El número de bancos europeos investigados por blanqueo se multiplica mientras Bruselas busca frenar el lavado de dinero

La publicación de los papeles de Panamá durante los primeros compases de 2016 provocó un enorme terremoto político en suelo comunitario. La ingente documentación del despacho de abogados Mossack Fonseca en manos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ponía de manifiesto el uso sistemático de sociedades offshore para esquivar el pago de impuestos y planteaba dudas sobre la eficacia de la normativa comunitaria contra el blanqueo de capitales. Por eso, Bruselas no tardó en tomar la iniciativa anunciando su intención de crear una lista negra de paraísos fiscales y proponiendo una normativa pública sobre transparencia fiscal para las multinacionales, una directiva que se encuentra bloqueada en la actualidad. Junto con estas medidas, la Eurocámara puso en marcha investigaciones parlamentarias para arrojar luz sobre una filtración que había colocado en la palestra a más de un centenar de políticos y una docena de jefes de Estado, además de deportistas, actores o empresarios. Unas pesquisas en las que se dio especial importancia al papel que abogados o entidades financieras juegan en todos estos entramados.

Uno de los informes que más abundó en este último aspecto fue el elaborado por la Comisión de Investigación sobre Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales. El documento, aprobado tras el estallido de los papeles de Panamá, BahamaLeaks y los papeles del Paraíso, destacaba que los bancos “son actores fundamentales para detectar transacciones sospechosas” y criticaba que, tal y como se había puesto de relieve a través de diferentes pruebas aportadas a la investigación, determinadas entidades hubieran “abierto cuentas para sus clientes” antes de cumplir con los “requisitos de diligencia debida” y de “identificar a los titulares reales”. “Los bancos no siempre han cumplido sus propias directrices internas ni los requisitos reglamentarios”, resaltaba la comisión, añadiendo que “en algunos casos” ni siquiera había clasificado a los clientes “en la categoría de alto riesgo adecuada”. En este sentido, además, lamentaba que continuasen operando “libremente”, sin “sanciones de ningún tipo”, aquellas entidades europeas cuya “participación activa y sistemática” en “prácticas ilegales” había “quedado acreditada”.

Ahora, dos años después, las autoridades comunitarias siguen preocupadas. Y así lo dejó entrever el pasado mes de julio el entonces vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Euro y los Servicios Financieros, Valdis Dombrovskis. “Tenemos un problema estructural en cuanto a la capacidad de la Unión para evitar que el sistema financiero se utilice con fines ilícitos”, apuntó en rueda de prensa el miembro del Ejecutivo comunitario, quien sin poner nombres sobre la mesa avisó de que las normas contra el lavado de dinero y el blanqueo de capitales “no se han aplicado por igual” en todos los bancos ni en todos los Estados miembro. Una falta de marco normativo “creíble” que, en opinión del comisario letón, supone un serio problema a la hora de “mantener la integridad del sistema financiero europeo”. Porque según los cálculos de la Oficina Europea de Policía (Europol), unos 200.000 millones de euros en circulación en suelo comunitario podrían proceder de actividades ilícitas.

Con el objetivo de taponar este enorme agujero negro, las instituciones europeas dieron el visto bueno el pasado mes de marzo a una revisión de las competencias de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para otorgar al organismo nuevos poderes en la lucha contra el lavado de dinero. Sin embargo, media docena de Estados miembro –España, Francia, Alemania, Holanda, Italia y Letonia– plantearon hace un par de meses la posibilidad de poner en marcha un organismo supervisor independiente en esta materia con competencias en todo el sector financiero. Una medida que quedó incluida un mes después en las conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre las prioridades estratégicas contra el lavado de dinero. Así, el documento aprobado por los ministros de Finanzas invitaba a la nueva Comisión a “estudiar” las “posibilidades, ventajas e inconvenientes” de otorgar “determinadas responsabilidades y competencias para la supervisión del blanqueo de capitales” a un órgano “con estructura independiente y competencias directas” y a “presentar propuestas legislativas en este sentido”.

Danske, Pilatus o Deutsche Bank

Las conclusiones también exigían al Ejecutivo europeo “esfuerzos” para conseguir “un mayor nivel de armonización de toda la normativa” antiblanqueo. Y pedían que se diera “prioridad al sector financiero”. No es de extrañar. Sólo durante los dos últimos años se han puesto al descubierto agujeros en entidades letonas, danesas, holandesas, alemanas o españolas que las han situado bajo la lupa de la justicia. Según los datos de la agencia de calificación Moody’s, las entidades financieras europeas han tenido que desembolsar entre 2012 y 2018 la friolera de 14.651 millones de euros por multas ligadas a vulnerabilidades en la lucha contra el lavado de dinero o por infringir sanciones comerciales. De todos ellos, el castigo más elevado –8.900 millones– fue el que tuvo que afrontar la firma francesa BNP Paribas por saltarse las restricciones estadounidenses permitiendo transacciones en beneficio de entidades cubanas, iraníes o sudanesas.

Una de las investigaciones más potentes que se están llevando a cabo en el Viejo Continente es la que afecta al banco danés Danske Bank. El escándalo estalló en septiembre de 2018, cuando se hizo público que la entidad estaba analizando transacciones por valor de 200.000 millones de euros en su filial estonia entre 2007 y 2015 tras descubrirse que había sido utilizada para el blanqueo de capitales. “No hay dudas de que los problemas eran mucho mayores de lo que habíamos anticipado cuando iniciamos las investigaciones. Las conclusiones de los análisis apuntan a que los controles fueron insuficientes”, afirmó entonces el presidente del Danske, Ole Andersen. Poco a poco, la mancha fue extendiéndose. Se abrieron pesquisas en Estonia, Francia, Estados Unidos o Dinamarca. Y la Autoridad Bancaria Europea comenzó a estudiar, a petición de la Comisión Europea, si los supervisores daneses y estonios incumplieron sus obligaciones en este escándalo. La ABE terminó dando carpetazo al asunto sin una sola recomendación, algo que Bruselas tildó de “decepcionante”.

Pocos días antes de que el Danske Bank reconociese las pesquisas, el holandés ING desembolsó 775 millones de euros de multa para poner fin a una investigación por lavado de dinero que llevaba arrastrando desde 2016, cuando la Oficina Holandesa contra el Fraude detectó varias transacciones sospechosas a nombre de la entidad. Entre las operaciones sobre las que se puso la lupa destacó el pago de varios millones de euros en sobornos a la hija del presidente de Uzbekistán, Gulnara Karimova. Fue el caso más llamativo. Sin embargo, las investigaciones evidenciaron que empresas de todos los sectores se habían servido del banco para lavar cientos de millones de euros. El departamento de clientes ricos del ING ya había sido sancionado por el Banco de Holanda por no haber comprobado debidamente la procedencia de dinero en efectivo. Y le advirtió sobre los peligros de estas lagunas. Sin embargo, la entidad financiera, en lugar de ponerse manos a la obra, optó por llevar a cabo un recorte del personal encargado de echar el ojo a los movimientos sospechosos.

El mes de noviembre también fue especialmente oscuro para otras dos entidades. El primer mazazo se lo llevó la maltesa Pilatus Bank, al que el Banco Central Europeo retiró la licencia en medio de acusaciones de corrupción y blanqueo de capitales. No era la primera vez que el regulador actuaba con firmeza: en febrero había bloqueado los pagos del letón ABLV por las acusaciones de lavado de dinero procedentes de EEUU. Luego le tocó el turno al Deutsche Bank, cuyas oficinas fueron registradas en el marco de una investigación centrada en la presunta ayuda que algunos empleados de la firma habrían prestado a clientes para blanquear capitales a través de paraísos fiscales. El pasado mes de diciembre, se resolvió el caso después de que el Deutsche Bank aceptase el pago de una sanción de 15 millones de euros. Multa que responde, según informó la Fiscalía, a los fallos a la hora de comunicar posibles operaciones de lavado vinculadas con una filial de la entidad financiera en las Islas Vírgenes. Pero también a la falta de control y la escasa dotación de personal y medios en el departamento antiblanqueo.

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Las manchas en Españamanchas

La lista de escándalos también se extiende a España. En abril de 2018, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió imputar a Caixabank por un delito de blanqueo de capitales por la participación de una decena de sus sucursales en el favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en algunas de las grandes operaciones contra la mafia del país asiático –Emperador, Chequia, Snake y Pólvora–. En el auto, el juez consideraba que tanto las oficinas bajo la lupa como sus directivos y empleados habrían actuado como “canales de blanqueo de dichas organizaciones” a pesar de que “podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. La entidad financiera es consciente de que la investigación puede pasarle factura. “Está expuesta a riesgo reputacional por la tramitación de este procedimiento”, señaló el pasado mes de julio en un folleto remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No es la única causa en la que se encuentra inmersa la entidad presidida por Jordi Gual. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, también investiga a Caixabank, ING e Ibercaja en el marco del procedimiento centrado en el shell bank Bandemia Banca Privada. El pasado mes de julio, De la Mata dictó un auto, desvelado por El Confidencial, en el que ponía de manifiesto la existencia de “datos objetivos” que apuntaban “al incumplimiento sistemático de la legislación vigente” en materia de prevención del blanqueo de capitales por parte de las tres entidades, cuyas cuentas habrían sido utilizadas por Bandemia para mover dinero de narcotraficantes, proxenetas o políticos corruptos extranjeros. De hecho, a comienzos de diciembre la Audiencia Nacional descubrió que ING ni llevó a cabo una investigación ni disponía de un plan de prevención contra el lavado de dinero. Caixabank e Ibercaja, sin embargo, sí que analizaron los movimientos de fondos tras relevarse las conexiones del shell bank con una red dedicada al tráfico de drogas.