Mucha carne y poco pescado y verduras: el menú que la patronal cárnica quiere en el cole

Más de un tercio de los niños y niñas de España sufre sobrepeso, mientras el 30% de los colegios continúa sirviendo alimentos fritos tres o más días de la semana. La Agencia de Seguridad Alimentaria (Aesan) constató en su informe de 2023, publicado este mes, que los centros educativos ignoran ampliamente las directrices de alimentación saludable, y el Gobierno pretende corregir esta situación mediante una normativa estatal que obligará a ofrecer diariamente frutas y verduras y a incrementar la cantidad de legumbres y cereales, tanto en colegios públicos como privados.

Estas directrices formarán parte del Real Decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos, que está en fase de elaboración en el Ministerio de Consumo. En este contexto, la patronal cárnica española (Anice) ha aprovechado para enviar una carta pública al Gobierno reclamando entre otras cosas dejar fuera a los centros de bachillerato de la normativa y que se incluya en los colegios el consumo de carne "de dos a cuatro raciones a la semana" sobre un total de cinco comidas, "con un máximo de una ración de carne procesada a la semana".

El argumento de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España es que hay "evidencia de que los países con un menor consumo de carne per cápita tiene las tasas de retraso en el crecimiento infantil más altas", según se lee en el comunicado. "La restricción de la carne roja una ración semanal y la carne procesada a una ración mensual resulta deficitaria para la correcta alimentación de los niños", firma Giuseppe Aloisio, director de Anice.

Fuentes de Consumo afirman a infoLibre que los criterios que van a emplear en la redacción del decreto serán los establecidos por "la comunidad científica y la Aesan". Esta agencia, en su último informe de 2022 de recomendaciones nutricionales para la población general, propuso un máximo de tres raciones semanales de carne, "priorizando el consumo de carne de aves y conejo y minimizando el consumo de carne procesada". 

El decreto está por ahora en formato borrador y no ha trascendido su contenido, aunque el Ministerio de Consumo sí ha adelantado que en él obligará a reducir el consumo de bebidas azucaradas en las escuelas e institutos y garantizará que la carne y el pescado que se ofrecen sea de calidad. Esta normativa será una nueva versión de un decreto que trató de sacar adelante este mismo ministerio en 2023, pero que se quedó en un cajón por el adelanto electoral.

El decreto también complementará a las directrices de la Aesan que entraron en vigor en 2022 y que imponen numerosas obligaciones a todos los centros escolares, aunque algunas han tenido poco éxito. Por ejemplo, comprometen a los colegios a que los menús sean supervisados por profesionales de la nutrición, pero un 33% de los centros no cumple este criterio.

El programa de la Aesan ya vigente también regula la frecuencia con la que se puede servir carne roja (cuatro raciones al mes), platos procesados (tres al mes) y frituras (dos a la semana). Por el lado contrario, propone un consumo de frutas (cuatro piezas semanales), de pescado (una ración a la semana), de carne blanca (una a la semana) y de verduras frescas (tres a la semana como guarnición).

Sin embargo, en su último informe de 2023, publicado hace tres semanas, la Aesan concluye que algunas de estas directrices son ampliamente ignoradas, aunque hay un aprobado general en los 5.095 centros evaluados. Casi el 80% de los colegios cumplen con el 75% de los criterios fijados por la Aesan.

En el examen que acaba de publicar el organismo se observa, no obstante, que el 61% de los centros ofrecen cinco o más raciones de carne roja al mes. Y que los comedores del 41% de las escuelas sirven 3 o más raciones de carne procesada mensuales. Otro dato preocupante: el 29% incluyen tres o más raciones semanales de frituras. 

Más de un tercio de los niños con sobrepeso

Rosaura Leis, coordinadora del Comité de nutrición de la Asociación Española de pediatría, explica que la alimentación infantil y adolescente es mala en general por el abuso de azúcares, procesados y sales. Según el Ministerio de Consumo, un 36,1% de los niños de entre 6 y 9 años sufría exceso de peso en 2023 (el 20,2% sobrepeso, y 15,9% obesidad). El porcentaje ha caído en 4,5 puntos desde 2019, pero continúa en valores muy altos.

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"La escuela es un lugar clave para el desarrollo de la cultura alimentaria, por lo que es imprescindible que haya una enseñanza nutricional en los colegios. Estamos viendo como hay una alta prevalencia de obesidad en los niños y las repercusiones en la salud no solo se verán de adulto, sino que siendo pequeños ya muestran una tensión elevada y niveles alterados de colesterol", subraya la doctora.

Leis apunta a que la dieta mediterránea y atlántica han dado paso a una alimentación más americanizada de productos procesados. En la encuesta Aladino elaborada por el Gobierno, donde se recogen las tendencias alimenticias de los niños y niñas de 6 a 9 años, queda patente que el 27% consumen snacks dulces cuatro o más veces por semana. También toman más de tres veces a la semana batidos (el 9%), snacks salados (5,3%) y refrescos con azúcar (3,7%). 

Las directrices de la Aesan son de obligado cumplimiento, pero los informes de la institución revelan que el 34% de los comedores escolares analizados reciben informes desfavorables sobre el cumplimiento de las obligaciones. En el estudio de 2023 también analizan 123 caterings de centros educativos, y en ese caso el suspenso es del 77%. Aquellos centros que no superan el examen de la agencia reciben una serie de propuestas para enmendar sus errores, y tienen un periodo de tres meses para implementarlas. El programa vigente de la Aesan también se contempla sanciones para los colegios e institutos que suspenden "en función de la gravedad del incumplimiento y del riesgo para la salud", que se recogen en la ley 17/2011. En esa norma están tipificadas como infracciones leves las "irregularidades en la observancia de las normas sobre seguridad alimentaria y nutrición", con una multa de hasta 5.000 euros.