El vector fascista en la conspiración contra la República (6/20): Acusación de comunismo = pena de muerte
Espero que los amables lectores no se hayan reído demasiado leyendo los textos de las octavillas que se difundían en los cuarteles, salas de banderas, comedores de oficiales, pasillos de barracones y, quizá, incluso en los excusados. Cualquier sitio sería bueno para los conspiradores de medio pelo que proclamaban la necesidad de oponerse por las armas a la inminencia de una supuesta revolución comunista que solo existía en su acalorada imaginación a la hora de “explicar” lo que estaban preparando. Tales estupideces, que hoy ya no se estilan demasiado salvo en algunos escritos delirantes de militares, periodistas y camelistas de extrema derecha, tuvieron consecuencias.
En este artículo aplico el mismo enfoque que en el anterior y dejo que algunas sentencias de consejos de guerra entonen sus lúgubres canciones. Veamos, por ejemplo, una causa cualquiera. En este caso la 503/36, instruida en el ámbito de competencias de la 8ª División Orgánica (Galicia) contra seis paisanos por el delito de rebelión militar. Como es notorio en Galicia no hubo guerra. Hubo unas pequeñas escaramuzas localizadas. Luego, naturalmente, quienes pudieron escapar se echaron al monte y, con el tiempo, montaron acciones guerrilleras, pero combates entre fuerzas regulares enfrentadas no hubo.
Los nombres de las personas a quienes se aplicó la causa 503/36 no han pasado a la gran historia y todas, menos una, fueron condenadas a la pena capital. Esta se ejecutó al cabo de cinco meses. En la presente entrega lo que nos importa de tal causa es su fundamentación. Grotesca, estúpida, falsa, cínica… pero letal. Las negritas son mías.
“Iniciado un movimiento nacional el 17 de julio con el fin de rescatar a España del [ilegible] de los Gobiernos del Frente Popular que pretendían por una parte desmembrarla y por otra hacerle perder su independencia sometiéndola al poder de la dictadura de Rusia, el Ejército, columna vertebral de la Nación, dirigió y personalizó tal Movimiento quedando rota la anterior ordenación jurídica y asumidos por la Institución Armada todos los poderes del Estado bajo el régimen legal del Estado de Guerra y el fin perseguido de dar a la Nación una nueva estructura social de conformidad con la civilización cristiana y occidental, afirmando de este modo sus verdaderas esencias de personalidad”.
Aunque todo es un disparate consumado, las negritas subrayan dos de los tópicos que no habían dejado de surtir efecto de entre las barbaridades difundidas en los cuarteles en los meses precedentes.
Deseo ardientemente, además, que a los amables lectores no se les remuevan las tripas, porque ¿quiénes eran los elementos que contrariaban tal supuesta “necesidad histórica”? Según los militares sublevados,
“a esta acción salvadora del Ejército se opuso en diversos lugares del país una resistencia exteriorizada por un conglomerado compuesto por elementos oficiales y políticos, instituciones diversas prisioneras del Gobierno antinacional, masas sindicales seducidas por sus líderes y turbas integradas por gentes procedentes de los más bajos estratos sociales, todos los que al alzarse en armas (sic) convirtieron la vida de los pueblos en una verdadera anarquía sin más ley que el crimen y la realización de toda clase de violencias contra las personas y las propiedades”.
Un comentario: las “masas” eran las que habían sido seducidas por sus líderes, es decir, no constituían la totalidad del generoso, sabio y prudente pueblo español. Era, supuestamente, rescatable por la Falange joseantoniana. Solo una parte de él, no la en sí despreciable y que merecía lo que se le vino encima.
En el fondo, lo que la argumentación traduce es fanatismo, ignorancia, desprecio de la ley, vueltas a la realidad: quienes se sublevaron, no se sublevaron. Quienes se sublevaron, no lo hicieron y estaban dentro de la legalidad más absoluta. Encontramos aquí una plasmación nítida de la metáfora pronazi según la cual es enemigo quien no piensa como los juzgadores.
Hubo quien salvó la piel. Por ejemplo, las repercusiones de la causa contra el teniente coronel José Clares Cruz y el comandante José Álvarez Sotos, ambos de la Guardia Civil, retumbaron durante un año. Los dos fueron condenados, tras numerosas vicisitudes procesales, a penas de reclusión, pero no sin que el fanático fiscal dejara constancia, impertérrito, de su diagnóstico. Lo que estuvo en juego había sido una escaramuza, en este caso, para hacerse con el control del edificio del Gobierno civil de A Coruña:
“… tuvo una gestación local durante días anteriores en que, dispuestos los elementos adictos y simpatizantes de aquel Frente [Popular] a secundar la consigna general revolucionaria que tenía como fin implantar por la fuerza la dictadura del proletariado, venían preparando por todos los medios a su alcance una revolución armada con los objetivos inmediatos de arrollar a los elementos de orden y especialmente a las fuerzas militares que, conscientes de sus sagrados deberes para con la Patria, se dispusieron por su parte a hacer oposición a tan siniestros designios”.
Nótese la “modernización” del lenguaje. En el escrito del fiscal aparece ya un término mágico: dictadura del proletariado, alfa y omega de la revolución a punto de estallar y contra la cual se levantaron las poderosas fuerzas del Bien.
Al principio, por supuesto, ni siquiera eso. Es ejemplar, y típica, la fundamentación de la petición de la pena de muerte en un autodenominado consejo de guerra reglado que se constituyó contra el gobernador civil de la provincia de Cádiz Mariano Zapico Menéndez Valdés, Leoncio Jaso Paz, Antonio Yáñez-Barnuevo y Luis Parrilla Asensio. Tuvo lugar el 5 de agosto. ¿Cuál fue la fundamentación? Tiemble el amable lector:
“Frente al estado de anarquía que domina en todo el territorio nacional con manifiesta conculcación de todo régimen legal y civilizado, al asumir el Ejército el poder por el medio legítimo de la declaración del estado de guerra que anula toda autoridad civil cuyo imperio estaba además prostituido por el desorden y la subversión de todos los valores morales de la sociedad se ha constituido el único gobierno que puede salvar a la Patria interpretando sus destinos históricos y la necesidad de su propia existencia...”
Aquí se revela descarnadamente que se trataba, simplemente, de asumir el poder y de machacar, triturar, fusilar, escarnecer y asesinar a todos lo que se opusieron al golpe de Estado. Una parte, la sublevada, del Ejército se subía a la parra y hablaba ya en nombre de toda la institución militar porque de lo que se trataba era, nada menos, que de salvar a la Patria.
El ponente de este simulacro de justicia, más bien una “justicia travesti”, fue un teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar llamado Felipe Acedo Colunga. Ganó fama inmortal como fiscal del consejo de guerra instruido contra Julián Besteiro al final de la guerra civil y para el que solicitó la pena de muerte no por lo que hubiera hecho sino por lo que era. Es decir, derecho penal de autor en estado químicamente puro que los más “ilustrados” de entre los militares sublevados habían tomado de los nazis. (Francisco Espinosa, Guillermo Portilla y servidor le hemos dedicado toda una monografía y pasado revista a las concepciones “jurídicas”, “filosóficas” y “morales” —entre comillas— que sirvieron de base para “limpiar” su España de todo vestigio de racionalidad, juridicidad, ilustración y modernidad. Dignos émulos de Reinhard Heydrich, Heinrich Himmler o criminales de porte similar en el “Reich de los mil años” (duró 12, mucho menos que el régimen de Franco, pero también levantado sobre la mentira, los asesinatos y la conculcación de todas las libertades civiles y políticas).
La derecha española hace ya tiempo que ha abandonado el “coco” comunista para centrarlo en el socialista y, sobre todo, en la violencia política de la primavera de 1936
Hoy, en la España de las libertades democráticas, se ha disminuido por algunos autores la significación crucial del anticomunismo en la génesis de la sublevación. Es una prestidigitación de trileros de feria. Se encuentra, por ejemplo, en la p. 383 de la última obra que conozco (aparecida hace un par de meses) sobre los años republicanos. Incluso se cita a uno de mis colegas (y amigos), Fernando Hernández Sánchez, que ha dedicado una ingente obra al estudio de la evolución del PCE antes, en la guerra y después de la guerra.
¿Por qué esta disminución de lo que sin duda fue el factor fundamental —aunque falso— que latió en el corazoncito ardiente de tantos y tantos militares, fascistas y monárquicos? Porque la derecha española hace ya tiempo que ha abandonado el “coco” comunista para centrarlo en el socialista y, sobre todo, en la violencia política de la primavera de 1936.
Servidor, por el contrario, está de acuerdo con el profesor Glicerio Sánchez Recio cuando afirma que, entre las mistificaciones más notables de los autores franquistas figuraron la revolución comunista que estaba a punto de estallar cuando se produjo el levantamiento militar, de manera que este habría tenido una función preventiva; en la misma dirección apunta la intensa violencia que existiría en la sociedad española, a juicio de los golpistas y sus afines, en la primavera de 1936, lo que no solo habría conducido a dicha acción preventiva sino que, a la vez, convertiría a la República en la causa de la rebelión militar y de la guerra civil; la implantación de un régimen marxista o soviético en España, que se interpretaba como una invasión comunista, de la que habría que liberarla; y, por consiguiente, la calificación sistemática de las instituciones y organismos de la República como “comunistas” y “rojos” (en “La aniquilación de la República en la inmediata postguerra, 1939-1945”, en Sánchez Recio, Glicerio y Moreno Fontseret, Roque (eds.), Aniquilación de la República y castigo a la lealtad, Publicaciones de la Universitat d´Alacant, 2015).
Todo lo que antecede ni se vislumbra en la última obra que pretende ser una “nueva” historia de la Segunda República, debida al muy respetado profesor Alejandro Nieto (Comares, 2023), al socaire de su denuncia del ”evidente sectarismo ideológico” de la Ley de Memoria Democrática. Se limita, por el contrario, a señalar (p. 225) que la conjura comunista fue simplemente fantástica, como si el martilleo constante sobre la misma durante más de sesenta años no hubiese tenido impacto o importancia alguna. Hoy la desprecia como si no hubiese existido. Pelillos a la mar.
(Continuará. Ver aquí capítulo anterior).
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Ángel Viñas es economista e historiador especializado en la Guerra Civil y el franquismo. Su última obra publicada es 'Oro, guerra, diplomacia. La República española en los tiempos de Stalin', Crítica, Barcelona, 2023.
