"Habrá sentencia, pero justicia es imposible": el dolor de las víctimas llega al juicio del tren de Santiago

A la media hora de comenzar la declaración de las víctimas del accidente de tren de Santiago de Compostela, una mujer mayor que iba en el tren y su hija que se quedó en casa, la jueza del caso, María Elena Fernández Currás, ya estaba emocionada y ha pedido a los abogados que tuviesen tacto con sus interrogatorios. Así ha comenzado este martes la denominada parte civil del juicio por el siniestro de Angrois, en la que cientos de afectados —heridos o familiares— irán declarando uno a uno hasta el mes de junio sobre cómo vivieron el accidente y los daños que sufrieron. También declararán los peritos forenses, para determinar las indemnizaciones a las que tienen derecho, en gran parte ya adelantadas por el seguro de Renfe.

Durante esta parte del juicio está prohibida la difusión de datos médicos de los declarantes, ya que forman parte de su vida privada. Y también estará prohibido identificarlos por nombre y apellido, a menos que ellos mismos decidan atender a los medios. Unas condiciones fijadas por el poder judicial para la cobertura mediática de esta parte del juicio oral que no impidieron que las cámaras de televisión regresaran a las puertas de la Cidade da Cultura, donde se celebrar este proceso por los 80 muertos y 140 heridos.

Quien atendió a los medios fue el presidente de la Asociación de Heridos por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago (Apafas), Cristóbal González Rabadán, un militar que iba en el tren el 24 de julio de 2013 tras hacer parte del Camino de Santiago en bicicleta. Frente a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, presidida por Jesús Domínguez, más activa en la búsqueda de las causas técnicas del accidente y con unos 200 asociados, Apafas, la primera asociación creada, tuvo cierto protagonismo en los meses posteriores al accidente en la reclamación de la asistencia médica y psicológica para los afectados, para después dejar de hacer declaraciones públicas.

Este martes, González Rabadán, que dijo desconocer cuántos asociados tiene ahora Apafas, se dirigió a los medios de comunicación para mostrar su "desilusión" y "desmotivación" ante el juicio. "Después de nueve años", dijo, su petición es "que acabe pronto". "Este daño es irreparable", explicó el presidente de Apafas, quien aseguró que "habrá sentencia, claro, pero justicia es imposible".

González Rabadán, como ya han contado otras víctimas en los últimos años, se reunió hace tiempo con el maquinista de Alvia, Francisco José Garzón. Varios afectados han declarado que estos encuentros les ayudaron con su propio dolor al ver el arrepentimiento mostrado por uno de los dos imputados por el accidente —también está un exdirector de Seguridad de Adif—. Esa actitud del maquinista, que puede ser entendida como una reparación moral del daño más allá de la compensación económica que asumen las aseguradoras, es una de las tres posibles atenuantes que su defensa viene tratando de demostrar durante el juicio, junto con su inmediata confesión y las dilaciones indebidas del proceso judicial. 

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En el interior de la sala, lo que se puede contar de lo declarado dentro, presencialmente o por videoconferencia, son cuestiones genéricas que no transmiten el dolor de las personas comparecientes: víctimas atrapadas en el tren durante lo que ellos consideraron mucho tiempo, familiares angustiados por la falta de noticias sobre lo ocurrido a los suyos, secuelas médicas o psicológicas durante años, pérdida de objetos personales con valor emocional, obras en domicilios por incapacidades sobrevenidas o carreras profesionales truncadas.

Hubo quien criticó el abandono por parte de los seguros y las administraciones y hubo quien agradeció la asistencia recibida. Pero en lo que sí coincidieron varias víctimas fue en su respuesta a por qué eligieron el tren como medio de transporte: "seguridad, rapidez y comodidad".

Aquí puedes leer el texto original en gallego.