El Gobierno salva 'in extremis' parte del paquete fiscal tras horas de tensión entre sus socios

Siete horas y cuarenta y siete minutos de agonía. El paquete fiscal, en el aire. Máxima tensión en el Congreso de los Diputados. El Gobierno se jugaba mucho. Las negociaciones in extremis lograron que el Ejecutivo recabara finalmente el apoyo de todos sus socios en la Comisión de Hacienda para sacar adelante parte de la reforma fiscal después de duros enfrentamientos y vetos entre los grupos parlamentarios de la investidura.

La Comisión de Hacienda fue el escenario de un batalla de vetos que se prolongó hasta casi la una de la madrugada entre los propios socios del Gobierno con motivo de la transposición de una directiva europea (con un tipo mínimo del 15% para las multinacionales) pero que se ha convertido en un vehículo para tratar de aprobar una reforma fiscal de mayor calado por parte del Ejecutivo con negociaciones a varias bandas a lo largo de las últimas semanas.

La sesión de este lunes, tras dos aplazamientos en las semanas anteriores, no se produjo en el clima de colaboración que esperaba el Ejecutivo, sino que cristalizó todavía más el malestar. Hasta tal punto que, durante la votación de las enmiendas, los socios no lograron un acuerdo entre todos y cayó el impuesto a la banca, todo un símbolo de la coalición progresista y que tiene caducidad el próximo 31 de diciembre. El gravamen no salía adelante precisamente por la abstención de ERC, EH Bildu y BNG, enfadados porque el PSOE y Sumar hubieran desterrado el de las energéticas con Junts y PNV.

El acuerdo de medianoche... y el foco ahora en Podemos

Todo estaba perdido y el Gobierno no tenía los números. El presidente de la Comisión, Alejandro Soler (PSOE), paró la reunión antes de las nueve de la noche porque el proyecto de ley naufragaba. En la sala de gobierno del Congreso se puso a trabajar el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, con diputados de las fuerzas de la investidura para lograr un acuerdo. Al otro lado del teléfono estaba la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Finalmente el Gobierno se comprometió a aprobar un decreto paralelo para mantener el impuesto a las energéticas, lo que satisfizo a los partidos progresistas.

El paquete fiscal se ha convertido en un laberinto político y de tramitación parlamentaria. El Gobierno logró dar un paso adelante habiendo estado en el precipicio durante horas. El dictamen de la Ponencia fue avalado finalmente por el PSOE, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu y el BNG. En ese texto no se encuentra el impuesto a la banca, ya que cayó en las enmiendas por la abstención de ERC, EH Bildu y el BNG, pero estos grupos, en virtud del pacto con el Ejecutivo, lo salvarán en la sesión del jueves.

El acuerdo entre el bloque de investidura sirvió para ganar esta bola de partido en la Comisión de Hacienda, pero todavía no tienen asegurados todos los votos. A partir de este momento, el foco estará en Podemos, que no tenía representante en la Comisión pero cuyos cuatro diputados son indispensables para sacar adelante este paquete en la sesión plenaria del próximo jueves.

Qué ha salido adelante

El texto que salió adelante este lunes incluye medidas como el impuesto de multinacionales, una subida de dos puntos porcentuales del IRPF para la rentas del ahorro superiores a 300.000 euros,  la bajada del impuesto de sociedades a las cooperativas y empresas que facturan menos de un millón de euros, una mejora de la tributación de las actividades artísticas. el gravamen a los vapeadores y el incremento del IVA a los alquileres turísticos.

Ahora la gran batalla política se centrará en los impuestos a la banca y las energéticas, que decaen el 31 de diciembre. Sobre el primero, para mantenerlo solo faltarían los votos de Podemos en el Pleno del jueves, pero sigue exigiendo garantías de que siga en vigor el de las energéticas. En ese círculo vicioso, este último gravamen se intentará mantener el año 2025 a través de un real decreto ley impulsado por el Gobierno central con el apoyo de ERC, BNG y EH Bildu. El problema reside en que están en contra Junts y el PNV, por lo que no saldría adelante teóricamente en la convalidación posterior en el Congreso. Asimismo, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado tras la votación para aclarar "que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización".

El 'vía crucis' de la tramitación

La votación final de la Comisión sobre el dictamen del proyecto de ley se produjo pasadas las doce horas y media de la noche después de horas de intenso debate, negociación y decenas de caóticas votaciones sobre enmiendas a lo largo de toda la tarde. Un síntoma de cómo ha sido el paso del proyecto de ley durante estas semanas en el Congreso de los Diputados.

El texto traía del Consejo de Ministros originariamente una transposición de una directiva europea con el principal plato de un tipo mínimo efectivo del 15% a las multinacionales. Pero su tramitación ha sido utilizada por el Gobierno para tratar de armar un paquete fiscal más potente a varias bandas con sus socios, empezando por un acuerdo inicial de los socialistas con PNV y Junts para mantener el impuesto a las energéticas pero dejar el de las entidades financieras.

Además, los socialistas durante estas semanas pactaron con Sumar dejar fuera el impuesto a las energéticas y el del diésel, pero mantener el de la banca. En aquel pacto entre los dos propios socios de Gobierno se incluyeron otras medidas como un nuevo impuesto sobre bienes de lujo (jets privados o coches de lujo) y un IVA del 21% para los apartamentos turísticos.

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Pero esos acuerdos provocaron el malestar absoluto y el rechazo de los partidos más a la izquierda que sostienen al Gobierno: ERC, EH Bildu, BNG y Podemos. Todos ellos llevan días criticando que el PSOE y Sumar hayan optado esta vez por alcanzar primero consensos en materia impositiva con los grupos de centro derecha que apoyaron la investidura y levantaron un muro contra los acuerdos alcanzados. Tensiones que se evidenciaron durante toda la reunión de la Comisión a lo largo del lunes, con votaciones incluso en las que se alinearon el PP con los grupos a la izquierda del PSOE.

De manera paralela, a lo largo de los días de negociación el Partido Popular mostró su disposición a apoyar únicamente la transposición europea y salvar de esta manera al Gobierno, que se enfrenta a una sanción de Bruselas si no lo hace, pero también rechazó que el proyecto de ley sirviera para una reforma fiscal de mayor envergadura (aunque sí dio su visto bueno a esas enmiendas con la izquierda para las cooperativas).

Esta tramitación es de un gran calado político para el Gobierno porque supone allanar el camino de las condiciones que pone Bruselas para el desembolso de las millonarias ayudas y porque es un termómetro de cara a los presupuestos generales del Estado. El Ejecutivo, aunque ha querido desligar el proyecto de las cuentas, sí era consciente de que es un primer paso psicológico para la negociación de la senda de déficit (que está todavía en el aire y a la espera del beneplácito de Junts).