Horas extras no pagadas, una realidad alarmante

Según un reciente estudio del sindicato CCOO, cada semana en España se trabajan 2,61 millones de horas extras no remuneradas, cifra que nos explica cómo algunos empresarios se piensan al margen de la legislación laboral. Este informe, elaborado a partir de datos del INE y la Encuesta de Población Activa, pone de relieve un problema crónico que afecta a más de 400.000 empleados en nuestro país, es decir, al 2,3% de la población asalariada.

Convendría, antes de seguir, dejar algo claro: detrás de cada una de esas horas trabajadas, pero no pagadas, hay personas. Hay una historia de explotación, de enfermedades asociadas a jornadas demasiado largas, de una vida cotidiana que se escapa como agua entre los dedos. Unas historias que parecen invisibles para una agenda pública secuestrada por los intereses de los cínicos y por la frivolidad de los imbéciles.

Esta realidad tiene, además, un impacto económico notable. Las empresas se apropian de aproximadamente 3.254 millones de euros anuales en concepto de horas extras no pagadas, un beneficio neto para el empresario que no sólo priva al trabajador de una justa compensación por su esfuerzo, sino que también significa un agujero considerable en las arcas públicas. ¿Por qué? Porque el fraude no solo afecta al empleado, sino también al sistema de protección social. Cada euro que no se paga en salario es un euro que el Estado deja de ingresar en la Seguridad Social o en el IRPF, debilitando la financiación de servicios esenciales para la ciudadanía.

Si hacemos cuentas, las horas extras en su conjunto equivaldrían a la creación de 170.000 empleos a jornada completa, 70.000 de los cuales provienen únicamente de esas horas no remuneradas. ¿Qué tipo de economía estamos construyendo si permitimos que el empleo precario se siga perpetuando, mientras se podría aliviar el desempleo mediante una distribución más justa del trabajo? Las respuestas a esta pregunta parecen obvias, pero el avance es desesperantemente lento.

En 2019, España aprobó una normativa que obligaba a las empresas a llevar un registro horario detallado de la jornada laboral de sus empleados. Parecía un paso adelante para combatir este tipo de abusos, pero cinco años después nos encontramos con una paradoja: el problema no ha empeorado, pero tampoco ha mejorado significativamente. Las empresas siguen encontrando resquicios para obligar a los trabajadores a prolongar su jornada sin compensación alguna.

Si el control efectivo del tiempo de trabajo es obligatorio, ¿cómo es posible que se sigan acumulando estas cifras alarmantes de horas no pagadas? Una respuesta sencilla sería apuntar hacia la falta de supervisión real. Los controles, tal como están planteados hoy en día, dependen en gran medida de la voluntad del empresario para cumplir con la normativa, lo cual en algunos casos se convierte en una mera formalidad. Lo que necesitamos es un control más exhaustivo, que permita no solo detectar las infracciones una vez cometidas, sino también anticiparse a ellas.

Para lograr una mayor efectividad en el control horario, necesitamos dotar a la Inspección de Trabajo de más recursos y herramientas que le permitan actuar de manera proactiva. En un mundo digitalizado, la tecnología puede jugar un papel crucial en la lucha contra los abusos laborales. El uso de big data y la implementación de sistemas de análisis avanzado podrían ayudar a las autoridades a detectar patrones irregulares en el consumo de datos móviles, electricidad o conexión a internet en los centros de trabajo. Esto permitiría a la Inspección intervenir antes de que el abuso se consolide, mejorando la capacidad de reacción y, lo más importante, protegiendo al trabajador de manera más efectiva.

La lucha por erradicar las horas extras no pagadas es una cuestión de justicia económica y de lucha por la dignidad laboral

Sin embargo, la tecnología por sí sola no resolverá el problema. Es esencial que también se refuerce la voluntad política de hacer cumplir las leyes laborales. En demasiadas ocasiones, las políticas que pretenden mejorar las condiciones de trabajo se encuentran con una fuerte resistencia por parte de sectores empresariales que priorizan su beneficio sin reparar en más consideraciones, como si la legislación laboral no fuera de obligado cumplimiento.

Los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales son claros: en 2023, las empresas alcanzaron márgenes de beneficio históricos. Esto indica que, lejos de estar asfixiadas por los costes laborales, las empresas en España podrían perfectamente asumir no sólo la reducción de la jornada laboral que tanto se ha debatido, sino también mejorar los salarios de sus trabajadores. El momento es ahora.

El hecho de que miles de trabajadores en España realicen, de media, 6,3 horas extras no remuneradas a la semana, con un coste de 141 euros que nunca ven en sus bolsillos, es una señal inequívoca de que el sistema necesita una revisión urgente. Si sumamos esta cifra anual, hablamos de más de 7.370 euros al año que un empleador se apropia ilegalmente por cada trabajador en esta situación.

¿Es este el tejido empresarial contemporáneo del que presumen en la CEOE? De momento, la respuesta a este informe ha venido de boca de Garamendi este martes en el campus Faes: todo queda en casa. El presidente de los empresarios ha apelado a su libertad para decir ‘no’ a la reducción de jornada a 37 '5 horas. También ha aprovechado para volver a atacar el sistema público de cotizaciones. De devolver lo extraído ilegalmente a la clase trabajadora no ha dicho nada.

La lucha por erradicar las horas extras no pagadas es una cuestión de justicia económica y de lucha por la dignidad laboral. Pero también nos indica un fenómeno secular del capitalismo español: los beneficios sólo se piensan desde la explotación de la fuerza de trabajo, no como el resultado de una mejora de la competitividad internacional que provenga de la racionalización de la producción.

De hecho, nuestro país se halla en un momento de un profundo cambio productivo que habría que saber aprovechar. La transición energética sitúa a España como uno de los referentes en producción eléctrica limpia y barata. Una de las excusas tradicionales de los economistas liberales para justificar los salarios bajos era que España no disponía de combustibles fósiles propios, por lo que la manera de abaratar costes era bajando los sueldos. Esa excusa tiene los días contados.

Este próximo jueves 26 de septiembre, CCOO y UGT han convocado movilizaciones en todas las capitales de provincia frente a las sedes de la patronal. Hay dos cosas que sabemos seguro: donde existe una presencia sindical fuerte, se reduce el fraude con las horas extras. La sociedad avanza cuando los trabajadores y trabajadoras empujamos hacia el futuro. Unan los puntos, salgan a la calle.