ha supuesto una cierta reducción de la brecha, todavía no total. El gasto público medio en la UE-27 se situó en el 53,1% del PIB en 2020, frente a un 52,4% de España. Se ha dado un proceso de convergencia, después de que en España creciera más de 10 puntos en un año, frente a 6,6 en el conjunto de la UE. No obstante, sigue habiendo brechas. España sigue por debajo del conjunto de los 27 en gasto en sanidad (7,6% frente a 8% del PIB), educación (4,6% frente a 5%) y vivienda (0,6% frente a 0,5%).
Ingresos, deducciones y redistribución
España tiene además un déficit de ingresos. Según datos de Eurostat de 2021, sus ingresos en relación con el PIB fueron en 2021 del 42,8%, 3 puntos menos que el conjunto de la UE. Mientras tanto, su presión –el conjunto de los impuestos y contribuciones sociales en relación con el PIB– se situó en 2019, último año disponible para comparaciones, en el 35,4%, por debajo del 41,1% del conjunto de la UE. En contra de la idea de una economía asfixiada por los impuestos, España fue el séptimo país con menor presión fiscal entre los 19 de la Eurozona en 2019.
Uno de los factores que inciden en la recaudación, en línea con lo señalado por Daniel Fuentes, son las deducciones fiscales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) las cuantificó en cerca de 60.000 millones en 2020, aconsejando un examen a fondo de estos beneficios para garantizar su utilidad socioeconómica.
Un problema relacionado con ingresos y gastos es que el Estado del bienestar español ha dado muestras de insuficiencia redistributiva. El propio Plan 2050 del Gobierno reconoce que la desigualdad se alimenta de la "insuficiente capacidad recaudatoria y redistributiva" de un país en el que "las personas más pobres pagan más impuestos, en términos relativos, que las de clase media, y las transferencias sociales están menos focalizadas en los colectivos vulnerables que en otros países de nuestro entorno". Con todo ello España es el décimo país de la UE que menos redistribuye renta a través de gasto social, con datos de 2018 de Eurostat. El coeficiente de Gini, una medida de desigualdad de uso extendido en la UE, se reduce sólo en 0,18 puntos, frente a un 0,2 en la UE.
Empleo público
Carlos Martín, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares, señala como "anomalía" de la economía española, con fuerte impacto sobre las capacidades del Estado, la escasez de la "contribución fiscal", que se explica por un sistema de cotizaciones "regresivo". Martín defiende una "reforma fiscal" que actúe sobre cotizaciones, IRPF e Impuesto de Sociedades, que explican el 68% de la brecha fiscal con Europa. Para ella es imprescindible una "labor pedagógica" que excluye el recurso a los supuestos poderes taumatúrgicos de bajar los impuestos y el "gasto superfluo", que ofrecen una "visión falsificada" del sector público español.
"En realidad –señala Martín, director del Gabinete Económico de CCOO–, se trata de un sector público pequeño en comparación al de las grandes economías europeas". A su juicio, los problemas reales de la administración obligan a mirar a lugares opuestos a los que señala el discurso del "gasto superfluo". Se resumirían así: plantilla pública insuficiente, envejecida y con exceso de temporalidad. "Ser empleado público ya ha dejado de ser sinónimo de estabilidad", recalca Martín, que inscribe el discurso de Feijóo en una corriente según la cual "el sector público es ineficaz, por lo que hay que darle cuantos más recursos mejor al sector privado". El resultado de la aplicación de este ideario es "una administración infradotada en la que cae la calidad de la prestación", con lo que la población con más recursos "se escapa al sector privado para recibir los servicios", explica Martín. A su vez sectores son receptivos a los discursos de "bajadas de impuestos", explica Martín, dado que sus necesidades del Estado a priori han bajado al obtener buena parte de los servicios en redes privadas. Es un ciclo que se retroalimenta.
El Estado español tiene, si mira a sus vecinos, una plantilla corta. El peso del empleo público en España se sitúa en el 15,6% del total, por debajo del casi 17,9% de la media de la OCDE, con datos de 2019. Estamos a 15 puntos de países como Noruega. En la UE-27, sólo hay siete países con menor porcentaje que España, aunque dos de ellos son de peso: Italia y Alemania. La serie del INE muestra que sólo en el tercer trimestre de 2020, con el impulso de las contrataciones por la pandemia, se recuperó el número de ocupados en el sector público que llegó a haber en 2011, antes de que la recesión empezara a impactar en los presupuestos y con ello en las plantillas. Al igual que con el gasto público, el Estado parece caminar hacia la corrección de su brecha con la UE. España ha alcanzado en el segundo trimestre de 2021 su récord histórico de empleados públicos, con 2,7 millones, repartidos en un 59,6% de las comunidades, un 21,34% de la administración local y casi un 19% de la estatal.
En Galicia, tierra de Feijóo, hay mas porcentaje de empleados públicos que en el conjunto de España (17,9%, frente a 17,2%) y más porcentaje de funcionarios autonómicos sobre el total de empleados públicos (64,4%, frente a 59,5%)
Temporalidad y envejecimiento
Los dos grandes pecados del sector público español son la la temporalidad y el envejecimiento. Según los datos del INE, el 30,9% de los asalariados en el sector público son temporales. El Gobierno se ha puesto la tarea de rebajarlo al 8%, para lo que está en marcha la mayor oferta de empleo público de la historia. En contra de la creencia popular, la temporalidad es mayor en el sector público que en el privado: 23,6%. En cuanto al envejecimiento, España es caso aparte. Mientras en la OCDE el porcentaje de trabajadores de 55 años o más es del 26% en 2020, en España es del 46%, sólo por detrás de Italia (47%). La OCDE recomienda con énfasis a España una corrección.
El virus pone un examen del siglo XXI a un Estado anclado en el XX por la falta de reformas de la Administración pública
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Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración, ve "urgentísimo" tomarse en serio el problema del envejecimiento, ante la previsible jubilación de en torno a un millón de empleados públicos en la próxima década. Autor de un blog de referencia sobre la cosa pública, Ramió destaca la necesidad de reformar el acceso al empleo público y la gestión de recursos humanos entre los grandes desafíos reales de una administración en España cuyas transformación se pospone una y otra vez [ver aquí información en detalle]. Problemas como este, no obstante, están "desenfocados" y quedan desatendidos, señala Ramió, que teme que el actual Gobierno ciña su reforma a ley de evaluación de políticas públicas que ve necesaria pero insuficiente.
El catedrático ve califica de "brindis al sol" la promesa de recortar "burocracia" o "gasto superfluo". "Eso es un comodín. Claro que en la administración hay problemas de eficiencia, pero en absoluto está entre sus principales problemas. Nuestro problema son cuellos de botella estructurales que dificultan el incremento de la productividad y que no se arreglan ni con tuneo ni con maquillaje, sino con reformas profundas que siguen pendientes de acometer", señala Ramió, que afirma que Feijóo no ha hecho "nada" relevante en Galicia para afrontar los desafíos reales de la administración. "¿A qué se refiere con atacar el gasto superfluo? ¿A algo como la CORA [Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, impulsada durante la etapa de Mariano Rajoy]? Porque el CORA fue una auténtica patochada que no cambió nada significativo", explica.
La PNL del PP, el documento en el que está más detallada su propuesta, exige al Gobierno que atienda al documento de la CEOE, reduzca el Gobierno y la partida de altos cargos, coordine los diferentes niveles de la administración y suprima entidades "innecesarias", en línea precisamente con el CORA. La de supresión de entidades no ha sido una vía excesivamente fructífera hasta la fecha, como acreditó infoLibre en un informe en 2019, cuando entre Estado, comunidades y ayuntamientos sumaban 5.657 entidades, sólo un 1,64% menos que en 2014. El discurso contra la "administración paralela", llevado al extremo con la alusión a los "chiringuitos", fue clave para armar los acuerdos de PP, Cs y Vox en Andalucía que han dado estabilidad a la mayoría de la legislatura. Este periódico acreditó hace algo más de un año que los compromisos al respecto no se habían cumplido.
