El Gobierno se dispone a autorizar a la empresa pública Navantia a montar una filial en la dictadura de Arabia Saudí

El Gobierno de España se prepara para autorizar a la empresa pública Navantia a constituir en la dictadura teocrática de Arabia Saudí una sociedad filial de responsabilidad limitada con un capital social de casi 3,3 millones de euros. La propuesta llegará al Consejo de Ministros de la semana que viene de la mano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuyo departamento es titular de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) —propietaria a su vez de Navantia—, pero la iniciativa parte de la titular de Defensa, Margarita Robles, según fuentes consultadas por infoLibre.

Fuentes de Hacienda aseguran que la creación de la filial estaba prevista en el contrato firmado en 2018 con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas y que su ubicación en ese país está “relacionada con labores de mantenimiento”.

El Gobierno no reveló en su día los detalles del contrato amparándose en que contiene cláusulas “de confidencialidad”. De hecho, Hacienda ni siquiera los ha compartido con el resto de miembros del Ejecutivo.

Navantia, que se dedica a la construcción naval civil y militar en instalaciones de Ferrol, Cádiz y Cartagena, firmó en 2018 un contrato para diseñar y construir en sus instalaciones de la Bahía de Cádiz cinco corbetas con destino a la marina real saudí de las que tres ya han sido botadas y que según Hacienda “ha generado y genera miles de empleos en España”. La tercera de las naves, bautizada Hail, en referencia a una ciudad del norte saudí, está a flote desde el domingo, tras una ceremonia a la que acudió el capitán Abdullah Alsheri, oficial de enlace del Programa Avante 2020, en representación del vicealmirante Fahad Bin Abdullah Al-Ghofaily, comandante de la Marina Real de Arabia Saudí.

La construcción y equipamiento del buque proseguirán en el agua y no concluirán hasta el año 2022. Hail, como sus cuatro hermanas gemelas, tiene una eslora de 104 metros, una manga de 14 y será capaz de transportar a un total de 102 personas entre tripulación y pasaje. Alcanzará una velocidad máxima de 27 nudos y tiene capacidad para llevar a bordo provisiones para 21 días.

El contrato resultó clave en su momento para las supervivencia de los astilleros gaditanos, que anunciaron su firma el 12 de julio de 2018. Una operación cifrada en “1.800 millones de euros" y que representa, todavía hoy, “la mayor de la historia de los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero”. En el marco de esta operación, Navantia anunció “la creación de una Joint Venture (JV) [empresa conjunta] en Arabia Saudí”. Una iniciativa que “supone una oportunidad excepcional para posicionar los sistemas integrados y soluciones tecnológicamente avanzadas de Navantia y está alineada con su estrategia de internacionalización”, explicó en su momento la empresa sin dar más detalles acogiéndose a las “cláusulas de confidencialidad” del contrato.

Este contrato, subrayan las fuentes de Hacienda consultadas por infoLibre, “fortalece el futuro inmediato de Navantia y beneficia a todos los astilleros de la compañía y a su industria auxiliar, en especial, a toda la Bahía de Cádiz”. Supone “una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas, es decir, 6.000 empleos anualmente durante cinco años. De estos, más de 1.100 serán empleados directos en Navantia, más de 1.800 corresponden a la industria auxiliar y más de 3.000 son empleados indirectos generados por otros suministradores. Serán más de 100 las empresas auxiliares que colaboren en el programa”, destaca el ministerio que dirige María Jesús Montero.

La entrega del último buque está prevista para el año 2024 e incluye, además de la construcción, el llamado “apoyo al ciclo de vida durante cinco años, desde la entrega del primer buque, con opción a otros cinco años adicionales”. El contrato “también incluye el suministro de varios servicios” que Hacienda no ha especificado.

Margarita Robles ya se vio obligada, en agosto de 2019, a salir al paso de las relaciones de Navantia con la dictadura teocrática saudí después de que el hasta ese momento presidente de la empresa, Esteban García Vilasánchez, fichase por la pública Saudi Arabian Militar Industries (SAMI). Él fue precisamente quien, estando al frente de Navantia en la época de Mariano Rajoy, cerró el contrato de construcción de las corbetas en colaboración con la propia SAMI.

“No se trata de dar lecciones de ética a nadie”, se limitó a declarar entonces la ministra de Defensa, “pero quizá no es lo más oportuno. A nivel personal, no me gusta. Las apariencias también son muy importantes”.

Falta de respeto a los derechos humanos

La dictadura saudí es famosa por su falta de respeto a los derechos humanos, en especial la ausencia de libertades políticas y sindicales, la persecución de los homosexuales o la opresión de las mujeres. La situación se ha vuelto todavía peor desde que el heredero al trono, el príncipe Mohammed Bin Salman (conocido por sus siglas, MBS), se convirtió hace cuatro años en el líder del país. Todas las investigaciones independientes realizadas hasta la fecha le atribuyen a él personalmente ordenar el asesinato y descuartizamiento en un consulado de Turquía del periodista saudí Yamal Jasshoyi.

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Arabia Saudí participa además activamente desde 2015 en la guerra contra Yemen, en la que se han utilizado armas españolas. A pesar de ello, España ha seguido exportando material militar a la dictadura saudí, por un importe que entre los años 2018 y 2019 superó los 270 millones de euros, según los informes entregados el verano pasado al Congreso por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida.

La venta de mayor importe fueron dos aviones de transporte militar y munición, por 190,5 millones, en 2018; pero la industria española también exportó a Arabia Saudí granadas de mortero, munición de artillería, bombas guiadas láser de aviación y sistemas porta morteros o elementos para aviones, entre otros.

Estas ventas se mantuvieron pese a la implicación de Arabia Saudí en la guerra de Yemen y las peticiones de organizaciones no gubernamentales de que se paralizasen las exportaciones de armas. España también vendió armas a Emiratos Árabes Unidos, otro de los países implicados en este conflicto armado, por valor de 193 millones de euros entre 2018 y 2019.