Gobierno y Generalitat pactan "desjudicializar” la política catalana pero aplazan la reforma del delito de sedición

La tercera reunión de la mesa de diálogo celebrada este miércoles entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat se ha saldado con dos acuerdos: uno para "desjudicializar" la política y otro para blindar y proteger la lengua catalana. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha encabezado la delegación del Ejecutivo estatal y ha sido el encargado de explicar el desarrollo de este encuentro ante la prensa en el que ha evitado explicar medidas concretas.

Según ha avanzado Bolaños, el acuerdo no incluye la reforma del delito de sedición y tampoco aparece en el documento pactado, pese a que esa ha sido una de las reclamaciones de ERC. Ese fue el delito por el que fueron condenados en el Tribunal Supremo los líderes independentistas catalanes. En 2020 el Gobierno se comprometió a reformarlo y adecuar su redacción a lo regulado en otros códigos penales como el alemán, el francés, el italiano o el portugués.

Sin embargo, el Ejecutivo alega que no tiene la mayoría necesaria en el Congreso para sacarla adelante, pese a que varios de los aliados parlamentarios del Gobierno sí se han mostrado a favor de reformar la norma. El ministro de la presidencia ha asegurado que la intención de Pedro Sánchez es “armonizar” la legislación a la de otros países europeos, pero que actualmente no tiene “una mayoría parlamentaria suficiente para abordar” ese asunto.

Por su parte la consellera Laura Vilagrà ha sido la encargada de dar las explicaciones desde Cataluña. Vilagrà ha señalado que existe un compromiso de ambos gobiernos para “impulsar las reformas legislativas que hagan falta para hacer efectivo el fin de la judicialización” pero a diferencia de Bolaños sí ha marcado plazos. Según la consellera estas reformas debe hacerse efectivas “antes de fin de año”.

Lo cierto es que el delito de sedición no tiene un equivalente en los modelos que se quieren emular. Lo más parecido, el ilícito que en otros países pena las conductas contra el orden público –y no contra las instituciones del Estado, que sí se enmarcarían en la rebelión– contempla siempre el uso de la violencia o la intimidación y generalmente acarrea penas más reducidas que las que impuso el Supremo en su sentencia del 14 de octubre de 2019.

Ambas administraciones "reconocen las dificultades" para hacer efectiva la desjudicialización

En el documento firmado por ambas administraciones consta la "superación de la judicialización" y que esta debe "garantizar un proceso de diálogo y negociación equilibrado y con garantías, rechazando la criminalización de los proyectos políticos democráticos; debe reforzar la apuesta por soluciones políticas, siempre en el marco de la seguridad jurídica y de la atención a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia y transversal según los principios y el ordenamiento democrático y debe concretarse en medidas que supongan un avance que mejore la situación de partida y contribuyan a la resolución del conflicto político".

Aun así, tanto el Gobierno estatal como el Govern de la Generalitat "reconocen las dificultades para acordar la vía óptima para hacer efectiva la desjudicialización": "Al mismo tiempo, muestran la necesidad y la voluntad de avanzar en este ámbito a través del impulso y compromiso político de las partes que refuercen la apuesta por el diálogo y la negociación como vía para la resolución del conflicto político y la profundización de la democracia", señala el escrito.

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Por ese motivo el acuerdo implica el "refuerzo de los derechos fundamentales", el "compromiso político e institucional con la seguridad jurídica, el ordenamiento y los principios democráticos" y "la apuesta por avances paulatinos y concretos sobre la base de acuerdos públicos que sean representativos de una mayoría amplia y transversal en el ámbito social y parlamentario".

Blindar el catalán

Bolaños ha mostrado el respaldo gubernamental a la ley sobre el uso de lenguas oficiales en la escuela aprobada en el Parlament, aprobada con el apoyo de PSC-Units, ERC, Junts y comuns. La iniciativa se aprobó una vez superado el plazo que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que la Conselleria de Educación ejecutara la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano. "La ley es un ejemplo de gran acuerdo de mayorías y una ley perfectamente adecuada a la Constitución Española", ha defendido el ministro de Presidencia.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez también va a solicitar al Parlamento Europeo el reconocimiento del catalán como lengua de uso en las sesiones plenarias, así como que se facilite la presencia de representantes de la Generalitat en todos los foros internacionales donde se traten políticas lingüísticas.

Acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías by infoLibre on Scribd