El fin de las leyes de punto final: primero Argentina, ahora Chile... ¿y España?

El Gobierno de Chile anunció el pasado jueves su intención de derogar el decreto ley 2.191 del 10 de marzo de 1978, más conocido como ley de amnistía, según recogió este viernes el diario chileno El Mercurio. La propia presidenta chilena, Michelle Bachelet, dispuesta a cumplir con el compromiso de su programa electoral, propuso promulgar "con suma urgencia" un decreto ley que derogue la disposición aprobada en plena dictadura militar de Augusto Pinochet entre los años 1973 y 1978. De esta manera podrán ser juzgados, en un futuro, todos los delitos cometidos entre ese periodo y que se encontraban resguardados bajo el paraguas de la amnistía.

Según marcaba el texto redactado por la ministra de Justicia de la época, Mónica Madariaga, "concédase amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictivos durante la vigencia de la situación de estado de sitio, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas". 

El Gobierno chileno ya se comprometió públicamente ante Naciones Unidas a anular este decreto y para ello presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley en este sentido. El anuncio fue hecho el pasado 8 de julio, al someterse en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el respeto de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es estado parte.

Desde Naciones Unidas se había solicitado a Chile que derogase esta ley de amnistía para que ningún crimen de lesa humanidad quedase impune y para que no hubiese espacio para la interpretación.

El nuevo decreto permitirá investigar, sin traba judicial alguna, casos como el del diputado del partido derechista Renovación Nacional, Rosauro Martínez Labbé, presuntamente implicado en la muerte de tres opositores chilenos durante la dictadura militar –Patricio Alejandro Calfuquir, Próspero del Carmen Guzmán y José Eugenio Monsalve, militantes del Movimiento de Izquierda Radical (MIR)–. El político salió este viernes en libertad bajo una fianza de 19.502 euros, a pesar de que el diputado solicitase una fianza de 200 euros.

Recomendaciones al Ejecutivo español

De la misma manera, la organización internacional también lleva solicitando al Gobierno español actuaciones en este sentido. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe el pasado mes de agosto en el que pedía "eliminar todos los obstáculos jurídicos de carácter interno que puedan impedir investigaciones judiciales de los casos de desapariciones forzadas", haciendo referencia a la Ley 46/1977 (ley de amnistía). 

El relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, también solicitó al Ejecutivo español "valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo".

No obstante, esta no fue la primera vez que Naciones Unidas solicitó al Gobierno del PP actuaciones en materia de memoria histórica y persecución de los delitos de lesa humanidad durante la dictadura franquista. El pasado 2 de julio, el Grupo de Desapariciones Forzosas de la ONU publicó un informe en el que solicitaba al Ejecutivo español que se juzguen todas las desapariciones “de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde que comenzaron”, eliminando los obstáculos jurídicos que puedan impedir dichas investigaciones y tratando de asegurar que las desapariciones forzosas no sean crímenes sujetos a amnistía.

El periodista y uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, aseguró a infoLibre que el Ejecutivo chileno "ha dado un gran paso por los derechos humanos puesto que priva de argumentos a los que agarrarse a todos aquellos sujetos al decreto chileno".

En relación al texto jurídico español, Silva consideró que "la ley de amnistía es un ordenamiento hecho a medida" por un "Parlamento no democrático en el que no estaban representadas todas las ideologías políticas". "Muchos partidos republicanos y de izquierda no fueron legalizados hasta después de aprobarse el texto", incidió el fundador. 

El periodista, que definió la ley como "la gran coartada del Poder Judicial español", apuntó que dicho texto jurídico "nunca ha sido efectivo" y aclaró que el único punto en el que se pudo usar como argumento "fue en el caso de los torturadores 'Billy el Niño' y 'Muñecas'". No obstante, quiso reiterar que "la tortura es un delito que no prescribe".

Preguntado por el futuro que le espera a la norma en España, Silva no dudó en afirmar que "el verdadero problema para tumbarla es la ausencia de apoyo político en el Parlamento, algo que no sucede en Chile".

Una amnistía con "valor simbólico"

Por su parte el PP, en palabras del diputado Pedro Gómez de la Serna, no se mostró conforme "con la consideración que se hace de la ley de amnistía". El conservador añadió que esta disposición tiene para su partido "un valor simbólico en cuanto a la reconciliación de los españoles". Estas palabras fueron pronunciadas en la Diputación Permanente celebrada en el Congreso de los Diputados la última semana de agosto. En esta cita, los grupos de la oposición intentaron, sin éxito, que el Gobierno explicase que medidas iba a implementar para aplicar las observaciones de los varapalos de Naciones Unidas en materia de memoria histórica.

Por su parte, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) criticó este viernes, en relación a los informes emitidos desde la ONU, que el Gobierno mantenga una actitud "obstruccionista" con las víctimas del franquismo, algo que está "en la línea de una incomprensible actitud de condescendencia hacia el régimen anterior".

El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, advirtió de que la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 impone una serie de obligaciones al Gobierno, como es la localización e identificación de las más de 114.000 personas que siguen en fosas comunes, una situación "inaceptable" en una sociedad democrática.

"No resulta aceptable el argumento del Gobierno de que no dispone de medios económicos, porque ello podría explicar una reducción de las partidas presupuestarias, pero no la absoluta paralización que se ha producido de las actuaciones institucionales", apostilló Bosch.

Otras amnistías latinoamericanas

Chile no se convertirá en el primer estado latinoamericano en derogar una ley que respalda los delitos cometidos durante periodos dictatoriales. En realidad, seguirá la estela iniciada hace años por Argentina.

En el país del tango, la llamada Ley de Pacificación Nacional, más conocida como ley de autoamnistía –aprobada durante la dictadura militar y que dejaba extinguidas "las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982"–, fue derogada en 1983 por el Gobierno de Raúl Alfonsín. La abolición de esta norma permitió condenar a Jorge Rafael Videla y a Emilio Massera a cadena perpetua.

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En el año 2003, el Congreso Nacional argentino también derogó la Ley 23.492 de Punto Final, otro texto jurídico incubado durante el mismo periodo de la dictadura militar y que protegía a todos aquellos que hubiesen cometido durante estos años delitos de desaparición forzada.

El resto de países latinoamericanos continúan con sus respectivas leyes de amnistía derivadas de los diferentes conflictos internos. Uruguay, por ejemplo, ratificó en 2011 la llamada Ley de Caducidad, que permitió a los responsables de crímenes durante el periodo dictatorial (1973-1985) salir impunes.

La ONU también solicitó a El Salvador a finales de agosto la derogación de la ley de amnistía aprobada en 1993, según recogió el rotativo salvadoreño El Mundo, y aludiendo al dictamen que emitió en 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicitaba la abolición del texto jurídico.