Los nuevos ayuntamientos que marcan distancias con la Iglesia

Que alcaldes y concejales participen en procesiones, misas y actos religiosos en función de su cargo es una estampa aún habitual en España. Pero muchos de los nuevos equipos de gobierno locales, elegidos en las pasadas elecciones del 24 de mayo, pretenden que eso cambie y por ello los regidores de ciudades como Valencia, Oviedo, Barcelona o Zaragoza han puesto en marcha medidas que van desde la no asistencia a los ritos hasta su negativa a financiar o ceder espacios públicos para actividades privadas de la Iglesia.

Por contra, otros alcaldes tienen la intención de seguir manteniendo la tradición. Entre ellos se encuentra el regidor de Cádiz, José María González KichiKichi, que hace un par de semanas recibió la medalla de hermano de la Cofradía del Nazareno de la ciudad y argumentó que el santo "es uno de los grandes representantes de la cultura gaditana". En cualquier caso, los expertos consultados por infoLibre restan importancia a la influencia que puedan tener estos actos a nivel electoral, si bien señalan que el hecho de que se hayan comenzado a dar pasos en favor del laicismo puede provocar que otras administraciones imiten estas medidas. Por su parte, los activistas por la laicidad se felicitan por los avances, aunque aseguran que no hay que "bajar la guardia".

Quien dio el pistoletazo de salida fue el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega (Compostela Aberta), que antes de tomar posesión como regidor anunció que no participaría en la ofrenda al Apóstol Santiago en la catedral de la ciudad y, días después, señaló que tampoco tenía intención de acudir a la ofrenda del Antiguo Reino de Galicia al Santísimo Señor Sacramentado, celebrada el 14 de julio y en la que sí estuvieron multitud de alcaldes de PP y PSOE. “Soy de los que pienso que no le corresponde a un alcalde pedirle al Apóstol que termine con el desempleo y la corrupción”, argumentó Noriega en un artículo publicado en Praza Pública.

Tampoco estuvo en este acto el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), que en su lugar participó en un homenaje a la matemática María Wonenburger, fallecida en 2014, que fue la primera española que logró una beca Fullbright –un prestigioso programa de intercambio– para doctorarse en EEUU. “Hoy el alcalde de A Coruña está donde tenía que estar, homenajeando a la ciencia, homenajeando al conocimiento, y homenajeando a una coruñesa”, sostuvo entonces Ferreiro.

Pero no sólo los acaldes de las mareas gallegas han sido protagonistas de este tipo de actuaciones. La regidora de Barcelona, Ada Colau, provocó la polémica el pasado 16 de julio cuando negó el permiso para que se celebrase una misa por los caídos del bando golpista en la Guerra Civil en el antiguo santuario en el castillo de Montjuïc, un edificio cuya propiedad es del Ayuntamiento. Días, más tarde, el 22 del mismo mes, Colau anunció que la tradicional misa de la Mercè no se incluiría dentro del programa oficial de los festejos populares del mismo nombre –los más grandes de Barcelona– para "adaptar la fiesta a lo que es el principio básico de la aconfesionalidad y laicidad de las instituciones".

El rito, obviamente, se celebrará como habitualmente, pero Colau anunció que ni ella ni niguno de sus concejales acudirán en representación del Ayuntamiento. Y la misma medida quiere impulsar el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve (Zaragoza en Común), pero incluyendo todos los actos religiosos y a todos los ediles de la corporación, para lo cual el Gobierno municipal impulsará una reforma del Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del consistorio. De esta forma, Santisteve pretende que la asistencia a festejos populares de miembros del Ayuntamiento en calidad de tal sea voluntaria, así como establecer que los concejales sólo puedan asistir a oficios religiosos a título individual.

No se financiarán misas y los funerales serán laicos

El nuevo Ejecutivo local de Oviedo –que integran PSOE, Somos Oviedo e IU–, por su parte, ha puesto en el punto de mira no tanto la presencia de concejales en actos religiosos, sino su financiación con fondos públicos. Y por ello la vicealcaldesa, Ana Taboada, anunció que el Ayuntamiento dejará de aportar dinero para ritos como la misa en recuerdo de Alfonso II, rey del antiguo Reino de Asturias. De la misma forma, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, dio orden a la Policía municipal y los bomberos para que no escolten las procesiones durante la Semana Santa.

Según informa el diario El Comercio, el consistorio ovetense sí se plantea seguir financiando actos culturales que se celebren en el interior de las iglesias o centros religiosos, para lo cual planea aprobar un plan que fije los criterios para distinguir unas actividades de otras. Y el Ayuntamiento de Valencia también establecerá una diferenciación similar: su alcalde, Joan Ribó (Compromís), señaló a finales de julio que el consistorio estará presente como institución en aquellas manifestaciones religiosas que entienda que tienen un valor cultural –aunque no las presidirá–, pero no incluirá actos litúrgicos en los actos que organice. De esta forma, la bandera valenciana no entrará a la catedral de la capital durante la celebración del Día de la Comunidad Valenciana, el 9 de octubre.

Y si el Gobierno municipal de Valencia se ha manifestado con respecto a los actos festivos, el nuevo Ejecutivo de la Generalitat –que preside el socialista Ximo Puig con apoyo de Compromís– lo ha hecho en referencia a los funerales oficiales, que actualmente se celebran bajo el rito católico. La vicepresidenta autonómica y portavoz del Gobierno, Mónica Oltra, explicó a finales de julio que la Generalitat prepara un protocolo para respetar "libertad religiosa y de culto" en los sepelios que organice la comunidad, que no se adscribirán a ninguna confesión religiosa.

Europa Laica aprueba las medidas desde la cautela

Todas estas actuaciones son "muy positivas" para Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, que no obstante pide no echar las campanas al vuelo porque, a su juicio, aún queda mucho por hacer para lograr la verdadera separación entre la Iglesia y el Estado en España. "Los ayuntamientos tienen una gran responsabilidad, porque son las instituciones que tienen la relación más directa con la ciudadanía y se pueden hacer más cosas" en este sentido, sostiene Delgado, que no obstante denuncia que el grueso de la relación entre los ámbitos religioso y político está fijada por el Concordato de 1979, que depende del Gobierno central.

"No es oro todo lo que reluce", señala sin embargo el activista, que denuncia que muchos de los nuevos Gobiernos locales y regionales siguen manteniendo la presencia de la Iglesia y sus símbolos en actos políticos y viceversa. "El nuevo Gobierno navarro, por ejemplo, ha jurado y prometido sus cargos delante del crucifijo, como siempre", denuncia Delgado en referencia al Ejecutivo encabezado por Uxue Barkos. Más reacio se muestra a criticar al alcalde de Cádiz, si bien desliza que "él verá lo que tiene que hacer para cumplir el mandato de quien le ha votado".

Los expertos consultados por infoLibre dudan de que las actuaciones llevadas a cabo por los Gobiernos municipales y autonómicos en pro de la laicidad vayan a tener un efecto importante en sus expectativas electorales. "Al final, lo que la gente quiere es tener su ciudad más limpia" y no le importan tanto las medidas de carácter más ideológico, resume Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid  (UC3M), que no obstante asegura que las iniciativas en pro de la laicidad atesoran un gran capital simbólico.

"Perdidas o ganancias mínimas"

"Estas medidas tienen dos motivaciones", señala Simón: "la convicción, y la realización de ajustes hasta que sepas cuánto margen de maniobra tienes en el Ayuntamiento". "Por una parte, los nuevos alcaldes creen que tienen que cambiarse estas tradiciones en los ayuntamientos porque pertenecen a unas élites más a la izquierda del PSOE, que las ha mantenido, y por otra parte es efecto de que los ayuntamientos aún tienen un margen de maniobra estrecho, porque no saben cuánto pueden cambiar las políticas publicas", explica el experto, que señala que hasta las elecciones generales este tipo de medidas tendrán mucho peso en los nuevos Gobiernos.

"Los debates simbólicos son los más baratos y los más fáciles, el problema es que caducan rápido", sostiene Simón, que asegura que estas medidas vienen bien a los nuevos Ejecutivos "para evidenciar que tienen vocación de cambio", pero son iniciativas que "se olvidan muy rápido". "El margen que tengan las candidaturas para cambiar las políticas públicas tendrá mucho más efecto en el voto", remacha el especialista. Fermín Bouza, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y especialista en opinión pública, está de acuerdo: "Los movimientos de voto que pueden provocar estas medidas son pérdidas o ganancias mínimas".

"Estos cambios sólo provocan pequeños flujos, porque los apoyan minorías muy activas, y los que están muy a la derecha lo viven como una afrenta a sus creencias, pero no te votaban igualmente", abunda Bouza. Esta falta de implicación de la mayoría de la ciudadanía con estas cuestiones también se nota en que no existe un clamor por cambios como los realizados por los nuevos alcaldes. "Dudo que haya una mayoría que lo apoye, porque la gente está acostumbrada" a que sus regidores participen en fiestas religiosas, opina el catedrático, que sin embargo contrapone que sí existe una reivindicación "activa" en la sociedad para limitar "la interferencia excesiva de la Iglesia en la escuela".

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Tirar del PSOE hacia la izquierda

Este desinterés, no obstante, también es uno de los factores de que la gente "se esté adaptando" a los cambios sin que ocurra "nada extraordinario", según Bouza. Para Simón, por su parte, que se hayan comenzado a tomar medidas en pro de la laicidad en algunos ayuntamientos va a provocar un "efecto contagio". "Al final, va a haber cesiones a la izquierda del PSOE allí donde este gobierne" con apoyo de otras fuerzas, sostiene el politólogo, que explica que influirán en los posibles cambios "tanto el tamaño del municipio, como la idiosincrasia y el tamaño de la agrupación local del PSOE".

"En los pueblos de Andalucía, tomar esta decisión sería mucho más costosa que en el norte de España", ejemplifica Simón en este sentido. De cara a las generales, es otro cantar. "Se va a jugar a polarizar el voto, y este tipo de cuestiones pueden servir para movilizar a tu electorado", señala el experto, que no obstante alerta: las medidas con un marcado carácter ideológico "pueden convertirse en un bumerán, porque no está nada claro quién se vaya a beneficiar de esta movilización, si la derecha o la izquierda". La respuesta, el próximo diciembre.