"Jesucristo no acepta la homosexualidad": la ley no es suficiente para combatir las terapias de conversión

El profesor se llevaba a sus alumnos a un lugar apartado para, en privado, decirles que "Jesucristo no aceptaba la homosexualidad". El docente, Federico M.V., se hacía con la confianza de los chicos, menores de edad, para hacerles creer que tenían un problema, que lo suyo no estaba bien, no era normal y que debían buscar soluciones. Entre ellas, incluso, el consumo de fármacos. Es a grandes rasgos el modo en que supuestamente actuaba el profesor denunciado ante la Inspección Educativa por varios exalumnos del centro concertado Madre Josefa Campos de Alaquàs (València), según ha destapado el diario Levante-EMV.

La Generalitat de Valencia ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, con el propósito de que investigue la posible comisión de un delito. Existen, a día de hoy, herramientas jurídicas para perseguir las terapias de aversión, pero lo cierto es que los colectivos especializados reclaman mano dura para acabar definitivamente con la impunidad de la que todavía gozan.

Herramientas y limitaciones

La primera reclamación es clara: insertar estas mal llamadas terapias –los expertos cuestionan el término, por considerar que la práctica es un acto de maltrato– en el Código Penal. Hace unos años, parecía que esta reclamación histórica del colectivo iba a ser escuchada por el legislador, a través de la Ley trans. Pero este sencillo paso se encontró con algunos obstáculos. En su evaluación de la norma, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se expresó contrario a prohibir por completo las terapias de conversión. Los magistrados eran partidarios de mantener este tipo de terapias en "aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado".

Finalmente, la Ley trans sí prohibió estas terapias, pero no las consideró un delito, sino una infracción administrativa: "Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal".

Ante este escenario, ¿cuál es el margen para plantar cara a prácticas como la denunciada en suelo valenciano? Toño Abad dirige el Observatorio de Valencia contra la LGTBIfobia y, sin dejar de defender su encaje penal como objetivo prioritario, insiste en que existen herramientas para combatirlas. "Tendrían que ir al Código Penal con una tipificación específica" porque estamos hablando de "actividades definidas por las Naciones Unidas como trato degradante e inhumano, entran dentro de la categoría de tortura", subraya, para a continuación señalar hacia un apartado clave: los delitos de odio.

Sobre ello habla el abogado Saúl Castro, presidente de la Asociación Española Contra Las Terapias de Conversión y autor del libro Ni enfermos ni pecadores. "Lo que debe hacer la Fiscalía es iniciar una investigación con alumnos y personal del centro para esclarecer si esto son hechos puntuales o es una circunstancia que ha sucedido de manera continuada en el tiempo", tal y como apuntan los denunciantes. Una vez probada la sistematicidad de las prácticas, sí podríamos estar ante "un delito contra la dignidad de un colectivo protegido", en base al artículo 510.2 del Código Penal. 

La batalla en los tribunales

¿Cuál es el problema de esta vía? Que su resultado depende de la discrecionalidad de cada juez. Y el escenario no parece ser el más alentador. Hace tan sólo unos días, la Audiencia de Barcelona interpretó que la expresión "te voy hacer heterosexual a hostias" no constituía ningún tipo de delito contra la dignidad. Ante decisiones como esta, el colectivo mira hacia la vía judicial con fundado escepticismo.

Castro detalla que, por su experiencia, uno de los principales escollos está precisamente en la judicatura y fiscalía. "Alegan que muchas veces estas prácticas se piden de manera voluntaria". En ese sentido, quienes pelean contra las terapias deben esforzarse en demostrar que "no funcionan, presentan riesgos y están basadas en información falsa, para que el juzgado pueda concluir que el mero planteamiento de que es posible modificar la homosexualidad ya es contrario a la dignidad".

Todo ello, razona el jurista, no sería necesario si las terapias de conversión "estuvieran criminalizadas".

Ley trans y leyes autonómicas

Pero, ¿qué hay más allá del Código Penal? Por un lado, existe la ya citada Ley trans y las sanciones administrativas que propone. A Charo Alises, abogada y miembro de la Federación Estatal LGTBI, el caso concreto del docente valenciano le suscita algunas dudas. "La ley prohíbe la práctica de las terapias, pero no su mera propuesta", reflexiona la letrada, quien reconoce no tener del todo claro hasta qué punto es perseguible el mero hecho de sugerir una terapia, sin llegar a materializar su práctica.

La respuesta a las dudas de la abogada está en la propia Ley trans. Según su régimen sancionador, se considera una infracción administrativa muy grave "la promoción o la práctica de métodos, programas o terapias de aversión". Así que alentar estas prácticas es igualmente sancionable.

En cuanto a las leyes autonómicas, el artículo séptimo de la ley LGTBI valenciana prohíbe sin matices las terapias de aversión. Según el régimen sancionador autonómico, se trata de una infracción muy grave, con multas que van desde los 60.001 y hasta los 120.000 euros, además de la inhabilitación para prestar servicio público entre tres y cinco años. Actualmente, además de la valenciana, otras cuatro comunidades –Andalucía, Aragón, Cantabria y Castilla-La Mancha– prohíben las terapias de conversión de forma explícita mediante sus leyes. En Navarra y Murcia únicamente están prohibidas aquellas que se realizan a través del sistema sanitario público en relación a la identidad de género. En las demás, ni rastro de prohibición alguna.

Retrocesos y violencia estructural

Si bien algunas comunidades aún no han avanzado en la defensa del colectivo ante estas terapias, sólo una ha escenificado el primer retroceso en la materia: Madrid. Aunque la reforma legislativa pilotada por el Partido Popular y aprobada a finales de diciembre mantiene la prohibición de las terapias de conversión, añade una excepción: los tratamientos dirigidos a las personas trans. La ley autonómica permite el "asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica" dirigidas a las personas trans, actuaciones que "a menudo son formas encubiertas" de ejecutar este "tipo de pseudoterapias", tal y como alertó a finales de junio el Ministerio de Igualdad, tras anunciar la presentación de un recurso a las leyes ante el Tribunal Constitucional.

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"Por suerte tenemos la ley estatal y el recurso paraliza estas leyes", observa Toño Abad. Pero la sensación de alivio es fugaz: ante un escenario territorialmente desigual, "la protección de los derechos" del colectivo se queda "a decisión del legislador". Las administraciones, señala el activista, "tienen una labor de vigilancia, seguimiento y persecución de todas las formas de violencia" que no siempre se cumple.

Lo cierto es que, aunque las mal llamadas terapias de conversión se asemejen a una historia de ficción, cuentan con el arraigo suficiente para ser tildadas como un "problema estructural", en boca de Saúl Castro. "El esquema es siempre el mismo: citas, reuniones, la propuesta de una vida casta, libre de estímulos, y la afirmación de que se puede anular la homosexualidad, fruto siempre de traumas en el desarrollo y maduración de la masculinidad", dibuja el jurista. 

Y como telón de fondo, casi siempre, el mismo paisaje: la Iglesia. Según publica elDiario, el profesor valenciano denunciado por sus alumnos dirige el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis (COF) Mater Misericordiae de València, un ente que cuenta con una quincena de voluntarios, entre orientadores familiares, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos y juristas, y con el consejero Juan Andrés Talens, reverendo director del Secretariado para la Defensa de la Vida del Arzobispado. Esta última entidad está vinculada, entre otras organizaciones ultraconservadoras, a la plataforma Hazte Oír, ligada a El Yunque según un informe de la Conferencia Episcopal. Lo ocurrido en los pasillos del colegio concertado, lamenta Saúl Castro, "no es puntual, sino totalmente estructural y sistemático".