Los socios de Sánchez le exigen una reforma de la Ley de Memoria Histórica más contundente

Este jueves, el Congreso de los Diputados dio el segundo paso para subsanar la "anomalía" –en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo– que, para la mayor parte de la Cámara, supone mantener al golpista y dictador Francisco Franco en su tumba del Valle de los Caídos 43 años después de su muerte. La exhumación, que ejecutará el Gobierno en los próximos meses, será posible tras la modificación puntual de la Ley de Memoria Histórica que aprobó el Ejecutivo por decreto hace unas semanas y que este jueves convalidó el Congreso. Pero los cambios en esta materia podrían no haber finalizado: la Cámara baja tramitará ahora la modificación de la norma a través del procedimiento legislativo ordinario, y los grupos que han apoyado la exhumación de Franco exigen ir más allá y abordar otros asuntos pendientes.

Fue el pasado 24 de agosto cuando el Gobierno aprobó el decreto por el cual reformaba la Ley de Memoria Histórica para impulsar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Tal y como explicó entonces la vicepresidenta Calvo, ese decreto modificaba "dos aspectos puntuales" de la norma para permitir la salida del cadáver del monumento, pero ya entonces la dirigente señaló que su intención era tramitar el decreto "por el procedimiento de ley" con el fin de "hablar de muchas cuestiones que quedan por redefinir con todos los grupos de la cámara" para "mejorar" la Ley de Memoria Histórica.

Y dicho y hecho, ya que este jueves el Congreso no se limitó a convalidar el decreto –lo que implica que la ley queda definitivamente modificada y se podrán proseguir los trámites para la exhumación–, sino que también aprobó su tramitación como proyecto. Además del PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, ERC, Compromís, PNV, EH Bildu y Coalición Canaria votaron a favor de la reforma. Y varios de los portavoces de estos grupos hicieron propuestas para ampliar la reforma de la Ley de Memoria Histórica y que el texto final que salga del Congreso recoja varias de sus reivindicaciones.

  1. La resignificación y reforma del Valle

Si en algo coincidieron los grupos que apoyaron al Gobierno para sacar adelante el decreto de la exhumación de Franco fue en que el Valle de los Caídos no puede mantenerse como un monumento al fascismo, sino que tiene que sufrir una "resignificación". Por eso mismo abogaba el grupo de expertos que, en 2011, elaboró un informe sobre el recinto a petición del Gobierno, en el que apostaba por establecer en Cuelgamuros un "Memorial del Valle" que incluyese una "instalación o actuación artística" con "una posible inscripción de los nombres de todas las víctimas", un "cementerio" y un "espacio destinado a la meditación de carácter cívico", así como un "centro de interpretación" del monumento.

Este jueves, el diputado del PNV Mikel Legarda aseguró que su grupo "comparte las conclusiones" de dicho informe, y así lo ha hecho también Unidos Podemos, que no obstante ha ido más allá. Eva García Sempere, la diputada de IU que ha subido a la tribuna por su grupo, ha abogado por sacar del Valle de los Caídos también al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, al que el Gobierno no se ha planteado exhumar porque sí falleció en la Guerra Civil. 

"A este decreto le falta decir claramente que a Franco se le exhuma porque fue un genocida, no porque no fue un caído en la guerra", señaló la diputada, que insistió en que "justificar la exhumación de Franco del Valle por no ser un caído en la guerra es un barbaridad". Sempere, además, ha afirmado la resignificación del monumento pasa por retirar del mismo la gigantesca cruz de piedra, símbolo –señaló la portavoz– de "una cruzada nacionalcatólica" como la que Franco defendía haber iniciado. Y el PDeCAT, por su parte, ha abogado por la desacralización del monumento.

  2. El reconocimiento de las víctimas 

La Ley de Memoria Histórica ya reconoce el derecho de las víctimas a obtener "una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura" fueron objeto de represión. No obstante, algunos de los socios del Gobierno quieren ir más allá, y Unidos Podemos, por ejemplo, abogó por la exhumación de los restos de miles de republicanos enterrados sin el consentimiento de sus familias en el Valle de los Caídos. Pero quien más hincapié hizo en esta cuestión fue el portavoz de ERC, Joan Tardà, que planteó la necesidad de que la norma incluya el "reconocimiento jurídico de las víctimas como tales", lo que implica que la administración pública se implique en la "política de fosas".

"Lo que no puede ser es que el Estado español trate las fosas como si fueran enterramientos romanos", criticó Tardà, que también anunció que su grupo promoverá durante el trámite parlamentario una enmienda para que el Estado se haga responsable e incluya dentro del catálogo de víctimas a aquellos republicanos que fueron deportados "a los campos de exterminio nazis". El reconocimiento de los maquis –los grupos de guerrilleros antifranquistas que se mantuvieron activos hasta la década de los 50– para evitar que sigan siendo "considerados bandoleros" también es un objetivo de ERC. Y asimismo, Tardà aseguró que es prioritario incluir dentro de las víctimas de la dictadura a los asesinados durante la transición por grupos de extrema derecha o por "funcionarios".

  3. La anulación de las condenas

En la necesidad de anular las condenas a los sentenciados por los tribunales del régimen franquista hicieron hincapié especialmente los nacionalistas catalanes. Jordi Xuclà, el diputado del PDeCAT que intervino en el debate, apostó por poner en marcha el "modelo alemán" y llevar a término la "nulidad de las sentencias políticas del franquismo", mientras Tardà declaró tener "absoluta confianza" en un pacto que, aseguró, había alcanzado con el Gobierno para hacer precisamente eso: declarar nulas las sentencias de los tribunales de la dictadura, entre ellos los "consejos de guerra, el Tribunal de Orden Público, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y el Tribunal de Responsabilidades Políticas".

  4. Devolución de las incautaciones de la dictadura

"Como gallegos y gallegas, estamos indignados y tenemos que hablarles de todo lo robado, y por supuesto del Pazo de Meirás. ¿Cómo puede ser que los privilegios de la dictadura y la familia del dictador continúen en democracia? Franco, además de un golpista, un dictador y un asesino, era un ladrón", denunció en el pleno el diputado de En Marea Antón Gómez-Reino. Y la propuesta de acabar con esos "privilegios" no solo fue enunciada por En Marea, ya que Unidos Podemos, por boca de García Sempere, denunció el "patrimonio saqueado" de los Franco.

Igualmente, ERC apostó por que la reforma de la Ley de Memoria Histórica atienda a la "reparación de las personas y los colectivos, también partidos políticos, víctimas de incautaciones" en la Guerra Civil y la dictadura. "Todavía hay miles de personas que tienen pagarés del Banco de España, cuyos bienes fueron incautados, y todavía hoy día la administración española no ha dicho nada", denunció Joan Tardà.

  5. Ilegalización de la fundación Francisco Franco

En 2017, el Congreso aprobó una proposición no de ley –sin efectos jurídicos– en la que, entre otras cosas, exigía al Gobierno que excluyera de cualquier reparto "de todo tipo de subvención o ayuda pública" a aquellas fundaciones dedicadas a ensalzar o defender "la dictadura o la figura del dictador Franco, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas".

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En aquel texto no se nombraba específicamente a la Fundación Nacional Francisco Franco, pese a que esta medida afectaba de lleno al colectivo. Pero este jueves, Jordi Xuclà (PDeCAT) sí planteó abiertamente que una de las medidas que los nacionalistas catalanes propondrán incluir en la reforma de la Ley de Memoria Histórica será la "ilegalización" de dicha fundación y de todas aquellas que hagan "apología del franquismo".

  6. Exclusión de los crímenes de lesa humanidad de la ley de amnistía

Durante el debate de la convalidación del decreto, a Franco se le tachó repetidamente de "genocida" y se le acusó de crímenes masivos. Y, en ese sentido, ERC planteó que la reforma de la Ley de Memoria Histórica debe llevar aparejada un cambio en la Ley de Amnistía de 1977. "No puede ser que la Ley de Amnistía dé cobertura a los crímenes de lesa humanidad, al menos hay que plantearse qué actuaciones delictivas no pueden quedar resguardadas bajo su paraguas", sostuvo Joan Tardà, que no ofreció más detalles al respecto.