Ruptura diplomática, fin del comercio de armas y más sanciones: así puede Sánchez presionar a Israel

Este siete de octubre se cumple un año desde el primer ataque de Hamás sobre Israel, que se saldó con más de 1.200 muertos y un centenar de desaparecidos. Un ataque tras el cual Israel inició una contraofensiva sobre suelo palestino que ya ha acabado con la vida de al menos cuarenta mil personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, unas cifras avaladas por la ONU, que está sobre el terreno. La ONG Oxfam Intermón, por su parte, apunta que en solo un año han fallecido más mujeres y niños que en cualquier otro conflicto reciente en el mismo periodo, con ataques israelíes prácticamente cada día. La organización apunta que hay un promedio de un ataques a un hogar cada cuatro horas, a una tienda o refugio cada diecisiete horas y a una escuela u hospital cada cuatro días.

Aunque la diferencia de cifras es abismal y es la población Palestina la que está sufriendo las consecuencias de la guerra, el Gobierno de Israel liderado por Benjamín Netanyahu afirma que todas las acciones militares contra el país vecino forman parte de su "derecho a la legítima defensa" cuyo objetivo último es acabar con la milicia de Hamás, a quien Israel siempre compara con el ISIS. Un argumento que el Ejecutivo de Netanyahu también ha utilizado para justificar la reciente invasión del ejército israelí en el sur del Líbano. "Estamos en medio de una dura guerra contra el eje del mal de Irán", argumentó.

Actualmente, el primer ministro israelí tiene tres casos judiciales sobre su cabeza que pueden llevar asociados fuertes condenas de cárcel. Según expertos y sus críticos, incluso dentro de Israel, ese es el motivo por el que está intentando ampliar el conflicto no solamente a Gaza y a Cisjordania, sino ahora al Líbano y a otros frentes, ya que cree que la mejor manera de evitar la persecución de la justicia es mantenerse en el poder. Así lo apunta a infoLibre Jesús A. Núñez Villaverde codirector del Instituto de Estudios sobre conflictos y acción humanitaria (IECAH). El experto considera que se ha demostrado que la Organización de Naciones Unidas (ONU) "no tiene la capacidad real operativa" para tomar decisiones que pongan fin a esos conflictos, si bien actores de peso como Estados Unidos o la Unión Europea sí pueden influir.

Algunas de las palancas que tiene a su disposición la Unión Europea para presionar a Netanyahu son la ruptura de todo tipo de relaciones con Israel —diplomáticas, comerciales, académicas y de colaboración militar—, la suspensión el acuerdo de asociación entre la UE y el Estado hebreo, la exclusión de todos los programas financiados por Bruselas —entre ellos el programa Horizonte Europa— e incluso un embargo comercial y armamentístico. Sin embargo, hay una profunda división en el seno de la UE entre los países que toman partido por Israel y otros que se muestran más críticos, con España en este segundo grupo pero sin terminar de romper del todo con el país hebreo, que sí se ha mostrado muy beligerante con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En estos doce meses, el Gobierno de Sánchez ha reconocido oficialmente a Palestina una década después de que lo exigiese por unanimidad el Congreso. Un reconocimiento que llegó el pasado mes de mayo de la mano de otros dos países europeos, Noruega e Irlanda, pero que, más allá del valor simbólico y la intención política, no ha tenido consecuencias en la práctica. España también se ha sumado al proceso judicial en la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas, donde los jueces analizan la situación en Gaza en el marco de la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel, pero no significa que nuestro país se una a la denuncia por genocidio. "España no toma partido por ninguna de las dos partes del proceso", afirmó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Más allá de estos gestos y de las declaraciones, infoLibre recopila algunas de las medidas que podría poner en marcha el Ejecutivo español para presionar más a Israel y que demandan tanto el socio minoritario del Gobierno, Sumar, y otras formaciones como Podemos.

Poner fin al comercio de armas con Israel

El Ejecutivo español tiene en su mano poner fin al comercio de armas con Israel —nuestro país compra más que vende—. Según se desprende del informe anual sobre exportación de armamento y tecnologías de uso militar elaborado por el Consejo de la UE, el Gobierno aprobó durante el pasado año 34 licencias de exportación de armamento y equipos militares a Israel por un total de 9.292.235 euros. España ha sido el quinto país de la Unión Europea que más material ha exportado después del 7 de octubre. En el mes siguiente del comienzo de la invasión, por ejemplo, nuestro país envió munición a Netanyahu por un valor de 987.000 euros.

Y hay evidencia de que este material termina en los crímenes cometidos en Gaza. Según el Centre Delàs, el BBVA, Banco Santander y Caixabank han financiado (con 1.300, 1.200 y 1.100 millones, respectivamente) a las empresas que han exportado bombas guiadas tipo GBU utilizadas por el ejército israelí en las masacres de Jabalia el 9 o 31 de octubre. Además, aviones F-15 y F-35 que han participado en bombardeos sobre Gaza, Líbano y Yemen han sido producidos y mantenidos con fondos procedentes de estas empresas.

Impedir el tránsito de armamento y bloquear el suministro de combustible militar

Desde la Red solidaria contra la ocupación de Palestina (RESCOP) demandan al Ejecutivo español que impida que transite por nuestro país armamento cuyo destino final sea Israel. La asociación pide que el Gobierno se acoja a la ley 53/2007 para retener ese material e "impedir que se emplee en el genocidio" y lamenta que en los últimos meses sí se haya permitido ese tránsito, denunciado también por la relatora especial de la ONU Francesca Albanese.

En esa línea, también demandan que se haga efectiva la resolución que la ONU adoptó en abril de 2024 en la que expresaba su preocupación acerca de la transferencia de combustible a Israel para el abastecimiento de aviones de guerra. Por ello, Rescop también hace un llamamiento a todos los Estados que tienen puertos en el mar Mediterráneo a que prohíban y tomen medidas preventivas "para evitar que cualquier navío que transporte combustible militar a Israel pueda atracar en los mismos, incluyendo el Overseas Santorini y el Overseas Suncoast", investigar a todo buque que pueda estar transportando combustible militar con destino a Israel y prevenir su salida mediante procesos de decomiso de los buques y/o de embargo del cargamento.

Suspender los convenios de colaboración con entidades que operan en Israel

Esta organización también pide que se boicotee a las empresas que sigan operando en Israel y que el Gobierno no colabore con entidades como la filial del Grupo CAF, especializada en Sistemas de Señalización Ferroviaria, tras presentarse a la licitación para mantener una línea y construir otra nueva del Jerusalem Light Rail (JLR), tranvía ligero que conecta la ciudad de Jerusalén con colonias ilegales israelíes en territorio ocupado palestino.

Desde Rescop enviaron una carta dirigida al ministerio de Industria para pedir que se dejara de contratar a CAF por tener, además, como empresa asociada a la israelí Shapir Engineering and Industry, que figura en la base de datos de la ONU publicada en febrero de 2020 junto a otras empresas que están involucradas y lucrándose en actividades en las colonias ilegales israelíes. Actualmente, Inditex, Tous, CAF o Naturgy son algunas de las casi 30 empresas españolas presentes en Israel. En concreto, según un estudio de Informa D&B, 28 empresas españolas se localizan en el país hebreo. De ellas dependen 32 filiales.

Romper relaciones diplomáticas y cancelar los acuerdos europeos

Fue en el año 1986 cuando Felipe González estableció oficialmente las relaciones con Israel. Lo hizo siete años después de que Adolfo Suárez se entrevistara con el líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, en la primera visita de este a un jefe de Gobierno occidental. Sin embargo, con la incorporación de España a la OTAN, el histórico líder del PSOE reconoció oficialmente al país hebreo para poder integrarse en la Unión Europea. Después de González, el resto de presidentes españoles también impulsaron las relaciones con el país, pero sin descuidar tampoco a Palestina en una suerte de equilibrio que les permitía no tomar partido.

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El Gobierno actual, sin embargo, descarta por el momento romper relaciones con Israel. Lo máximo que ha logrado es que una petición conjunta de España e Irlanda para convocar al país hebrero fuera respaldada por los 27 países. En una carta remitida a la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, tanto Pedro Sánchez como su homólogo irlandés, pedían a Bruselas que analizara si el Gobierno de Netanyahu estaba cumpliendo con sus obligaciones respecto al Acuerdo de Asociación UE-Israel, ya que este se sustenta en el cumplimiento de los derechos humanos y los principios democráticos por ambas partes. Con todo, ese acuerdo sigue vigente a día de hoy.

Imponer sanciones a Israel y vetar la entrada a suelo español

El pasado marzo el Gobierno español inició los trámites para imponer sanciones a un primer grupo de 12 colonos israelíes violentos, según anunció Albares ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, después de hostigar y atacar a la población palestina en Cisjordania para obligarla a abandonar su tierra. Unas sanciones que ya están vigentes, pero cuya lista no es pública por razones de protección de datos personales, y que implican tener vetada su entrada en España.

Sin embargo, el Gobierno no ha llevado a cabo más sanciones adicionales —o, al menos que hayan sido anunciadas públicamente— y tampoco en el seno de la UE. Podrían implicar la inmovilización de fondos y activos financieros o la apertura de una investigación o un enjuiciamiento por un acto terrorista.