La Ley de Memoria cumple dos años de avances pero las víctimas piden más velocidad frente al retroceso ultra

La de Maria Antònia Oliver es solo una de las miles de historias familiares truncadas por el golpe de Estado de 1936. Su abuelo, Andreu París Martorell, sindicalista y fundador de la agrupación socialista de Inca, municipio ubicado del centro de Mallorca, fue detenido tras estallar la guerra. Y desde entonces no volvieron a saber nada de él. Cuando su abuela preguntaba, le decían entre risas que lo habían soltado y se había largado con otra. Pero la familia tiene claro que lo asesinaron. Oliver lleva décadas buscándolo. Igual que al que fuera su cuñado, Bernardo Mateu. Pero, de momento, siguen sin aparecer. "Mi madre preguntó y yo sigo preguntando. Y buscándoles estoy encontrando a muchos otros", cuenta en conversación telefónica con infoLibre.

Durante todos estos años, la presidenta de la asociación Memòria de Mallorca ha visto cómo las víctimas del franquismo han conseguido salir de la cárcel del olvido. Sobre todo a lo largo del último lustro, cuando en las islas se dio un impulso sin precedentes a las políticas de memoria. Se hizo a través de una ley autonómica que vio la luz en la primera legislatura de Francina Armengol. Una norma que ahora, con el giro a la derecha, tiene los días contados. Tanto el PP como Vox están dispuestos a derogarla. Y cuando eso ocurra, a las víctimas sólo les quedará la estatal Ley de Memoria Democrática. Por eso, piden al Gobierno central que pise el acelerador en el desarrollo de la norma, que este domingo 20 de octubre entró en vigor justo hace dos años.

No es una petición que emane exclusivamente del archipiélago. Celeridad exigen también colectivos valencianos o cántabros. "Es el momento. Los que defendemos la libertad tenemos que ser consecuentes a la hora de actuar. Si no, sabemos lo que va a pasar: que PP y Vox intentarán destruir cualquier avance", dice Ángel González, presidente de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valenciano. En su territorio, el "fascismo mainstream" ha eliminado de un plumazo la norma memorialista valenciana. Y la ha reemplazado por una Ley de Concordia que equipara la democracia de la Segunda República con la dictadura. Un paso que la derecha y la ultraderecha también han dado ya en Aragón –si bien el Constitucional ha suspendido la derogación– y darán próximamente en Cantabria.

"Están cerrados en la defensa por activa y por pasiva del franquismo y de lo que significó", lamenta Jorge Suárez, de Héroes por la Libertad y la Democracia. Nieto de represaliados durante la dictadura, este sindicalista criado en Argentina no esconde la "desazón" que le produce el "desarrollo lento" de la Ley de Memoria Democrática, que vino a cubrir las enormes lagunas que tenía la normativa del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que impedirá que las víctimas de todos estos territorios donde se ha producido un retroceso ultra queden desamparadas. "Es necesaria más premura, los deudos se están muriendo", asevera al otro lado del teléfono.

Dos años de exhumaciones y avances simbólicos

Nadie niega que en los dos primeros años de vida de la ley se hayan dado pasos. Muchos de ellos, de enorme simbolismo. Ahí está, por ejemplo, la salida del general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena. O la del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, del Valle de Cuelgamuros. Un lugar en el que, además, se están buscando y exhumando los restos de aquellos que fueron inhumados sin permiso de sus familias. Ésta fue una de las grandes asignaturas pendientes que dejó el Ejecutivo de Zapatero. Por el momento, se han conseguido identificar a catorce personas de las 166 que han sido reclamadas.

También se ha ejecutado ya el I Plan Cuatrienal de Exhumaciones, iniciándose la elaboración del segundo, que se desarrollará entre 2024 y 2028. Con más de 600 actuaciones y la movilización de más de 20 millones de euros, los cuerpos sacados de fosas ascienden hasta la fecha a 5.600. Además, se han concedido y entregado 572 declaraciones de reconocimiento y reparación personal a las víctimas, una relación que incluye nombres como el del expresident de la Generalitat Lluís Companys, los artistas Pau Casals y Pablo Picasso o el anarquista Salvador Puig Antich, en cuyo documento se ha dejado también por escrito que tanto su condena a muerte como el tribunal que la dictó fueron ilegítimos.

Gran potencia simbólica ha tenido también la retirada de honores. La entrada en vigor de la norma memorialista provocó, por ejemplo, la supresión de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidas entre 1948 y 1978, entre los que se encontraba el ducado de Franco, el marquesado de Queipo de Llano o el señorío de Meirás. Del mismo modo, el Ministerio de Trabajo ha revocado medallas de oro al Mérito del Trabajo, entre las que se encontraban las otorgadas al dictador, al general Juan Yagüe –el carnicero de Badajoz–, al exministro franquista Juan Antonio Girón de Velasco o al cardenal Enrique Pla. Y en Policía y la Guardia Civil se iniciaron procedimientos de revisión y retirada de medallas y recompensas policiales, expedientes que aún están pendientes de resolución.

También ha habido algún avance tímido en relación a las incautaciones del franquismo. La Ley de Memoria Democrática daba un año a la Administración General del Estado para hacer "una auditoría" sobre los bienes expoliados en la guerra y la dictadura, incluyendo en la misma "obras de arte, papel moneda u otros signos fiduciarios". Sólo el Ministerio de Cultura ha puesto, de momento, un inventario sobre la mesa. En total, más de cinco millares de piezas, entre lienzos, joyas, esculturas, muebles u otros objetos. La voluntad del departamento que dirige Ernest Urtasun es la de retornar todos aquellos bienes que puedan identificarse a sus "legítimos dueños".

Cultura, del mismo modo, ha activado ya el mecanismo para la disolución de la Fundación Nacional Francisco Franco. Lo hizo a finales de junio, con la petición a la Secretaría de Estado de Memoria de un informe sobre el posible incumplimiento de la normativa memorialista por parte de la entidad. Por el momento, según las fuentes consultadas, el proceso continúa en fase de "actuaciones previas". Una vez concluida la instrucción, y con el previo informe de la Abogacía del Estado, será el ministerio quien inste judicialmente, a través del Protectorado de Fundaciones, a la extinción de la fundación. Serán, por tanto, los tribunales quienes tendrán aquí la última palabra.

A la espera de desarrollo reglamentario

González, que pasó dos años "sin condena ni juicio" en la quinta galería de la Modelo de Barcelona antes de convertirse en uno de los primeros presos que salió libre con la Ley de Amnistía de 1977, reconoce que la norma estatal supone un "importante avance". Es cierto que no soluciona el problema de acceso a la justicia de las víctimas, que ven cómo todas sus querellas son metidas en un cajón. Pero sí cubre las evidentes lagunas que tenía la legislación de 2007. Ahora bien, critica que dos años después de su entrada en vigor no cuente aún con un amplio reglamento que la desarrolle. "Hay que pisar el acelerador presupuestario y reglamentario", coincide Suárez.

La norma estatal contempla, en su artículo 57, la creación del Consejo de la Memoria Democrática, en el que participarán tanto representantes de la Administración General del Estado como expertos y representantes de las entidades memorialistas. Un órgano que aún no ha comenzado a funcionar. Antes de echar a andar, debe determinarse a través de un reglamento tanto su composición como su régimen de funcionamiento. Un real decreto que el Gobierno tiene bastante avanzado. De hecho, antes del adelanto electoral de 2023 salió a consulta pública un primer borrador. "Se encuentra en un avanzado estado de tramitación", apuntan fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La puesta en marcha del Consejo de la Memoria resulta clave. Al fin y al cabo, es la piedra angular en el desarrollo de otros aspectos centrales de la norma estatal. Así, este órgano tiene entre sus funciones "informar" sobre el Plan de Memoria Democrática –a través del cual se fijarán los objetivos y prioridades y los recursos financieros que se estiman necesarios– o el plan plurianual de búsqueda y exhumación, así como hacer recomendaciones sobre la política de memoria.

Un Consejo de la Memoria Democrática en cuyo seno, además, se constituirá la Comisión de la Verdad que tiene previsto analizar y dejar plasmadas en un informe las violaciones de derechos humanos durante la guerra y la dictadura. Constituido está ya el grupo de trabajo que debe estudiar los supuestos de vulneración de derechos entre la entrada en vigor de la Constitución y el último día de 1983. Y aprobadas están, del mismo modo, las regulaciones de otras comisiones, como la de Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano o la concebida para el estudio de medidas de reparación de carácter económico para las víctimas de la guerra y la dictadura.

Oliver avisa de que para que la máquina de la memoria funcione a pleno rendimiento es fundamental que exista una comunicación fluida de Madrid con los colectivos y los territorios. Porque cada lugar tiene unas particularidades. Así, por ejemplo, cuenta que en Baleares el tema de las exhumaciones está "más o menos finiquitado": "Quedan muy pocas fosas por abrir". Ahora bien, la simbología franquista aún pervive en las calles. "Y no se ha trabajado demasiado en lo que se refiere a la incautación de bienes", apunta. Por eso, proponen crear una especie de comisiones en las distintas Delegaciones de Gobierno, en las que participen las entidades memorialistas de dichas comunidades, a través de las cuales se trasladen las demandas de forma oficial al órgano central.

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Sobre los símbolos y elementos contrarios a la memoria, la norma estatal contempla la elaboración de un catálogo por parte de la Administración General del Estado que recoja todos aquellos que deban ser retirados. Es, por tanto, instrumento esencial para forzar su eliminación. Sin embargo, el procedimiento para la confección del mismo tiene que ser establecido reglamentariamente. Y eso aún está pendiente. Ahora bien, el Gobierno ya está trabajando en un real decreto con el que pretende concretar y precisar "plazos", "contenido del catálogo" o "procedimiento" para incluir todos estos vestigios en la lista. De hecho, ya se ha realizado el trámite de consulta pública.

Los colectivos memorialistas también exigen rapidez en la puesta en funcionamiento del Banco Estatal de ADN, cuyo régimen de organización y funcionamiento también debe establecerse reglamentariamente y para el que ya se ha adquirido el software necesario. "Es fundamental", señala González. Y lo hace poniendo los datos sobre la mesa: "De todas las víctimas exhumadas en los últimos ocho años aquí, apenas se han identificado un 11%. Faltan cruzar datos con el resto del Estado".

Y mucho queda todavía por hacer en Cuelgamuros. La ley estatal prevé convertir el complejo monumental en un "lugar de memoria". Y para ello es necesario resignificarlo. En este sentido, el Gobierno constituyó antes del verano una Comisión Interministerial para la Resignificación que debe preparar una propuesta que asigne "los bienes inventariados" adscritos al mausoleo a los distintos departamentos ministeriales e impulsar la elaboración del real decreto que establezca el nuevo marco jurídico aplicable al complejo monumental, que hasta ahora ha funcionado con un andamiaje legal heredado del franquismo. Un texto que enseñará la puerta de salida a unos monjes benedictinos que llevan más de seis décadas en el complejo monumental.