La responsabilidad que no asumió el equipo de Almeida por el 'caso mascarillas' y que ahora exige a Armengol
"¿Responsabilidad política? No, hay que entender el contexto". "Lo mejor que podría hacer es presentar su dimisión". Ambas frases, separadas por algo menos de dos años, han sido pronunciadas por la misma persona: el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Y hacen referencia a la misma materia: las supuestas estafas sufridas por administraciones públicas en la compraventa de material sanitario en pandemia. Pero entre una y otra hay una diferencia importante. La primera se refiere al engaño sufrido por el Ayuntamiento de Madrid en el caso mascarillas. La segunda, a la derivada balear del caso Koldo. La misma por la que el PP exige ahora la dimisión inmediata de la exlíder del Govern balear y presidenta del Congreso, Francina Armengol. Los conservadores hablan de asumir la "responsabilidad política". Algo que nadie hizo, sin embargo, en su momento en la capital.
El llamado caso mascarillas le estalló al equipo de Almeida en abril de 2022, días después de que el PP presentase ante el Ministerio Público la denuncia de la que ahora ha derivado la causa centrada en Koldo García, exasesor de Luis Ábalos. Fue la Fiscalía Anticorrupción la encargada, tras casi año y medio de investigación, de judicializar el supuesto engaño sufrido por el consistorio en la compra de material sanitario –mascarillas, guantes y test– a la empresa malaya Leno. Una operación con la que hicieron caja el aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño. Ambos, según el auto de procesamiento, inflaron considerablemente el precio de los contratos para cubrir las "elevadas" comisiones fijadas –entre los dos se repartieron 6,1 millones de dólares–.
Nadie en el Ayuntamiento de Madrid, al que el juez siempre consideró como perjudicado en el procedimiento, creyó entonces que se tuviese que asumir ninguna responsabilidad. Y eso que desde la oposición, incluyendo al PSOE, se exigieron dimisiones: "Alguien toleró que se robaran seis millones, pero aquí no dimite nadie porque son irresponsables". "¿Saben lo que se vivía en España en aquel momento? Había miles y miles de servidores públicos saliendo a las calles sin protección. ¿Qué hicimos? Tratamos de obtener mascarillas en un momento complicado que jamás pensamos vivir. ¿De verdad piensan que teníamos algún interés en que se produjera una estafa? Solo queríamos encontrar mascarillas", se defendía el alcalde de la capital.
Los comisionistas recurrieron al primo del regidor, de quien consiguieron su contacto a través de la directora de una universidad privada, para llegar hasta el Ayuntamiento. Éste, a su vez, se puso en contacto con Matilde García Duarte, entonces coordinadora general de Alcaldía, quien le facilitó un correo al que Luis Medina podía dirigirse. Y así lo hizo el 18 de marzo de 2020 a las 13:39: "Hola Maite –se refería a Matilde–. Siguiendo las instrucciones de Carlos [Martínez-Almeida] te envío algunos productos que tenemos disponibles". Un ofrecimiento que llegó también a manos de Elena Collado, entonces jefa de compras. "De este modo tan rápido y eficaz –sostiene el auto de procesamiento–, y al margen del correo general de ofertas y, por tanto, con manifiesta ventaja sobre otros posibles ofertantes, Medina proporcionó los datos necesarios a Luceño para que iniciase las gestiones".
Los protagonistas siguen en el consistorio
Todos estos protagonistas tuvieron que prestar declaración ante el instructor. Ahora bien, como testigos. El juez siempre se negó, al igual que con la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, a citarles como investigados. "Fue engañada por los comisionistas, quienes le ocultaron (...) el importe de sus desmesuradas comisiones, por lo que actuó de buena fe", sostuvo sobre Collado.
La jefa de compras en los momentos más duros de la pandemia, de hecho, llegó a descartar en un correo electrónico enviado a García que Medina y Luceño estuvieran cobrando comisión alguna, a pesar de que pedían por los productos un precio más alto de lo normal –mascarillas y test fueron los más caros comprados por los ayuntamientos más grandes en aquellas fechas–: "Llevamos desde el viernes hablando y han renunciado a todo tipo de comisiones".
"Antes de que se vayan Engracia Hidalgo y Elena Collado me voy yo de este ayuntamiento", sostuvo Almeida, quien incluso tuvo que dar explicaciones por una llamada con Medina –"hablé para agradecerle una donación de mascarillas– y por una carta en la que se avalaba a Luceño como intermediario. Pero nadie abandonó el Palacio de Cibeles.
El dirigente del PP conservó el bastón de mando tras los comicios autonómicos. Hidalgo, por su parte, continúa en el equipo de gobierno como delegada de Área de Economía y Hacienda. Y Elena Collado, a quien el PP nacional llegó a situar como responsable de Eficiencia y Modernización del Sector Público, sigue en el consistorio como alto cargo: coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos.
Quien sí ha dejado la política ha sido, sin embargo, García Duarte. Cesó el pasado mes de diciembre para fichar como presidenta de Anged, la patronal de las grandes empresas de distribución.
La lentitud de las reclamaciones
El caso mascarillas y el caso Koldo comparten algunos elementos. Primero, la laxitud de los controles en relación a los contratos de emergencia. Segundo, la existencia de comisionistas. Tercero, la falta de experiencia en el mercado sanitario de quienes se beneficiaron. Y cuarto, los problemas en relación con los productos recibidos.
En el caso de Baleares, llegaron mascarillas quirúrgicas en lugar de FFP2. En el del Ayuntamiento de Madrid, se intentaron colar guantes de nitrilo a un precio superior y de los 250.000 test, según el juez en su auto de procesamiento, sólo resultaron válidos 75.000 "por no tener los demás los reactivos necesarios". "Sin que conste la devolución del dinero de los restantes y mandándose los reactivos, al parecer, más tarde, cuando ya no se utilizaron", completa.
El alcalde sin embargo, cree que ambas causas no pueden compararse. Alude, por un lado, a que en el caso mascarillas no se investigó a nadie del consistorio de la capital, si bien es cierto que por la derivada balear del caso Koldo tampoco hay, hasta ahora, imputados del Govern de Armengol. Y, por otro lado, a la forma de actuar de la Administración balear: "No quiso denunciar la estafa. Lo ocultó y dejó que pasara el tiempo".
Se refiere, en concreto, al hecho de que el servicio de salud de las islas –el IB-Salut– no interpusiese reclamación por los cubrebocas recibidos hasta marzo de 2023, tres años después. A esto hay que añadir, además, que dicho organismo certificó su conformidad con el pedido a pesar de conocer ya que el material recibido no cumplía con los requisitos de una FFP2.
Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid tampoco actuó con demasiada rapidez en su caso. Es cierto que en el caso de los guantes, Collado se quejó de que los estaban vendiendo cada par en un hipermercado a 0,08 euros, mientras que ellos habían pagado 2,5 euros, lo que provocó la devolución de cuatro millones de euros. Y que también avisó a Luceño de que parte de los test recibidos tenían una sensibilidad menor. A pesar de ello, el consistorio de la capital no denunció, a diferencia de lo que hizo en el caso de la segunda estafa sufrida en aquellos duros meses: la de la consultora Sinclair&Wilde, a la que compraron medio millón de mascarillas que nunca pudieron ser usadas.
Ni siquiera lo hizo cuando ya tenía constancia, a comienzos de diciembre de 2020, de que Anticorrupción investigaba en secreto los contratos adjudicados a la empresa malaya Leno. Hasta que el Ministerio Público no judicializó el caso, del que se tuvo conocimiento por un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) –las comisiones llamaron la atención a las entidades bancarias–, el ayuntamiento no exigió responsabilidades penales.
