La exhumación de Queipo y Primo de Rivera deja el Alcázar de Toledo como el último mausoleo franquista
Lo que la dictadura convirtió en el gran símbolo de la resistencia golpista amenaza ahora con erigirse como último gran mausoleo franquista. La exhumación de los restos de Francisco Franco y de los generales José Sanjurjo y Emilio Mola, así como el inicio de las actuaciones para exhumar a Gonzalo Queipo de Llano de La Macarena y a José Antonio Primo de Rivera de Cuelgamuros, han acabado dejando el Alcázar de Toledo como único lugar público en el que reposan destacados gerifaltes del franquismo contra el que no se han iniciado acciones de ningún tipo. Escenario principal del asedio del Ejército republicano a comienzos de la guerra civil, en su interior alberga los restos del general José Moscardó y del teniente coronel Jaime Milans del Bosch. Ambos se encuentran inhumados en una cripta del edificio. Una localización que, precisamente, los colectivos memorialistas temen que pueda convertirse en un muro que impida la exhumación.
La carta enviada este lunes a la Hermandad de La Macarena reclamando la salida de la basílica del apodado "virrey de Andalucía", el mismo general que llamaba a violar rojas y que lideró la brutal represión en el sur, ha dado pie a colectivos y formaciones políticas para volver a exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que intervenga en la fortificación, que actualmente sirve como Museo del Ejército y Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. "Los militares fascistas deben salir de los espacios públicos. Nadie está por encima de la ley, los derechos humanos y la democracia", se encargó de señalar el coordinador de Podemos en la región, José Luis García Gascón. Una opinión que comparte Emilio Sales, presidente del Foro por la Memoria, en conversación con infoLibre: "No se puede homenajear a quienes dieron un golpe de Estado contra la democracia".
La salida de los restos del general y del teniente coronel, que formaron parte del grupo golpista atrincherado en el Alcázar en el verano de 1936, ha sido una de las reivindicaciones históricas del colectivo memorialista. Igual que lo era en Pamplona la de Sanjurjo o Mola. Y lo es actualmente la de Queipo de Llano en Sevilla. Sin embargo, la contundencia del Gobierno no ha sido la misma en un caso que en otro. El Ejecutivo siempre ha asegurado que la nueva ley forzaría la salida del general encargado de dirigir la represión en el sur. Algo que, sin embargo, nunca ha dicho con claridad en referencia a los cuerpos inhumados en la fortificación toledana. Ni antes ni ahora. "Cuando se inicia algo ya se busca todo lo demás. Paso a paso", se limitan a señalar desde el Ministerio de Presidencia. Mientras, en Defensa, propietaria del Alcázar, impera el silencio.
La nueva Ley de Memoria Democrática establece que los restos mortales de "dirigentes del golpe militar de 1936" no pueden "ser ni permanecer inhumados" en un "lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra y la dictadura". Moscardó forma parte de ese grupo de cabezas visibles del golpe de Estado contra la República. Él fue quien lideró la rebelión militar en Toledo y, cuando fracasó, la toma del Alcázar, por la que se le condecoró con la Cruz Laureada de San Fernando. Y durante la dictadura ejerció como jefe de la Casa Militar, acompañando a Franco a reuniones tan importantes como la mantenida con Hitler en Hendaya, con Mussolini en Bordighera o con Petain en Montpellier.
Una cripta sin acceso libre
El problema aquí, el muro que los colectivos memorialistas temen que pueda impedir la exhumación y traslado, tiene que ver más bien con la ubicación de los restos. Tanto Moscardó, que reposa junto a su mujer e hijos, como Milans del Bosch, que participó en dos golpes de Estado, se encuentran enterrados en la cripta junto a otros de los que se atrincheraron en el Alcázar. El espacio, decorado con algunas inscripciones –"Dieron su vida por salvar la de la patria. No lloréis su muerte. Envidiadles"–, solo puede ser visitado por los familiares con "autorización previa". Sin embargo, el habitáculo, cerrado con una verja, está a la vista de cualquier visitante del Museo del Ejército. En concreto, se encuentra junto a la sala dedicada a patrimonio etnográfico y frente a otra centrada en fotografía histórica. Y justo debajo de donde se encontraba durante el asedio el despacho de Moscardó, que se conserva tal y como quedó.
Al poco de llegar Pedro Sánchez a la Moncloa, el senador de En Comú Podem Joan Comorera preguntó al Gobierno por los planes que tenía para esta cripta, construida en 1943, al calor de la ya superada Ley de Memoria Histórica. "Se considera que no existe exaltación pública relacionada con los militares allí enterrados, pues dicha cripta es un espacio no incluido en el discurso museológico del Museo del Ejército, por lo tanto su consideración es privada al no ser visitable por el público en general", respondió en noviembre de 2018 el Ejecutivo socialista. Ahora, cuatro años después y con una nueva norma memorialista sobre la mesa, los colectivos memorialistas temen que el Gobierno vuelva a agarrarse a ese argumento para no ordenar las exhumaciones que reclaman, fundamentalmente las de las "dos caras visibles de la represión y golpe de Estado". "¡Pero eso da igual, hablamos de un edificio público!", responde Sales.
Una fortaleza de propiedad estatal en la que cada último domingo de septiembre se rinde homenaje a Moscardó, Milans del Bosch y todos aquellos que se encuentran allí enterrados. Actos que se celebran en el patio, que incluyen una visita a la cripta y una ofrenda floral y que organiza la Hermandad de Nuestra Señora Santa María del Alcázar, constituida en el verano de 1936 para "protección y socorro de las necesidades espirituales y materiales de cuantos convivieron en aquellas jornadas en El Alcázar y, muy especialmente, de los huérfanos y familiares de los defensores". No es la única misa que se celebra en el recinto. También se suelen oficiar el primero de noviembre "por los caídos y fallecidos", ceremonia a la que pueden asistir tanto las familias de los inhumados como los miembros de la propia hermandad.
"Los familiares de las personas enterradas en la cripta solamente podemos entrar antes de que abra el museo unos minutos para poder rezar a los nuestros y salir rápido. A eso se reducen nuestros 'actos de exaltación", afirmaba este lunes en redes sociales el bisnieto de Moscardó, a quien se concedió el título de conde del Alcázar con grandeza de España que la nueva ley memorialista elimina. Una glorificación que, en algunos casos, ha venido en forma de pancarta y desde fuera de nuestras fronteras. En verano, un grupo de ultras del club de fútbol italiano SS Lazio desplegó en el patio del Alcázar, el mismo donde se celebran los homenajes de la hermandad, una pancarta de varios metros con la frase "Onore al general Moscardó" ("Honor al general Moscardó"), se fotografiaron con ella y la difundieron por redes sociales.
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Al presidente del Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha le hubiese gustado que la nueva Ley de Memoria Democrática fuese más ambiciosa. Pero reconoce que el texto trae consigo algunos avances que, a su juicio, deberían ir cerrándose cuanto antes. "El problema que vemos es que queda un año de legislatura y que como el PP llegue al Gobierno de la mano de Vox se van a cargar todo", apunta Sales. Por eso, considera necesario un "empuje" del Ejecutivo de coalición para ir dejando resueltos el mayor número de frentes posibles. Porque aún hay muchos. Desde la simbología en los lugares públicos hasta los callejeros, pasando por la recuperación de miles de personas que aún hoy, casi medio siglo después de la muerte del dictador, siguen perdidas en fosas comunes esparcidas a lo largo y ancho de toda la geografía española.
La entrada en vigor de la norma a finales de la pasada semana pone coto a las fundaciones que ensalcen el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes –Fundación Nacional Francisco Franco o Fundación Serrano Súñer, entre otras–, si bien es el Protectorado quien tiene que pedir judicialmente la extinción del ente. Del mismo modo, entre los deberes pendientes del Gobierno también está ahora la construcción de un nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros, un decreto que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del mismo. Y, por supuesto, culminar las exhumaciones de víctimas del franquismo que fueron inhumadas allí, unos trabajos que se encuentran paralizados ante la negativa de la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López (PP), de reactivar la licencia hasta que el Supremo no resuelva los recursos presentados por distintos colectivos ultras.
"Las familias están desesperadas y agotadas", explica el abogado Eduardo Ranz. Un letrado que, junto a este, tiene otro gran frente abierto en materia memorialista. Es el relativo a nombres de municipios y simbología franquista en edificios religiosos, dos cuestiones en las que la nueva norma da un salto importante respecto a la anterior. Así, a comienzos de mes, Ranz pidió el cambio de nombre de ocho localidades: Alberche del Caudillo, Guadiana del Caudillo, Llanos del Caudillo, Villafranco del Guadiana, Quintanilla de Onésimo, Alcocero de Mola, San Leonardo de Yagüe y Villafranco del Guadalhorce. Y la retirada de símbolos en edificios religiosos a una veintena de Arzobispados y Obispados.
