Vox se alía en Latinoamérica con nostálgicos de las dictaduras más sangrientas y con racistas sin disfraz

“Yo respaldo lo que se hizo el 11 de septiembre de 1973”: el golpe de Pinochet en Chile. “Aquí hay que hacer lo que dejó pendiente la dictadura [brasileña]: matar a 30.000”. Los homosexuales persiguen “privilegios travestidos de derechos”. Cuando hace falta “humo” en Argentina, los gobiernos “echan mano a los juicios de lesa humanidad” por crímenes bajo la dictadura de Videla. El consumo de prostitución se explica porque el hombre busca en la mujer “su puta”. Los “originarios” aymara de Bolivia son “satánicos”.

Quienes así se han pronunciado son políticos latinoamericanos por quienes Vox profesa simpatía y admiración y con quienes mantiene estrechas relaciones de hermandad. Y de ese grupo forman parte desde el autor de la primera frase, el chileno José Antonio Kast, con quien Santiago Abascal se reunió en Madrid en junio de 2019 para intercambiar "impresiones sobre la urgencia de frenar al marxismo cultural", a Eduardo Bolsonaro, hijo y heredero político del presidente de Brasil, el también ultraderechista Jair Bolsonaro. O el que fue ministro de Interior de la efimera presidenta boliviana Jeanine Áñez, Arturo Murillo. Tan estrechas son esas relaciones que aparecen algunos como firmantes de Carta de Madrid. Ese es el manifiesto que “en defensa de la democracia y la libertad en la Iberosfera” lanzó el 26 de octubre Disenso. Es decir, la recién creada fundación de Vox que preside el propio Santiago Abascal.

Tuit de la cuenta de Vox sobre la reunión de Abascal en Madrid con José Antonio Kast, primero por la izquierda

Dirigido a fortalecer la alianza entre la ultraderecha española y la americana, incluida la estadounidense, el manifiesto pone especial énfasis en que “una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países”.

Los 51 que suscriben la Carta, entre ellos Abascal, declaran que “el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades”.

La libertad de expresión, sin duda, les ha permitido efectuar en sus países declaraciones como las que abren este texto, aunque en algunos casos lo que opera como escudo protector es el poder institucional que ostentan o han ostentado. Por ejemplo, ampara al ya citado José Antonio Kast, presidente de la nueva y minoritaria formación ultraconservadora Partido Republicano de Chile y hermano de un antiguo ministro de Augusto Pinochet. Su nombre consta en la lista de firmantes de Carta de Madrid, que se cierra con la siguiente proclama: “El futuro de los países de la Iberosfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia, por lo que los abajo firmantes expresan su compromiso de trabajar conjuntamente en la defensa de estos valores y principios.”

Este verano, fue en la entrevista que puedes ver en vídeo situado bajo estas líneas, donde Kast apoyó el alzamiento militar que el 11 de septiembre de 1973 derrocó el Gobierno de Salvador Allende. Es decir, el golpe que instaló en Chile una dictadura marcada por la tortura escalofriante, las desapariciones, los cuerpos arrojados al Atlántico desde aviones militares, miles de asesinatos y un exilio atronador. “A Salvador Allende –se oye decir a Kast– lo derrocó el pueblo, no es que los militares se hayan levantado un día y le dijeran ‘te vas’. No, fue el pueblo de Chile que se levantó y le solicitó a las Fuerzas Armadas que hicieran un pronunciamiento militar. Y yo eso lo valoro y le doy las gracias [a Pinochet] por haber dado la libertad a nuestra patria, si no estaríamos peor que Cuba y Venezuela”. Kast, que dice no ser pinochetista, llega al momento cumbre minutos más adelante: “Yo respaldo lo que se hizo el 11 de septiembre de 1973, que creo que era lo que había que hacer”.

La referencia de Kast a Venezuela, pieza clave en el debate español por la deriva del Gobierno de Nicolás Maduro y las presiones internacionales y locales, el éxodo masivo de disidentes y ciudadanos empobrecidos, el bloqueo de cualquier acuerdo y la bifurcación de poderes que se produjo con la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente en enero de 2019, todo ese universo enlaza con un dato que Vox lleva a gala: la mitad de los 51 firmantes de la Carta de Madrid son venezolanos.

Y es esa mayoritaria presencia de disidentes de un país cuyo régimen suscita rechazo en sectores sociales e ideológicos muy diferentes la que tal vez eclipse algo que muestra la suma de palabras del primer párrafo: que Vox no solo ha tendido sólidos puentes con la oposición al chavismo sino con partidos, fundaciones y personalidades de otros países iberoamericanos anclados en la nostalgia de dictaduras como la chilena, la argentina y la brasileña, defensores sin camuflaje de la homofobia o el antifeminismo y dispuestos a hacer gala de su desprecio a las comunidades indígenas.

Por ejemplo, fue Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien dijo que “hay que hacer lo que dejó pendiente la dictadura: matar a 30.000”. Se refería a la menos conocida dictadura militar que entre 1964 y 1985 gobernó la república brasileña En enero alcanzó otra cima al afirmar, delante de las cámaras, que “los indios se están volviendo humanos” .

Y es su hijo y delfín Eduardo Bolsonaro, el diputado con más votos de la historia de Brasil y “admirado” por Abascal, quien opina que los homosexuales persiguen “privilegios travestidos de derechos”. O que el feminismo es “una enfermedad”. "[En el feminismo] es un error –dijo en 2016– que una mujer quiera ser igual al hombre. Nunca será".

También defensor de la dictadura militar, Eduardo Bolsonaro se ha convertido en el heredero político de su padre. Y saltó a los titulares en plena pandemia cuando él mismo y varios correligionarios se plantaron sin mascarillas a visitar una de las comunidades indígenas que viven sin acceso a la sanidad en la selva amazónica. En febrero de este año, el Gobierno brasileño presentó un proyecto de ley favorable a que las empresas puedan construir presas hidroeléctricas o pozos de petróleo y gas en las tierras indígenas aunque las comunidades nativas estén en contra

Su nombre aparece en Carta de Madrid flanqueado por el de una diputada venezolana y el de un actor mexicano que, según Vox, fue asesor de Prosperidad Hispana, la iniciativa impulsada por Donald Trump para pescar el voto de ese segmento. Bolsonaro hijo cree que Abascal se encuentra en “el exacto mismo camino” que su padre cuando se aprestaba a ganar tras la caída de Dilma Rouseff. "Intento plantar cara a la banca y pagó el precio", publicó el diario español La Vanguardia en mayo de 2016.

El revisionismo argentino, contra los juicios por crímenes de lesa humanidad

Mucho antes de que quien repase la lista de firmantes de Carta de Madrid llegue a Eduardo Bolsonaro se encuentra el único argentino que ha suscrito el manifiesto: Alejandro Chafuen. En la relación nominal, solo le antecede el periodista peruano Aldo Mariátegui.

Con residencia en EEUU, Chafuen presidió hasta 2017 la fundación Atlas Network, un think tank ultraconservador en torno al cual orbita una inmensa red de organizaciones de los distintos continentes. Ahora, Chafuen dirige el departamento internacional de Acton Institute, una institución privada y católica miembro de Atlas y distanciada del papa Francisco porque lo considera “de izquierdas”.

El nombre de Acton Institute quedó inscrito en las actas oficiales cuando el senador demócrata Bernie Sanders sometió en 2017 al hearing o interrogatorio parlamentario [puedes leerlo aquí] a Betsy Devos, elegida por Trump como secretaria de Educación de su gobierno. “Usted y su familia –le espetó Sanders– han dado casi cinco millones de dólares a Acton Institute, que batalla contra la regulación ambiental”.

La propia Devos había pertenecido al equipo directivo de Acton Institute en la primera década del siglo. Para entonces, la institución negacionista del cambio climático ya había recibido entre 1998 y 2007 algo más de 300.000 dólares de Exxon Mobil, gigante del negocio petrolífero y que el último año de la serie de donaciones divulgada por distintos medios en EEUU [puedes verla aquí] entabló una guerra judicial contra Venezuela por haber nacionalizado los activos de la petrolera en el Cerro Negro, en la cuenca del Orinoco, donde yacen las reservas de crudo más extensas del mundo.

El entonces presidente de Exxon, Rex Tillerson, acabó como primer secretario de Estado del Gobierno de Trump, que lo defenestró en marzo de 2018. El anterior mes de marzo, el de 2017, también se cerró con una noticia relevante para la trayectoria de Tillerson: el centro de resolución de disputas del Banco Mundial anuló una decisión previa que obligaba a Venezuela a pagar indemnizaciones a Exxon por 1.400 millones de dólares. Dos años antes, el rotativo británico The Guardian había desvelado que Exxon siguió financiando a organizaciones negacionistas pese a que conocía el riesgo de las emisiones contaminantes.

Enraizado en Atlas Network, cuyo fundador, Anthony Fisher, había gozado del apoyo de dos de los economistas de cabecera de Pinochet, Milton Friedman y Friedrich Hayek, a Chaufen lo define el periódico argentino Página 12 como “un nostálgico de la dictadura cívico militar del 76”. 

La comprensión para con la dictadura resulta evidente en otra de las aliadas argentinas de Vox, aunque esta no se encuentra entre los firmantes de Carta de Madrid: Victoria Villarruel.

En agosto de 2019, Villarruel protagonizó en Buenos Aires un encuentro con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Vox difundió aquella reunión a bombo y platillo. Y mientras, Villarruel continuaba desde el llamado Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) su carrera en defensa de las víctimas del terrorismo montonero en una clara búsqueda de un mecanismo que equiparase aquellos crímenes con la represión masiva desatada contra la población civil tras el golpe de Jorge Rafael Videla en 1976.

En línea con quienes en España sostienen que la Guerra Civil no comenzó con el levantamiento militar del 18 de julio de 1936 sino con la llamada huelga general revolucionaria de 1934, Villarruel evita con cautela repetir el camino del chileno José Antonio Kast y exponer su aprobación a Videla. Pero su discurso tiene agujeros. Es ella quien sostiene que los juicios por crímenes de lesa humanidad son injustos. “Cuando hace falta HUMO en nuestro país, los gobiernos echan mano de los juicios de lesa humanidad”. Y en 2017 participó como abogada en un acto con el "activista" cubano Armando Valladares, que con su aquiescencia definió como “presos políticos” a los condenados por crímenes de la dictadura argentina. "En Argentina –dijo Valladares– hay más de 3.000 presos políticos, a quienes se les ha violado el derecho de defensa. No se les ha concedido la presunción de inocencia. No se ha respetado el debido proceso legal".

Javier Ortega Smith, durante el encuentro que mantuvo en Buenos Aires con Victoria Villarruel

Pero el frente ultraderechista tampoco se detiene en Argentina. La línea del racismo y el machismo descarnado cruza hacia el norte y salta la frontera hacia Bolivia. Es Arturo Murillo, hasta hace un mes ministro en el Gobierno de Jeanine Añez, el boliviano que firma Carta de Madrid. Y es él quien en una entrevista cuyo video puedes ver pinchando aquí respondió así cuando la periodista le preguntó por qué un hombre consume prostitución: ''porque la mujer normalmente no es lo que mi abuelito me decía que uno debe conseguir en una mujer''. Y continuó así : ''Mi abuelito me decía que cuando consigas una mujer, ésta tiene que ser tu madre, tu amiga, tu hermana, tu puta...'' Murillo ya había instado a “suicidarse” a las mujeres que hubiesen decidido abortar.

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Ahora, Murillo se ha dado a la fuga, supuestamente hacia Panamá. Según Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox y pieza clave en la Fundación Disenso, se ha ido de Bolivia “porque los narcocomunistas lo querían encarcelar”.

En cuando al racismo, el protagonismo recae sobre su jefa, Jeanine Áñez, a quien el arrollador triunfo del partido de Evo Morales y el candidato Luis Arce obligó hace un mes a bajarse del trono presidencial que había ocupado tras una operación que algunos definieron como golpe de Estado mientras otros países se ponían de perfil.

Añez, que tomó posesión en noviembre de 2019 proclamando a gritos que la Biblia volvía al palacio presidencial, cobró fama con varios tuits que luego borró y en los que despreciaba a los indios aymara de Bolivia. Entre aquellos cuya existencia demostró El Comercio, el principal diario de la vecina Perú, hay uno donde Añez llama satánicos a los indios aymara: “Qué año nuevo aymara ni lucero del alba!! Satánicos, a Dios nadie lo reemplaza!!”, escribió en 2013. Por si quedaban dudas, a Evo Morales lo llamó “pobre indio”.