Sergio Ramírez Luis García Montero
Cómo ser tan singular como Cataluña
No hay nada que nos guste más a los humanos que sentirnos únicos y especiales. Irrepetibles. Y qué mejor manera de dejar constancia que poner un precio a la singularidad. Sobre todo cuando hay dos comunidades, como Euskadi con su cupo vasco y Navarra con su concierto económico, que gozan de un sistema de financiación diferente al del resto de las autonomías y que, además, está blindado por la Constitución. ¿Eso significa que es intocable? No, pero ningún partido en el poder se ha atrevido hasta ahora a cuestionarlo porque saben jugar con sus votos con habilidad para facilitar gobiernos a unos y a otros. La mera posibilidad de que se ponga en duda supone la retirada de apoyo inmediato. Es lo que le ha pasado al PP, al que el PNV advirtió que no sueñe con contar con ellos mientras Vox esté en la ecuación.
Esta misma semana, cuatro reputados economistas del Foro Económico de Galicia han presentado un análisis sobre la reforma de la financiación en el que lo primero que se desaconseja es tratar de emular a vascos y navarros, porque habría que poner tal cantidad de recursos encima de la mesa que resultaría inviable y comprometería el futuro del país. Tampoco sería factible que Cataluña abandonase el modelo común de financiación como ha pedido Pere Aragonès para lograr el estatus vasco.
Sin embargo, hay algún elemento de singularidad en Cataluña que puede tener recorrido adicional para ampliar los límites establecidos, aunque en algunos casos tendría que compartir beneficios con otras comunidades, lo que resta exclusividad a la financiación exigida. Es lo que sucede con la deuda con el FLA, para la que ya existe un acuerdo con ERC que se va a extender a otras comunidades que como Cataluña tienen una deuda muy alta que les impide poder acudir a financiarse a los mercados. Así que Valencia y Murcia se beneficiarán también de esa quita, al estar infrafinanciadas, ya que en el momento de fijar el modelo aceptaron unas transferencias por debajo de la media. Una excepción para la que existen otras interpretaciones, como la de un ex ministro socialista con responsabilidades en el actual modelo y que no ve como solución la quita diferencial sino más bien un porcentaje que funcione igual para todas las comunidades y que evidentemente descargará a las más endeudadas, porque no es lo mismo un 10% de condonación sobre un millón que sobre 1.000 millones.
¿Pero quién va a renunciar a participar cuando tendrán capacidad para tomar decisiones sobre el IRPF y el IVA? Ni tan siquiera Ayuso desaprovecharía la oportunidad. Porque, por mucho que se quejen, todas las comunidades quieren ser tan singulares como Cataluña
Otra fórmula con incentivos para reducir la deuda y que no parezca un regalo caído del cielo pasa por una sencilla propuesta. Casi como una oferta 3x2 del supermercado. "De cada 2 euros que logren reducir por sus propios medios, el Estado les premia con 1 euro, con lo que habrían disminuido tres euros al precio de dos. Una medida que se implantaría para todas, no solo para una", propone Xoaquín Fernández Leiceaga, uno de los economistas del informe gallego y ex senador socialista.
De nuevo, la tarjeta VIP que reclama Cataluña se le entregaría a las demás comunidades. “Que hagan como con la cesión del IRPF, lo consiguió Cataluña y se apuntaron el tanto aunque el resto sacaron el mismo provecho”, dice el exministro, que defiende la creación de una Agencia Tributaria Federal, que supone la participación de los gobiernos regionales en la gestión. Una idea que ya se acariciaba en la Ley de Agencias Estatales que se aprobó en 2006, pero no se incluyó finalmente, y que ahora parece más que probable que se haga realidad en la revisión del sistema de financiación autonómica que está en curso.
La Agencia Tributaria Federal dejaría de depender del Gobierno, como sucede ahora, y tendría un presidente que se nombraría en el Senado preferentemente porque es la Cámara más indicada para eso. Un nombre elegido entre las propuestas de las diferentes comunidades y con un Consejo de Administración en el que estén representadas todas, la adhesión será voluntaria. ¿Pero quién va a renunciar a participar cuando tendrán capacidad para tomar decisiones sobre el IRPF y el IVA? Ni tan siquiera Ayuso desaprovecharía la oportunidad. Porque, por mucho que se quejen, todas las comunidades quieren ser tan singulares como Cataluña.
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