La sobrecarga de trabajo satura a los jueces: "Me he acostumbrado a vivir con ansiedad"

Natividad Roldán lleva dieciséis años impartiendo justicia. Pero en toda su carrera, que se inició en un pequeño pueblo de la provincia de Huelva, no ha conocido lo que es trabajar de manera tranquila y sosegada. Cada día es un infierno por la sobrecarga de asuntos. Su jornada arranca a primera hora de la mañana. Y se extiende, en algunos casos, hasta que baja la persiana del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº7 de Dos Hermanas. Aún así, no es suficiente como para llegar a todo. "Normalmente me tengo que llevar trabajo a casa, porque si no es imposible", cuenta Roldán a infoLibre tras una mañana de declaraciones. Una presión continua que la está pasando factura a nivel físico y mental: "Me he acostumbrado a vivir con ansiedad".

El exceso de trabajo va mucho más allá de este órgano sevillano. Se trata de un problema generalizado contra el que las asociaciones judiciales llevan años luchando. Incluso, en los tribunales. El pasado viernes, sin ir más lejos, el Supremo condenó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a regular esta carga que soportan jueces y magistrados. Al fin y al cabo, es una obligación recogida en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial. Y, a pesar de ello, el órgano de gobierno de los jueces lleva más de un lustro mirando hacia otro lado. Sin embargo, el Alto Tribunal no fija una fecha límite para cumplir con esta previsión porque el plan que se aprobó en su momento tampoco establece un plazo alguno.

Joaquím Bosch sabe lo que es vivir desbordado. "Estamos trabajando a más del 200% de la carga prevista", explica el magistrado al otro lado del hilo telefónico. En su caso, ejerce en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Moncada, un pequeño municipio ubicado a pocos kilómetros de València. Y cada jornada es un no parar. Por la mañana, juicio o toma de declaración. Por la tarde, sentencias y papeleo. El mismo planning que su compañera de Dos Hermanas. Roldán ha arrancado el martes con declaraciones y ha seguido con la ya habitual comida frente al ordenador. "Y antes de irme tengo que resolver tres internamientos, cinco recursos de reforma, cinco monitorios de cláusulas abusivas, tres sentencias sin vista y una ordinaria que requiere tiempo de estudio", explica.

El Consejo General del Poder Judicial estimaba antes de la pandemia que más de siete centenares de juzgados unipersonales afrontaban una sobrecarga de trabajo superior al 150%. "Y esto va empeorando progresivamente. Crece el nivel de litigiosidad pero, sin embargo, no se crean suficientes órganos judiciales ni se ponen medios suficientes", opina Fátima Beardo, que desempeña sus funciones en el Juzgado de lo Social nº18 de Madrid. Si hace un lustro entraban en las distintas jurisdicciones alrededor de 5,8 millones de asuntos, en 2022 esa cifra se situaba en los 6,68 millones. Un volumen que a los órganos judiciales les cuesta mucho absorber. Hace años que la justicia no es capaz de resolver más casos de los que anualmente ingresa.

El Consejo General del Poder Judicial cifra en 800 el número de asuntos que puede asumir un juzgado de lo social. En el que ejerce Beardo, sin embargo, se reciben más de un millar. Lo mismo sucede en el Juzgado de lo Social nº9 de Santa Cruz de Tenerife. "Nosotros en septiembre estábamos ya en 830 y calculamos que acabaremos el año superando los 1.200", explica Sergio Oliva, magistrado titular de este órgano. Semanalmente, este juez tiene fijados dos días de señalamientos. Y, en cada uno de ellos, celebra unos 14 juicios. Beardo, por su parte, se mueve entre los 15 y los 18 en cada una de las dos sesiones programadas a la semana en su órgano judicial. "No te da tiempo de prepararlos bien, no tienes tantas horas", resalta Oliva.

Sin tiempo para la familia

Laura Cristina Morell también ejerce en esta jurisdicción. En su caso, como jueza de adscripción territorial en el Juzgado de lo Social nº4 de Castellón. "Se van sacando todas las resoluciones, pero no en los tiempos que marca la ley. Las sentencias, en teoría, debo sacarlas en tres días, algo que es imposible", lamenta en conversación con este diario. Eso es lo que más frustra, también, a Oliva: "Lo que peor llevo es no poder dar respuesta al justiciable en un plazo razonable de tiempo". En 2022, según datos del CGPJ, los juzgados de lo social estaban tardando, de media, más de seis meses en resolver los casos de despido y casi año y medio en los asuntos relacionados con los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales.

Uno de los grandes riesgos de esta sobrecarga es que acabe afectando a las propias resoluciones. "A una sentencia se le deberían dedicar, al menos, dos días en exclusiva, pero generalmente no es posible. Muchas veces, te quedas con la sensación de que estás haciendo las cosas a medias", señala Roldán. Para que eso no ocurra, para que la calidad del servicio no se resienta, los jueces y juezas se ven habitualmente obligados a sacrificar su tiempo libre y su vida privada. Todos trabajan más horas de las que les corresponden. "A mí me encantaría poder fichar, pero si lo hiciéramos los juicios se nos irían a 2040", apunta Oliva. En su juzgado, a pesar de los esfuerzos, se están señalando ya asuntos para comienzos de 2025.

Roldán sale de la oficina cada viernes con la maleta cargada. Dedica parte de su fin de semana a resolver asuntos que tiene pendientes de la semana. "Mi padre se encarga de atender a los niños por la mañana, mientras yo trabajo", explica al otro lado del teléfono. De sábados y domingos ocupados hablan, del mismo modo, Beardo, Bosch, Morell u Oliva. Y, también, del impacto que esta sobrecarga de trabajo tiene sobre su vida privada y familiar. "Te queda esa sensación de estar perdiéndote cosas con tus hijos, que como tu pareja se han acostumbrado a verte en un despacho de casa sacando sentencias", resalta Oliva. "Nunca los puedo llevar ni recoger del colegio, tengo que recurrir a la red de conciliación familiar", señala Morell.

"Fuertes índices de desmotivación"

El último informe de salud mental en la judicatura elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, que data de 2018, puso de manifiesto que un 84% de los miembros de la carrera consideraban que la profesión era una actividad de riesgo psicosocial "muy elevado" debido, fundamentalmente, a la carga de trabajo. "Me he acostumbrado a vivir con ansiedad", apunta la jueza de Dos Hermanas. De hecho, explica que hace unos meses se vio obligada a cogerse la baja porque colapsó. "Tenía que haber estado varios meses, pero pedí el alta voluntaria a las tres semanas por ese sentimiento de responsabilidad", cuenta Roldán. Algo menos de un mes en el que, sin embargo, apenas logró desconectar: "Siempre con la angustia de lo que me iba a encontrar cuando me reincorporara".

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Bosch también habla de "fuertes índices de desmotivación, fatiga laboral, estrés y bajas por depresión". "Y hay cada vez más jubilaciones anticipadas e incapacidades permanentes por problemas de estrés que degeneran en una enfermedad mental", señala Oliva, quien también forma parte del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. En el último lustro, 68 magistrados decidieron no esperar a la edad máxima legal para retirarse y se jubilaron de forma anticipada. "En este último año, se ha venido observando un incremento de las consultas relativas a la jubilación, especialmente en su modalidad de anticipada y de voluntaria", recoge, por su parte, la última memoria anual del Consejo General del Poder Judicial.

A pesar del "estrés" y del "agobio", de la falta de medios y de los continuos problemas técnicos, ellos tiran del carro como buenamente pueden para dar el mejor servicio posible. Y reconocen que, pese a las dificultades, volverían a estudiar para ser jueces. "Dentro del derecho, es el trabajo más bonito si te dejan ejercerlo correctamente", dice Roldán. También Morell mantiene su "compromiso": "Estoy muy orgullosa de lo que hago". Ahora bien, algunos reconocen que, si las cosas siguen como están, no les recomendarían a sus hijos seguir sus pasos. "Es una profesión con una carga de trabajo extraordinaria, con un salario que no va acorde a la responsabilidad y cada vez menos reconocida por la ciudadanía. ¿Qué puede mover ahora a un niño para querer ser juez?", dice Oliva.

Beardo, sin embargo, confía en que más pronto que tarde todo cambie. Y que la profesión "más bonita del mundo", como dicen algunos de los magistrados, vuelva a brillar de nuevo. Con más recursos y tiempo. Con menos sobrecarga de trabajo, estrés y ansiedad.