La Comisión Europea introduce cambios en su postura sobre el tribunal de arbitraje del TTIP

Bruselas recula parcialmente con el polémico tribunal de arbitraje entre inversores y Estados (ISDS, en sus siglas en inglés) que busca incluir en el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que negocia con EEUU. Este miércoles, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, presentó un mecanismo renovado que delimita los poderes de esta corte y establece que debe estar gestionada por jueces y no por abogados, si bien no pone en duda que su misión seguirá siendo la de dirimir conflictos entre empresas y Gobiernos al margen de la Justicia ordinaria.

La nueva propuesta de la Comisión, que se hizo pública este miércoles, tiene algunas diferencias con la posición inicial que se mantenía hasta ahora. Uno de los principales temores de los críticos con este sistema es que, de facto, podría suponer un freno para los Estados a la hora de legislar, ya que los mecanismos ISDS –presentes en multitud de tratados bilaterales y que España conoce bien, ya que acumula más de 20 denuncias ante tribunales de este tipo por los recortes a las renovables– permiten que una empresa denuncie a un país si estima que un cambio legal ha perjudicado su inversión y sus expectativas de obtener beneficios.

El tribunal ni siquiera tendrá el mismo nombre, sino que será conocido como ICS –las siglas en inglés de Sistema Judicial de Inversiones–, y el borrador avisa expresamente de que sus competencias no afectan al derecho de los Estados a "regular dentro de sus territorios a través de las medidas necesarias para alcanzar objetivos políticos legítimos". No obstante, el texto señala que el mecanismo "podrá tener en cuenta" a la hora de juzgar conflictos entre empresas y países el hecho de que se frustre una inversión después de que un Estado haya hecho "una declaración específica" al inversor "que le indujera" a iniciar el negocio o que "creara unas expectativas legítimas" en base a las cuales "el inversor basó la decisión de realizar o mantener la inversión".

Un tribunal de apelación

Es decir, que el texto deja entrever –con un lenguaje, eso sí, ambiguo– que las medidas que tome un Estado y hagan perder dinero a las empresas extranjeras podrían seguir siendo llevadas ante el tribunal si a estas compañías se les prometió otro panorama para su inversión, si bien Malmström aseguró este miércoles que el nuevo ICS está pensado para casos relativos a expropiaciones, nacionalizaciones o acciones similares que afecten a inversiones foráneas. No obstante, la empresa que denuncie a un Estado ante el mecanismo no podrá hacerlo a la misma vez ante la Justicia ordinaria.

El ICS se compondrá de dos tribunales: uno primero de "primera instancia" y un segundo de "apelación", tal y como pedía el Parlamento Europeo en su informe aprobado el pasado julio con el apoyo del PP comunitario, los socialdemócratas y los liberales. Ambas cortes estarán compuestas por jueces "o juristas de reconocida competencia" –no se especifica más al respecto– y no por abogados, una de las reivindicaciones clásicas de los críticos con este sistema que también habían recogido los socialistas europeos.

Los 15 magistrados –cinco europeos, cinco estadounidenses y cinco de otros países– que trabajen en los tribunales serán elegidos, a través de un comité formado por representantes europeos y estadounidenses, por un plazo de seis años renovable una sola vez. Estos jueces "deben ser independientes e imparciales", y no estar "influenciados por el interés propio, presiones externas, consideraciones políticas, el clamor popular" o "la lealtad a una de las partes", sostiene igualmente el borrador de la Comisión.

Críticas de verdes e izquierda, satisfacción en el PSOE

Las novedades no han sido recibidas de igual forma por todas las formaciones políticas. Florent Marcellesi, asistente del eurodiputado de Compromís Jordi Sebastià y que a partir de septiembre de 2016 le sustituirá en el Parlamento Europeo como eurodiputado de Equo, asegura que el texto es mero "maquillaje", ya que "la filosofía del ISDS es la misma que la del ICS". "Sigue siendo un sistema legal paralelo", denuncia Marcellesi, el mismo argumento que utiliza Marina Albiol, eurodiputada de IU.

"Nosotros negamos la necesidad de que exista ese mecanismo de resolución", critica Albiol, que afirma que "al margen del nombre que se le ponga o de como sean elegidos los jueces, no es necesario porque permite a las grandes corporaciones denunciar legislaciones que están legitimadas por las urnas". Y tampoco queda convencida por las explicaciones de Malmström: "Una expropiación o una nacionalización es algo que decide un gobierno democrático", zanja.

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El PSOE, por el contrario, se muestra satisfecho con un borrador que, a su juicio, incluye las reivindicaciones de los socialdemócratas con respecto al antiguo ISDS. "Se va a establecer un nuevo modelo basado en jueces profesionales elegidos públicamente y sujetos a un régimen de incompatibilidades, y que además incluye un mecanismo de apelación", se felicita la eurodiputada socialista Inma Rodríguez-Piñero, que además hace hincapié en que el el futuro este mecanismo podría no sólo aplicarse en el TTIP, sino en todos los acuerdos comerciales firmados por la UE.

Y es que hace unos meses la conveniencia o no de incluir el ISDS en el TTIP generó un amplio debate que casi da al traste con el informe que el Parlamento Europeo finalmente aprobó para indicar a la Comisión las que, a su juicio, deben ser las líneas básicas de la negociación con EEUU. En la resolución de la Eurocámara se proponía sustituir el ISDS "por un nuevo sistema para resolver las diferencias entre los inversores y los Estados que esté sujeto a los principios y el control democráticos, en el que los posibles asuntos sean tratados de forma transparente por jueces profesionales, independientes y designados públicamente en audiencias públicas, y que incluya un mecanismo de apelación".

No obstante, la presentada este miércoles es sólo la propuesta de la Comisión Europea. Falta ver cómo la valorará EEUU, que desde el inicio de las negociaciones ha sido muy tajante en la necesidad de incluir un mecanismo como el ISDS en el tratado de libre comercio. El próximo paso, por lo pronto, es remitir el texto al Consejo y el Parlamento Europeo para su debate.