El PP busca extender sin indicios el 'caso Koldo' a dos ministerios más y a Ferraz

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo del pasado 8 de octubre ha dado un paso más y ha situado al exministro de Transportes y todavía diputado José Luis Ábalos en el centro de la trama corrupta. Pese al enorme salto cualitativo dado a la causa por ese documento policial, el PP, que ya está personado en ella como acción popular, ha decidido no ampliar su acusación a la supuesta financiación irregular del PSOE que ahora aprecia. El partido de Alberto Núñez Feijoo ha preferido hacerlo en otra investigación judicial recién conocida y en la que, hasta el momento, no ha aparecido la figura de ningún dirigente o cargo socialista. Se trata del caso Hidrocarburos que investiga delitos fiscales por un importe de 182,5 millones de euros en una trama de distribución de carburantes, instruida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. ¿Por qué el PP recurre a esta última causa para jugar su principal carta judicial contra el Gobierno?

El nexo entre ambas instrucciones es el empresario y conseguidor Víctor de Aldama. En el caso Koldo, Aldama juega un papel fundamental. Él es el que organiza pagos regulares de en torno a 10.000 euros al mes (también otros abonos extraordinarios) al principal asesor de Ábalos en el ministerio, Koldo García Izaguirre. También es la persona que orquesta la compra de un chalé en la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz) destinada únicamente al disfrute del ex secretario de Organización del PSOE y, durante muchos años, mano derecha de Pedro Sánchez. Aldama se encarga también de que la pareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, pueda permitirse vivir en un apartamento en el undécimo piso de la Torre de Madrid, uno de los edificios más representativos de la capital situado en plena plaza de España. Mediante esos pagos en dinero y en especie, Aldama habría conseguido la adjudicación presuntamente fraudulenta de contratos de suministro de mascarillas por valor de 54 millones de euros o utilizar su influencia para que el Gobierno rescatara Air Europa.

El informe de la UCO que ha acorralado a Ábalos también esboza parte de la operativa de Aldama en el caso Hidrocarburos, que ha costado al empresario su ingreso en prisión provisional. Los investigadores narran en el documento, cómo, tras la destitución de Ábalos y Koldo en el ministerio, este último siguió intermediando a favor del empresario en otro ministerio, el de Industria. El objetivo era conseguir para Villafuel, empresa controlada por Aldama y su socio, también encarcelado, Claudio Rivas, el título de operador del mercado mayorista de hidrocarburos, un paso fundamental para desarrollar la trama corrupta a través de un conglomerado de empresas pantalla que sirvió para poner en marcha el fraude fiscal millonario y supuesto blanqueo posterior de lo obtenido con él.

Villafuel consiguió ese distintivo en septiembre de 2022, según la investigación que dirige el juez Pedraz, pero en el informe de la UCO del caso Koldo -instruido por su compañero Ismael Moreno- se relata un intento previo y fallido de obtenerlo gracias a la influencia de Koldo, ya cesado como asesor de Ábalos. Tanto Aldama, como su socio Claudio Rivas, achacaron el fracaso en esa primera tentativa al hecho de haber dejado de pagar el chalé que disfrutaba Ábalos tras su salida del ministerio, según relatan los investigadores de la Guardia Civil. El empresario, según los agentes, se habría valido de la entrega de ese inmueble al exministro para conseguir el título de operador para Villafuel. "Esta última condición quedó comprometida con la salida en el mes de julio [de 2021] de Koldo-Ábalos", del ministerio.

Tras ocho meses de investigación, el caso Koldo se encuentra ya muy avanzado. Pero hasta el momento, los investigadores no han encontrado un solo indicio de que de la trama se hubiera beneficiado el PSOE. Lo que hasta el momento se ha descubierto es que los pagos de Aldama y los empresarios de su entorno y sus prebendas para conseguir influencia en el Gobierno se centraron únicamente en el ministro y su asesor. Con la presentación de la querella por financiación ilegal en el caso Hidrocarburos, el PP pretende estar presente en una causa que podría extender la operativa de Aldama a otros dos ministerios del Gobierno de Sánchez: el de Industria, donde Koldo habría hecho gestiones tras su salida, y el de Transición Ecológica, cuya Dirección General de Hidrocarburos es la que tramita el título de operador. En esta última causa, que está bajo secreto de sumario, tampoco han aparecido, por el momento, pagos al partido, pero se encuentra en una fase mucho más preliminar.

El único vínculo con presuntos pagos al PSOE al que alude el PP en su querella no se deduce de las actuaciones judiciales ni del caso Koldo ni del de Hidrocarburos, sino en una noticia del diario The Objective en la que un supuesto denunciante anónimo aseguró que Aldama reclamó un pago de 600.000 euros para conseguir el título de operador de hidrocarburos, cantidad que se destinaría a "sus contactos en el Gobierno". El teórico denunciante aseguró que 90.000 euros de ese montante total se abonaron en una bolsa de plástico en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Entre los querellados por ese partido en el fraude de combustibles, está también Koldo García como urdidor de la operación, pero su nombre, hasta el momento, no ha aparecido en la causa.

Este jueves, la Fiscalía Anticorrupción, presente en ambos casos, ha recurrido precisamente a ese hecho, que la querella se basa en una denuncia anónima no contrastada con hechos, para pedir al juez Pedraz que la rechace de plano. El Ministerio Público también se basa en el hecho de que el escrito del partido de Feijóo se contradiga con hechos ya aclarados en la investigación del caso Koldo, que dirige Ismael Moreno. La fiscalía no se opone a que el PP entre en el caso como acusación popular, pero no por un supuesto delito de financiación ilegal del que, hasta el momento, no ha aparecido un solo indicio.