Las cuentas pendientes de los derechos humanos en España

Que la Audiencia Nacional considerara delito la quema de una fotografía del rey Juan Carlos I en una manifestación de 2007. El "trato inhumano y degradante" recibido por los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola tras su detención por el atentado en la T4 del Aeropuerto de Barajas. Son dos de las violaciones de los derechos humanos por las que ha sido condenado recientemente el Estado español, con sendas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero no son los únicos, denuncia Amnistía Internacional. Cuando la organización cumple 40 años en España, el documental Grietas (producido por Mediapro) recoge historias que ejemplifican cinco ámbitos en los que los avances durante la democracia han sido insuficientes. 

Ruth Ayuso e Isabel López, maltratadas por sus parejas, denuncian las deficiencias de la justicia a la hora de protegerlas y condenar a sus agresores. Aboubakar Sidiki abandona Costa de Marfil para buscar refugio más allá del Estrecho, pero se encuentra viviendo en una chabola en los campos de Lepe (Huelva). Tras sufrir un desahucio, y sin asistencia de las administraciones, Luisa San Román se ve obligada a okupar una vivienda en Arganda del Rey (Madrid) para dar un techo a sus tres hijas. Junto a estas tres historias anónimas, dos más conocidas: la lucha de Ascensión Mendieta por encontrar los restos de su padre, represaliado por el franquismo, y el encuentro entre Axun Lasa (hermana de Joxean Lasa, asesinado por los GAL) y Mari Carmen Hernández (esposa de Jesús María Pedrosa, concejal del PP asesinado por ETA) para reivindicar el reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo. 

El pilar del documental, dirigido por Xuban Intxausti y guionizado por Lluís Arcarazo, es su casting. El equipo de Mediapro, explica el guionista, fue orientado en todo momento por Amnistía Internacional. Pese a las evidentes diferencias entre las situaciones de los diversos protagonistas, el equipo se ha esforzado por señalar la similitud básica entre ellos: "Vemos cómo el Estado tiene unas obligaciones, no las cumple y al final es la sociedad civil la que acaba desarrollando estrategias. Pero eso debería estar organizado y ser una prioridad para las distintas administraciones", critica Arcarazo. ¿Qué ocurre cuando te ves sin techo y con una niña en brazos? ¿Qué ocurre si las malas condiciones del país que te da refugio te empujan a vivir en una choza? ¿Y si la policía duda de que tu pareja acabe de intentar asesinarte? Es posible que los espectadores no se hubieran planteado si estos casos eran ejemplos de falta de acceso a la vivienda, al agua corriente o a el acceso a la justicia, vulneraciones de los derechos humanos. La película les ofrece la experiencia del desamparo. 

"España está mejor que hace 40 años, pero peor que hace 10", lanzaba Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en este país, durante la presentación del documental el miércoles en Madrid. La organización denuncia que "la crisis económica se ha convertido en una crisis de derechos humanos" y por culpa del "apocalipsis de austeridad". Beltrán y Beatriz Perales, responsable de campañas e investigación, desgranaban algunos datos: España es uno de los países de la OCDE con menor gasto público dedicado a vivienda, un 0,5% del PIB en comparación con territorios como Francia (1,44%) o Eslovaquia (0,61%); la reforma sanitaria de 2012 expulsó a más de 800.000 migrantes sin documentación del sistema público de salud; la mayoría de los 114.000 crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y denunciados ante la justicia continúan sin esclarecerse, y el Estado no asume las labores de localización y exhumación de las víctimas.  

Cada uno de los testimonios funciona como símbolo de las violaciones de derechos generalizadas que denuncia Amnistía Internacional. Luisa San Román habla de sí misma como "una persona normal" que hacía la compra y salía a tomar algo como cualquier otra. Pero un día perdió el trabajo y dejó de poder pagar el alquiler. Los asistentes sociales le dijeron que no tenía derecho a ninguna prestación para acceder a una vivienda. "Yo, que no había cruzado ni un semáforo en rojo", recuerda, "me vi okupando una casa". El suyo es uno de los 297.828 desalojos (127.302 por ejecución hipotecaria y 170.522 por impago de alquiler) que se han producido en España entre 2013 y septiembre de 2017. 

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Aboubakar Sidiki enseña orgulloso su tarjeta roja: es el documento que le identifica como demandante de asilo y que garantiza su permanencia en el país mientras se resuelve su expediente. La tarjeta garantiza, en principio, su acceso a un médico de cabecera o la posibilidad de abrir una cuenta bancaria en España. En la práctica, durante los seis primeros meses no permite trabajar, y Aboubakar se encuentra viviendo en una chabola junto al cementerio de Lepe, sin agua ni electricidad y con miedo a que los fuegos que encienden para cocinar acaben prendiendo los prácticos y las maderas con los que construyen las chozas. Poco tiempo después de que el equipo de grabación llegue al pueblo onubense, el terror se materializa en un gran incendio. Decenas de personas pierden sus pertenencias y Aboubakar desaparece dramáticamente de escena: todos sus documentos han ardido, su solicitud se dificulta.

¿Es este el derecho al asilo del que habla el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? "Al final, están atrapados", denuncia Arcarazo, "en las mismas condiciones de escasez y miedo que querían dejar atrás". Muchos de sus compañeros no llegan a tocar siquiera la tarjeta roja que exhibe Aboubakar. Como recoge Amnistía Internacional en un informe, de las 17.337 personas que se comprometió a acoger España, solo ha recibido a 1.782, el 15,7%. La organización tampoco deja de denunciar la existencia de los Centros de Internamiento para Extranjeros y las "expulsiones sumarias y colectivas" motivadas por la ley mordaza y la Ley de Extranjería. 

Frente a estas vulneraciones, Grietas muestra formas de organización de base que sirven de trincheras a los protagonistas. Pese a su carácter de promotor del proyecto, la asociación apenas aparece en pantalla, con la salvedad de un breve prólogo, y brinda este espacio a otras organizaciones de defensa de los distintos derechos reivindicados. Ruth Ayuso encuentra apoyo y consejo en las mujeres que iniciaron una huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid para pedir al Gobierno protección contra la violencia de género. Isabel López lo encuentra en distintas asociaciones de mujeres, que la sostienen en su queja ante el Consejo General del Poder Judicial por el trato recibido durante el proceso legal contra su maltratador. Luisa San Román milita en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que la guía a ella y a sus vecinas en las relaciones con la administración y el propietario del edificio. "No siempre hemos encontrado un final feliz, y tampoco queríamos edulcorarlo", reflexiona Arcarazo, "La existencia de estas redes es una victoria, pero están haciendo un trabajo que debería hacer el Estado".