Drogas y violaciones para 'curar' a homosexuales en las terapias de conversión que se aplican en España

La iconografía que inevitablemente va ligada al concepto de terapias de conversión parece sugerir que este tipo de fenómenos son propios de una historia de ficción. Nada más lejos de la realidad: las prácticas que buscan alterar la orientación sexual o identidad de género existen. Adoptan diversas formas, pero todavía campan a sus anchas a lo largo del mapa. El pasado mes de diciembre, un matrimonio era detenido en la provincia de Cáceres por liderar una entidad organizada para corregir a homosexuales mediante drogas y violencia sexual. 

Entre las prácticas impuestas por parte del matrimonio, se incluye el consumo forzoso de drogas y agresiones sexuales ejercidas con el fin de "curar la homosexualidad", tal y como acreditaron las fuerzas policiales a finales de diciembre. "Los arrestados mantenían un discurso de odio considerando la homosexualidad como una enfermedad para la que ofrecían terapias 'heterosexualizantes' consistentes en mantener relaciones sexuales 'sanatorias' con la líder del grupo", señalan los agentes. 

El abogado Saúl Castro, autor del libro Ni enfermos ni pecadores (Sinequanon, 2023), ha decidido dar un paso al frente para personarse como acusación popular, con el propósito de defender la existencia de agravante de LGTBIfobia a la hora de investigar y enjuiciar la causa. Lo hace a través de la organización que preside, No es terapia, para "garantizar que los hechos se investigan amplia y correctamente".

Los detenidos llevaban más de dos décadas desarrollando este tipo de métodos en sus sedes de Madrid, Brunete y Villanueva de la Vera, según la información que ha trascendido. Cobrabran 200 euros por cada sesión individual y 500 euros por las sesiones grupales. Entre sus víctimas, se encuentran menores de edad.

"No se puede llamar terapia a un maltrato"

Alejandro Alder, psicólogo y miembro de la Federación Estatal LGTBI (FELGTBI), se detiene en el lenguaje como primer paso del análisis. "No se puede llamar terapia a un maltrato", desliza al otro lado del teléfono. "Es violencia, es tortura", reitera, por lo que es causante de "profundos traumas psicológicos, emocionales y físicos en las personas que lo sufren". La realidad es que este tipo de prácticas anidan en todo el país y las herramientas para luchar contra ellas son escasas.

Madrid es un claro ejemplo de inacción. El pasado 22 de diciembre, a través de un pleno extraordinario, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso consumó su ofensiva contra las dos leyes que consagran los derechos del colectivo en la comunidad: la conocida como ley trans autonómica y la ley contra la LGTBIfobia. La reforma final mantiene la prohibición de las terapias de conversión en la Ley contra la LGTBIfobia, pero excluye a las personas trans. Sucede así porque la modificación elimina el término de identidad de género en toda la legislación específica. La ley trans, por su parte, prohibe que se practiquen dentro del sistema sanitario público, pero nada dice acerca del resto de entidades privadas.

Castro cree que el recorte liderado por parte de la Comunidad de Madrid entraña un mensaje claro:  "No es una prioridad para este Gobierno investigar estos hechos".

Coincide Santiago Rivero, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, quien advierte de que los dardos apuntan de manera directa a las personas trans. "El hecho de sacar la transexualidad de las terapias lo que demuestra es que ellos creen que las personas trans, yendo a terapia, pueden dejar de ser trans".

En un primer momento, la reforma de los conservadores pretendía eliminar por completo el régimen sancionador donde, entre otras cuestiones, se contemplan las infracciones ligadas a las terapias de conversión. "Tuvieron que enmendar su propia ley por un informe de los letrados pidiendo un régimen especial de esta materia", detalla el parlamentario socialista, por lo que finalmente sí se incluye una mención que remite directamente a las sanciones recogidas en la ley trans estatal. Pero en la práctica, no contar con un régimen sancionador propio hace que se "dejen de perseguir de oficio las terapias de conversión", denuncia Rivero.

Lo cierto es que la situación de partida en la capital no es precisamente positiva. Hasta hoy, no se ha impuesto ni una sola sanción por este tipo de prácticas. Hay ejemplos sangrantes: en marzo de 2022, concluyó sin ningún tipo de castigo la investigación al Obispado de Alcalá por impartir cursos para curar la homosexualidad, después de que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid considerase que no era "posible abrir un procedimiento sancionador".

Y Madrid no es una excepción: a pesar de los textos legales que las prohíben, a día de hoy no se ha registrado ninguna sanción contra este tipo de organizaciones.

Si bien existe una ley estatal que sí incluye la prohibición de las terapias de conversión, la norma no es del agrado de los colectivos, al no insertarlas en el Código Penal. Esta violación de derechos será sancionable a nivel administrativo, pero a día de hoy no se trata de un delito.

El eco de las voces ultras

¿Quién diseña estas denominadas terapias? ¿Quién las lleva a cabo y quién está detrás? El abanico es amplio, tal como recoge Saúl Castro en su libro. Por un lado, se encuentran profesionales que buscan cosechar beneficios económicos: en muchas ocasiones son, como en el caso del matrimonio detenido, psicólogos colegiados. Utilizan además "lenguaje medicalizante para confundir y dotar de legitimidad a sus discursos", revistiendo sus acciones con una pátina de rigurosidad muy alejada de la realidad. Por otro lado, tiene gran peso la vertiente religiosa. Se trata de agrupaciones sin ánimo de lucro que ofrecen itinerarios y acompañamiento personalizado, como el caso de la entidad Verdad y Libertad. Esta organización fue desautorizada en 2021 por la Santa Sede, quien animó a sus víctimas a denunciar por la vía civil.

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Además de las organizaciones, existen nombres propios sobradamente documentados por los expertos. Elena Lorenzo Rego es la fundadora de lo que ella misma ha dado en denominar "coaching de identidad", pensada para socorrer a personas con "AMS, atracción hacia el mismo sexo no deseada". Lorenzo Rego sí fue sancionada en su día, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la multa. En el listado se encuentran también licenciados en Medicina, como Aquilino Polaino, miembro también del Opus Dei. En 2005, recoge Saúl Castro en su libro, el psicólogo afirmaba contar con cuarenta años de experiencia en el tratamiento de homosexuales. Alcanzó su máxima popularidad cuando fue invitado por el Partido Popular a la Comisión de Justicia del Senado, durante la tramitación de la ley del matrimonio igualitario, donde aseguró que la homosexualidad es una patología. 

Quienes abrazan este tipo de prácticas se sientan también en las filas de la política profesional. Fernando Paz fue candidato de la mano de Vox por Albacete en las elecciones generales de 2019. El historiador, que finalmente se retiró de la política por sus declaraciones negacionistas en torno al Holocausto, se expresaba años antes en una tertulia a favor de las terapias de conversión: "Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología", señalaba. La misma defensa de las terapias de conversión la efectuó la ultra Macarena Olona: "Es un error prohibir que los homosexuales acudan a terapias que les ayuden a encontrar su identidad", embistió en noviembre de 2020.

A juicio de Alejandro Alder, la fórmula para enterrar del todo este tipo de prácticas está en la educación. "Detrás de estas prácticas disfuncionales de conversión está el odio y la falta de respeto a la diversidad", esgrime. El objetivo hoy pasa por hacer comprender que "está en juego la vida de personas" e insistir en que "cuando hablamos de realidades LGTBI, se está hablando de derechos humanos". El camino hacia la involución, lamenta el psicólogo, está abonado en territorios como el madrileño y la tarea por delante es ardua.