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El PP fracasa en su estrategia de suplantar la labor del Congreso desde el Senado
El Senado se ha convertido en una institución al servicio de los intereses del Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez, donde los conservadores hacen y deshacen a su antojo gracias a la mayoría absoluta conseguida en julio de 2023. Una mayoría que permite a la formación de Alberto Núñez Feijóo iniciar el trámite de normas, que el PP ha bautizado como 'leyes Feijóo', pese a que el Senado funciona, en la práctica, como un órgano de segunda lectura de las leyes que le llegan del Congreso —y no al revés—. Como norma general, el Congreso tiene la última palabra cuando el Senado discrepa, así que la Cámara Alta, como mucho, sólo puede retrasar las decisiones de los diputados, como sucedió con la amnistía.
A lo largo de la democracia solo 15 leyes registradas en la Cámara Alta fueron después ratificadas por la Baja, según los datos recopilados por el Senado. Un número recudido de normas, consensuadas entre varios grupos, que contrastan con las 18 las leyes del PP en solitario que el Senado ha tomado en consideración solo en esta legislatura. Iniciativas que después terminan congeladas por la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso, lo que ha generado protestas tanto el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, como el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán. Y, pese a las quejas, es ahí donde, previsiblemente, se quedarán el resto de la legislatura, ya que es el órgano del gobierno del Congreso el que tiene capacidad para decidir qué iniciativas se quedan en el cajón de sastre conocido como el plazo de ampliación de enmiendas
El último ejemplo de este uso partidista del Senado es el registro de la ley de conciliación, una norma de la que Feijóo ha hecho bandera pero que por el momento no cuenta con mayoría suficiente para ser aprobada en el Congreso. Otras iniciativas son, por ejemplo, una proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal, otra para el reconocimiento como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones, otra para bajar el IVA a las peluquerías o la reciente ley del suelo, cuyo contenido no se diferencia en exceso de la proposición que el PSOE llevó al Congreso y que tumbó el PP.
El PP acusa a Armengol de "secuestrar la democracia" por congelar sus iniciativas
La formación de Feijóo lleva a cabo así una instrumentalización de la institución que contrasta con las acusaciones de partidismo que el líder del PP hace constantemente a Sánchez para negar legitimidad a entidades intermedias que dependen del Ejecutivo, como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por el hecho de que sus máximos responsables sean de la confianza del Gobierno. Una imputación que ha extendido, sucesivamente, al Tribunal Constitucional (TC), la clave de bóveda del sistema, a la Presidencia del Gobierno y también Congreso.
En los últimos días la derecha ha redoblado su ofensiva contra la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que se ha convertido desde que arrancó esta legislatura se convirtió un objetivo a batir para la dirección de Feijóo. El martes, tras la Junta de Portavoces, Tellado le acusó de hacer "trampas antidemocráticas" por prorrogar "semana tras semana el plazo de prorrogación de enmiendas". Una práctica que el PP aplicó durante el primer mandato de Sánchez, al ostentar, junto con Ciudadanos, la mayoría de la Mesa "Esta es una democracia secuestrada, y la secuestradora se llama Francina Armengol", dijo.
Tellado le reclama a Armengol una independencia que no rige para el presidente del Senado, que desde su elección en agosto de 2023 ha utilizado su cargo como plataforma política contra Sánchez y sus aliados. Rollán, un político aupado a la política nacional por Isabel Díaz Ayuso, no ha mantenido precisamente un perfil neutral. A lo largo de la legislatura año ha convertido el Senado en territorio hostil asumiendo como propias todas y cada una de las posiciones de su jefe de filas denunciando, incluso, la "falta de legitimidad" de Sánchez, lo que ya ha motivado varias protestas de los grupos parlamentarios.
Las enmiendas del Senado protagonizan una sonora bronca entre Tellado y Gómez de Celis
El pulso contra la Presidencia de la Cámara se elevó en los días posteriores. El El PP reclamó la tarde del miércoles, cuando el pleno había comenzado el martes, que uno de los puntos incluidos para discutir el jueves sobre la ley de prevención de pérdidas y el desperdicio alimentario se aplazara para otra sesión. Al inicio de la sesión, Tellado pidió palabra para exigir que se modificara el orden del día y quedara fuera del mismo el debate y la votación de esta ley, que incluía la retirada del lobo del listado de especies protegidas. Aunque el vicepresidente de la Cámara Baja explicó que esta cuestión sería abordada antes de que comenzara el debate de este punto, Tellado insistió en que le diera la palabra e invocó varios artículos del reglamento.
El PP, apoyado por Junts y ERC, utilizó su mayoría en el Senado para introducir enmiendas a la ley de desperdicio sobre otras materias, relacionados algunos hasta con la protección del lobo o la solución a las purinas en granjas ganaderas catalanas. Ese proyecto regresó al Congreso tras aceptarse 46 de esas modificaciones del Senado. El Gobierno, finamente, acabó vetando cuatro de ellas, utilizando como argumento que suponía un aumento del gasto, como hace de manera recurrente.
Ante la negativa del vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, de aplazar el punto, Tellado acusó a los miembros de la Mesa del Congreso de adoptar una decisión "ilegal e inconstitucional" e incluso lanzó que habían "prevaricado" por no tener en cuenta los informes del secretario general de la Cámara y letrado mayor del Senado. Gómez de Celis acabó llamándolo al orden en dos ocasiones después de que instara a la bancada del PP a levantarse golpeando sus escaños, entre gritos de "reglamento, reglamento", "dictadura", "vergüenza", "arbitrarios", "mercenarios", "vendidos" y "prevaricación".
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El rodillo que aplica el PP gracias a su mayoría absoluta en el Senado no es nuevo. Trató de boicotear la ley de amnistía con todos sus recursos pero no pudo lograrlo —solo la retrasó temporalmente— y, finalmente, la norma fue aprobada en el Congreso poco antes de las elecciones europeas. Hace dos semanas el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la reforma del reglamento que los senadores populares aprobaron en noviembre de 2023 para dilatar la tramitación de la ley de amnistía. Lejos de rectificar, la formación de Feijóo cargó contra decisión del tribunal de garantías.
El Senado también acogió el PP la visita de la Comisión de Venecia, cuyo dictamen de la amnistía tampoco fue lo contundente que Génova esperaba. El dictamen evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la medida y sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario. Tampoco hizo mención alguna a la "conveniencia" del "proyecto" o a su "idoneidad para alcanzar el objetivo declarado": "Se trata de decisiones políticas que corresponde adoptar al Gobierno y al Parlamento". Ni vio problema en relación a la "separación de poderes" si quien aplica la norma son los propios jueces. Eso sí, reprochó el procedimiento de tramitación, "con una consulta limitada al público, a los interesados y a otras instituciones estatales".
La Cámara Alta también puede aprobar comisiones de investigación contra Sánchez, un arma de desgaste político que el PP ha utilizado pero también sin éxitos. Los conservadores llevan amagando desde hace casi un año con llamar a declarar al presidente del Gobierno pero todavía no lo han hecho. Sí crearon una comisión específica para investigar la dana, pero hace un mes impidieron que compareciera la periodista que comió con el presidente valenciano, Carlos Mazón, en la jornada de la gota fría y de numerosos cargos de la Generalitat Valenciana, entre otras la exconsellera responsable de Emergencias Salomé Pradas, actualmente investigada por la jueza que instruye el caso.
