UP exige a las Cortes la retirada de la prestación del exdiputado condenado por los GAL García Damborenea
2.063 euros mensuales. Esa es la prestación que el exdiputado condenado por los GAL Ricardo García Damborenea recibe de las Cortes y que este martes Unidas Podemos exigirá retirar de manera inmediata. La formación entregará un escrito firmado por Pilar Garrido, Roberto Uriarte y Juantxo López de Uralde en el Congreso de los Diputados en el que solicitará a la Presidencia de la Cámara Baja y también a la del Senado la suspensión "inmediata" de la retribución mensual que recibe Damborenea. Lo hacen, explican, porque supone "un ataque a la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo".
Damborenea recibe los más de 2.000 euros mensuales en concepto de "complementación de ingresos", según se refleja en la relación de estas retribuciones que establece el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas en favor de los exparlamentarios, hecha pública recientemente y consultada por Unidas Podemos. La cantidad percibida, detalla la formación, fue acordada "de manera discrecional" por las Mesas del Congreso y el Senado.
'GAL: El triángulo', la banda sonora del terrorismo de estado
Ver más
El que fuera líder de los socialistas vizcaínos —acabó siendo expulsado del partido— fue condenado a siete años de prisión en el año 1998 por el secuestro del ciudadano Segundo Marey, una de las primeras víctimas de la guerra sucia del Gobierno de España contra ETA. Sin embargo, nunca cumplió la condena completa porque el Gobierno de José María Aznar le indultó en 1999, junto al exministro José Barrionuevo y al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.
Damborenea, que actualmente tiene 82 años, fue diputado del Congreso durante siete años (1982-1989) y, conforme a las normas de protección social para exparlamentarios tenía derecho a solicitar un complemento de pensión para llegar a la pensión máxima que no logra con su cotización profesional, en su caso de médico, ha recordado Europa Press. Con la crisis de 2011, el Congreso puso fin a la concesión de esta ayuda y desde entonces ya no ha habido nuevos perceptores, aunque la Cámara y sus sucesivos órganos de gobierno sí se la han mantenido a quienes la venían cobrando hasta entonces, como en el caso de Damborenea.
El grupo confederal denuncia ahora la "impunidad que existe en torno a los crímenes de Estado". "Es necesario un compromiso democrático por parte de los poderes públicos para que haya justicia con todas las víctimas del terrorismo", añaden fuentes del partido, que reclaman una modificación de la Ley de Secretos Oficiales "para conocer lo que pasó de acuerdo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".
