La tasa turística, a escena

Nos encontramos en la época veraniega de su llegada masiva, la época en la que los responsables del sector hotelero más se preocupan, con fruición y entusiasmo, por el número de turistas que arriban a nuestras costas, archipiélagos y ciudades del interior –y los beneficios que nos reportan–.

Sea por esta u otras razones, el caso es que la implantación de una tasa turística ha vuelto a la escena política. La ha revivido el actual delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, al presentar al Pleno del Ayuntamiento los presupuestos para 2018 –ya redactado este artículo he leído una entrevista a dicho delegado, JorgeGarcía Castaño–. No está mal que lo haya hecho, aunque la mención llegue tarde, no suficientemente razonada, y su implantación, un imposible en esta legislatura. Podría haberse implantado ya hace dos años, si la alcaldesa de Madrid hubiere comprendido su necesidad y ventajas y hubiere insistido en ella aun a sabiendas de que la competencia correspondía al Gobierno central y a la Comunidad de Madrid.

La manifestación y puesta en escena de la tasa en dicho Pleno ha supuesto la oposición en manada de todos los portavoces, partidos políticos y de los representantes de los organismos que tienen negocios en el sector turístico con los argumentos puramente económicos negativos que su implantación supondría y que si tuvieran memoria no repetirían. Olvidan o desconocen otros criterios más razonables, lógicos y ambientales que de su implantación se derivarían.

Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, ha declarado que "el turismo supone el 7% del PIB de la región y da trabajo a 383.000 personas, industria muy importante y cualquier impuesto desincentiva el interés de los inversores y de los turistas", tachando de "ocurrencia" el anuncio del Ayuntamiento de Madrid: "El PP se presentó en 2015 con un programa claro de que no subiría ningún impuesto".

¿Y antes? El Ayuntamiento de Madrid, a raíz de la nueva ponencia de valores catastrales aprobada por Ruiz-Gallardón en 2011, con entrada en vigor en enero de 2012, y con la liberalización del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) realizada por el Gobierno de Rajoy en el Decreto-Ley 12/20012 de 30 de marzo –a cuya liberalización se acogió de inmediato el Ayuntamiento–. Ana Botella incrementó entre un 60 y un 90% el IBI, así como el impuesto de plusvalía "mortis causa" –herencias–, también derivado de la revisión catastral de cuyas subidas se ha aprovechado –todo hay que decirlo– el actual equipo de Gobierno –menos una mínima bajada del IBI–.

Desde esos brutales incrementos de ambos impuestos comenzó ya Ana Botella a ir reduciendo el defícit de 7.000 millones que dejó Ruiz-Gallardón siendo alcalde de Madrid y que ha continuado Manuela Carmena presumiendo de ello, así como del superávit de estos últimos años, pero sin que nos diga abiertamente cuánto de ambos –déficit y superávit– se debe al mantenimiento de los impuestos del PP, a la reducción de inversiones, por la obligación de cumplir con la estabilidad presupuestaria de Montoro –que le costó el puesto a Sánchez Mato– o a su buena gestión, de la que también presume.

García Castaño, en esa entrevista, se viene arriba y dice que Madrid podría asumir competencias que otras administraciones rechazan. ¡Ay, si yo le contara de la poca eficacia de la Concejalía de Chamberí, de la que él fue concejal, en un asunto nimio! Achaca la no disponibilidad de 400 millones el pasado año, "porque si hubieran ejecutado más hubieran incumplido mucho más –Montoro mediante–". Pero la no ejecución de ese dinero le ha venido de perlas al Ayuntamiento para amortizar deuda.

"Madrid tiene mucha capacidad financiera", repite constantemente; la cual, unida a la autonomía fiscal que reclama –en la que estoy de acuerdo– podría el Ayuntamiento de Madrid asumir "muchas competencias que otras Administraciones tienen pero no ejercen". "Nosotros estamos dispuestos a quedarnos con todas ellas, porque tenemos la capacidad administrativa". ¿Podría decirnos, Sr. García Castaño, ¿cuántos expedientes de madrileños que reclaman la devolución del impuesto de plusvalía por las herencias tienen acumulados, paralizados y sin resolver? ¿Y por qué?

Este impuesto gravoso está herido de muerte, primero, por las sentencias del Tribunal Constitucional, y segundo, porque es un impuesto pluriimpositivo, del que la Comisión de expertos para la financiación local se planteó como primera propuesta y decisión su eliminación y terminó por acordar la necesidad de una profunda revisión del mismo. ¿Por qué el Ayuntamiento lo sigue liquidando de la misma manera, a pesar de las sentencias del TC? ¿En qué punto colocamos "la capacidad política e ideas para gestionar las competencias" que quiere atribuirse?

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento, Iñigo Henríquez de Luna, ha declarado: "La izquierda siempre soluciona todo subiendo las tasas y los impuestos". Desde que gobierna Ahora Madrid, los impuestos y las tasas no han hecho más que subir, mientras los servicios públicos cada vez son peores". El PSOE también se ha desmarcado de la tasa turística y cree que es "un globo sonda"; nada extraño, porque el PSOE tiene dos almas –una de reserva, que iría al cielo, por si la otra muere con el cuerpo–, ya que en Valencia apoya la implantación de la tasa turística y está en contra de ella en Alicante.

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid reaccionó también al anuncio para manifestarse contra la creación e implantación de una tasa turística en la capital "ya que de esta forma se perjudicaría directamente al sector". "La medida afectaría negativamente a la industria turística en general y a los hoteles en particular" y "frenaría el desarrollo económico de Madrid".

Juan Pablo Lázaro, presidente de la CEIM, se muestra también contrario a la tasa y apuesta por recibir a los turistas "con los brazos abiertos". "No afecta en positivo al turismo y es como poner un cartel que le dice a los turistas que como vienen a molestar tienen que pagar". Pero de las molestias positivas y negativas, ya hablaremos. Declaraciones de representantes de fondos buitres que alquilan los pisos turísticos no he oído, tal vez porque ellos hacen, no dicen.

En su informe, la misma Comisión de expertos sale al paso del impacto negativo que aducen los empresarios, negociantes y representantes políticos por la implantación de la tasa turística y manifiesta "que ya existen estudios empíricos que apuntan a un muy escaso impacto negativo de este tipo de tributo sobre la entrada de turistas". Hagamos un poco de memoria.

¿Se acuerdan los lectores de la marimorena que se armó cuando la entonces ministra de Sanidad, Elena Salgado, modificó en el año 2011 la Ley Antitabaco aprobada en 2006 para prohibir su consumo en bares, restaurantes y hoteles? Vendrían las siete plagas, se perderían miles de puestos de trabajo, muchos bares –la mayoría familiares– cerrarían, el sector empresarial dedicado a estos servicios con una implantación –como sabemos– desconocida en Europa se arruinaría... ¿qué ocurrió? Nada de nada.

La prohibición de fumar en todos los lugares públicos invadió las cafeterías, al contrario de lo que ocurría cuando el humo del tabaco frenaba a muchas personas y menores para entrar en los bares y cafeterías cuando se retransmitía un acontecimiento deportivo no abierto, al poder vivir momentos más felices y respirar un aire más limpio. Ya hay estadísticas de la incidencia positiva en la reducción de cánceres pulmonares entre los camareros y fumadores pasivos. Y los dueños de los establecimientos lo notaron de inmediato en la recaudación de la caja registradora y hoy nadie discute la medida, salvo algún club de fumadores irredento. Muchos de los mismos de siempre no aprenden y olvidan que la experiencia es la madre de la ciencia.

La Comisión de expertos para la financiación local creada por el anterior gobierno en su informe entregado el julio del año pasado recomendaba la implantación de este tributo al turismo que el que suscribe apoyaba en un artículo publicado en este diario titulado "El tributo al turismo". Allí se decía que podría haberse recomendado como "el tributo a los turistas, viajeros y los viajantes", ya que se trata de un impuesto personal y no real, como el IBI.

Nombro a los viajantes como homenaje, porque los mayores recordarán que en la España de la décadas de los años 20 al 60 del siglo pasado, los viajantes eran los únicos que se movían por el territorio nacional, unos en coche ya y otros con medios más modestos, para ofrecer las mercancías de los entonces grandes almacenes de Barcelona y Valladolid a los tenderos asentados en los pueblos y ciudades de las Castillas, Extremadura y Andalucía.

Con las rudas mantas de Palencia y las zamoranas –las mantas, no las mozas– se calentaban las camas de nuestras viejas y frías viviendas con los textiles y los paños, palabra hoy casi olvidada –"para esa falda, necesitarás tres paños, para ese traje, por lo menos, seis paños"; para algunos, el lujo era el paño inglés–. En Cataluña y Valladolid se hacían los trajes para las fiestas por entonces muchas septembriles porque la recogida de la cosecha de la España, mayoritariamente rural y agricultora, con los escasos medios disponibles –los trillos de Cantalejo– duraba todo el verano. Un anuncio de una marca de pana con la fotografía de los dos usuarios vestidos con ella y su edad decía "muchacho de 18 años que ahora tiene 70 y todavía le dura la pana". Hasta las velas y cirios que calentaban las iglesias y con las que los curas hacían sus responsos –hoy es el cestillo, que la iglesia no se cansa de pedir– procedían de esos lugares. Los mieleros de la alcarria eran también viajantes en las décadas 40-50, aunque a pié, porque eran su borricos los que transportaban la mercancía en los serones por las poblaciones de las Castillas, voceando: "El mielero, ha llegado el mielero, a la rica miel de la alcarria".

Hecho este breve recorrido por nuestra España de entonces, decía que la comisión de expertos recomendaba la implantación del tributo al turismo y lo apoyaba en tres motivos: La estancia en hoteles o establecimientos de alojamiento análogos es un inequívoco signo de capacidad económica; porque es muy razonable que los turistas contribuyan a la financiación de los servicios públicos; y porque cabría justificar igualmente la exigencia de este impuesto desde el punto de vista del impacto medioambiental que el turismo causa en nuestro país. ¿Han oído hablar a los operadores turísticos de estos argumentos? ¿De plegar sus intereses particulares a una perspectiva social más amplia? ¿Acaso sólo el consumo que se hace del agua –por 80 millones de turistas en una España seca–, un bien tan escaso, no es suficiente para imponer esta tasa? ¿O el reciclaje de los miles de botellas de agua que consumen y dejan en papeleras y contenedores?

El 1 de agosto se ha celebrado el Día Mundial de la Deuda Ecológica y leo en el HuffPost que a esta fecha ya hemos consumido todos los recursos que la Tierra tenía disponibles para 2018. "La deforestación generalizada, la escasez de agua dulce, el colapso de la pesca y la dramática pérdida de biodiversidad muestran algunas de las formas en que se nota el uso excesivo de recursos que tiene la Tierra". Aguas Lanjarón está haciendo propaganda en televisión de sus aguas porque celebra sus 200 años como empresa, el año pasado aumentó sus facturación un 10%. "Tenemos un sistema que se come los recursos y fabrica productos para que la gente los tire. Por ejemplo, el agua embotellada", dice Tess Riley, en Huffpost US. "Si el mundo viviese como vivimos en España se necesitarían 2,3 planetas para abastecernos".

Estamos en deuda con la Tierra. ¿Acaso no debe revertir en las arcas públicas algo del gasto que hacemos los viajeros en el puente laico-religioso –caso único en el mundo, del 1 al 10 de diciembre–, cuando los hoteles y establecimientos análogos –los pisos turísticos– incrementan sus precios hasta el doble y sin que ofrezcan mejores servicios, al contrario? A mayor demanda, peor oferta, con lo que puede ocurrir que a las cinco de la tarde no tengas la habitación arreglada y limpia porque no se aumenta la plantilla de Las Kellys, que trabajan el doble y se les paga lo mismo. Si hay un sector donde existe explotación laboral es en el sector turístico, por mucho que lo niegue José Luis Zoreda, vicepresidente del lobby turístico Exceltur.

Dice mi amigo Felicísimo, que se va dos o tres veces al año –porque su condición de jubilata se lo exige y la económica se lo permite– a un hotel del Puerto de la Cruz a "centrifugarse" –atribuyendo esa palabra a Ortega– "porque es una maravilla de hotel... menos en estas fechas. ¡Qué llenazo y qué agobio a la hora de las comidas! ¡Demasiado agobio!". Precisamente la escasez de agua es notoria en las Islas Canarias.

Planteada la cuestión, ¿el que suscribe es partidario de la subida de impuestos? De ninguna manera. Ni mucho menos. Solo de su reordenación. De la eliminación de algunos, ya dichos, y de la incorporación de otros, como la tasa turística, porque también sería un impuesto a plazos –repercutido suavemente en los tres, cuatro o cinco viajes anuales que hagamos–. Y partidario de que paguen todos aquellos que no pagan algunos de esos impuestos.

Los Ayuntamientos tienen que cumplir con su función constitucional y ofrecer los servicios que los ciudadanos reclamen y disponer de mayor autonomía para ello. En eso está Abel Caballero, Presidente de la Federación de Municipios y Provincias, que reclama mayor autonomía al Gobierno para gastar los 7.000 millones de superávit, que, muy ufano, proclama que han conseguido los Ayuntamientos en este último tiempo, pero volvemos a lo ya dicho. ¿De dónde procede ese superávit? No nos lo dicen con claridad y transparencia. Si el IBI se incrementó alarmantemente en época de la crisis, lo mismo ocurrió con la plusvalía derivada de las herencias.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) recaudaba en 2004, 5.425 millones y en 2015 ha llegado hasta los 12.807 millones, un 136,1% más. El último Consejo de Ministros –diciembre de 2017– del anterior Gobierno aprobó un decreto-ley por el que revisó los valores catastrales de los inmuebles de 1830 Ayuntamientos, la mayoría al alza, por lo que los impuestos de plusvalía de las herencias y del IBI que se rigen por esos valores subirán a millones de españoles. Ha sido otro "catastrazo" más.

Y sin embargo, siguen exentas de su pago muchas instituciones. El Ayuntamiento de Zaragoza deja de ingresar 9,4 millones al año por las exenciones legales del IBI de 1316 inmuebles, según el Periódico de Aragón. Mi amigo Juan José –que, como clérigo, barre para casa– me dice que sólo hablo de los inmuebles de la Iglesia católica exentos de pago y no de otras instituciones, también exentas, como los locales sindicales, los de fundaciones, los de cooperativas, etc. Pero es que a la Iglesia católica hay que castigarla, por pedigüeña. Todos tienen que pagar.

En la campaña para la celebración de las elecciones municipales de 2015, los partidos hablaron de su compromiso para su implantación en estos casos, pero ni Pedro Sánchez lo mencionó ni ningún portavoz se lo recordó en el reciente debate en el que presentó su programa de Gobierno. Los ayuntamientos pierden por aquí recursos que debieran condicionar las subidas continuas del IBI. "El Ayuntamiento de Zaragoza deja de ingresar 9,4 millones al año por las exenciones legales del IBI de 1316 inmuebles con un valor catastral de 1500 millones", según El Periódico de Aragón. Con la eliminación de las exenciones y con un incremento del IBI a las viviendas vacías, de la que habla el Ayuntamiento de Madrid, se pueden compensar los presupuestos municipales sin subir impuestos e, incluso, reduciéndolos a otros inmuebles. Los "catastrazos" no son inevitables.

Úsese la capacidad financiera de la que se precia y repite García Castaño que tiene el Ayuntamiento de Madrid para usarla con cabeza y si es verdad que Madrid-capital, como Barcelona, se pueden equiparar a una Comunidad Autónoma, dudo, permítamelo, de la suficiente capacidad política y de las suficientes ideas para gestionar las competencias que reclama, como la dependencia, educación o vivienda –y eso que la gestión de ellas por la Comunidad es muy deficiente–. En vivienda, Madrid se está convirtiendo en una ciudad residencial y de servicios. La Comunidad tiene menos porcentaje de industria que Andalucía, la vivienda se encarece otra vez a marchas forzadas, los alquileres suben a ritmos incontrolados, incluso, en barrios impensables, como el ensanche de Vallecas, la vivienda pública es escasa y el plan Castellana-Norte agudizará esa característica de Madrid como ciudad residencial y cara.

No es seguro que este año se cumplan las previsiones optimistas de otros años sobre el incremento del turismo y rebasemos los 80 millones. Según Exceltur, Egipto ha incrementado su turismo un 40%; Turquía, un 30%; y Túnez, un 20%. Existe un aspecto al que el sector no da importancia, incluso que lo desprecia –cuando debía ser su principal preocupación–: los menús, tapas, fritos y, en general, la comida que se ofrece a los turistas, que vienen ávidos de probar nuestras paellas y lo que se les ofrece es un arroz incomible, sin sustancia y con ingredientes de baja calidad. Los fritos, como calamares, chopitos y otros: grasientos; y las tapas, claro está –menos en el norte–: sin imaginación. Por no hablar del jamón en el que se da el gato por liebre con frecuencia y se extiende su escasa calidad.

Llevamos años en los que ha entrado en el mercado con fuerza el alquiler de pisos turísticos que ha sembrado de desasosiego e intranquilidad a los vecinos de barrios enteros del centro de algunas ciudades y que se está extendiendo como una plaga, al calor de su falta de regulación y de los lobos y buitres que en muchos casos alimentan este alojamiento turístico, que se mueve entre una oferta low cost y otra, por la presión a los dueños de las plataformas dedicadas al alquiler de estas viviendas, incrementando el precio del alquiler duradero, de larga temporada y anual a muchos inquilinos cuando tienen que renovar el contrato, lo que les obliga a dejarlo.

La mezcla y convivencia de turistas y propietarios de viviendas en un mismo edificio se lleva mal. Muy mal. Son incompatibles. Las viviendas que se quieran alquilar en los edificios de vecinos tienen que hacerse por alquileres duraderos, por años. Conceder licencia de actividad turística a una vivienda por ley en un edificio residencial sería un error gravísimo. "Los pisos turísticos vacían el centro: solo 14 vecinos resisten en la plaza se Santa Ana (...) en el entorno de Sol y las Letras ocho de cada diez portales tienen, al menos, una vivienda turística y más de 40 edificios están copados en su totalidad", menciona el diario Abc.

Arran irrumpe en un bus turístico de Barcelona y cuelga una pancarta contra el turismo masivo

Ver más

"Tres sofás-cama para un total de seis personas y un trasiego fulgurante de inquilinos en una buhardilla de 50 metros cuadrados que ha puesto de patas a nuestra Comunidad de vecinos. Ruido de muebles, gritos, vómitos, orines, etc", dice Silvia. Escucho que en Málaga los vecinos de algunos barrios están en pie de guerra. También leo que "el Ayuntamiento de Madrid ordena el cese de actividad de 147 pisos turísticos" –señala El País–, orden en la que coincido por el motivo explicado. Es conocido que en los archipiélagos –Ibiza, Lanzarote, Fuerteventura– los médicos, maestros y funcionarios desplazados no encuentran pisos de alquiler para su estancia y los que encuentran son carísimos, ocupados por el turismo.

Cuando oigo todo esto, me acuerdo de las vacaciones tranquilas y sosegadas de mis amigos. De Juan, que tiene su casa familiar en un pueblecito de León, a cuatro kilómetros de Astorga, y disfruta todavía del piar y el vuelo meteórico de los gorriones a los que no les faltará de comer en esas tierras –¡por favor, alimenten a los gorriones, que han desaparecido ocho millones en estos últimos años!–. Por cierto, a muy escasa distancia se construyó un palacete Lucio Angel Vallejo Balda, ecónomo de Astorga, llamado luego al Vaticano. ¿Pagará el IBI o le tendrá adscrito como casa parroquial? Otros amigos, todos castellanos, descansan por tierras burgalesas, alcarreñas, sorianas, o también leonesas, como Isidro, que dedica su tiempo libre al banco de alimentos, tierras despobladas y que sí necesitan un turismo mayor. ___________Felipe Domingo es socio de

infoLibre