El secuestro de la vivienda por los intereses financieros

Bajo el lema “La vivienda es un derecho, no un negocio”, una treintena de colectivos han convocado una manifestación en Madrid este próximo domingo 13 de octubre, que dará comienzo a las 12h en Atocha para recorrer el centro de la capital hasta finalizar en Callao. La importancia política de la cita es enorme y puede marcar esta legislatura. ¿Por qué?

En primer lugar porque es un reto para el Gobierno, uno de carácter paradójico. La administración central tiene unas competencias muy generales en vivienda, aquellas referidas a la planificación y la coordinación de la actividad económica, así como a la ordenación del crédito y las exenciones fiscales, pero las herramientas concretas están en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Es decir, como ha sucedido con la última ley de vivienda, que pretendía declarar zonas tensionadas para tasar el precio del alquiler, si las comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, se niegan a aplicarla, la propuesta queda sin efecto práctico. A pesar de este desigual reparto de responsabilidades, uno que muchos ciudadanos no tienen claro, las miradas se dirigen ya al Ejecutivo.

¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno de coalición al respecto? Además de la citada ley, que en los lugares donde se aplica como Cataluña ha conseguido bajar el precio del alquiler hasta un 5% en medio año, ha movilizado algo más de 80000 viviendas mediante el Plan de Alquiler Asequible, de un total previsto de 1840000 inmuebles. Sin embargo, este esfuerzo no ha dado aún frutos apreciables. ¿Sobre qué?

Sobre el precio. En la última década los alquileres han experimentado en España una brutal subida del 77%. ¿Nuestro país ha sufrido algún tipo de catástrofre que haya destruído una gran parte de los edificios? ¿Los materiales de construcción o la mano de obra que los levanta han desaparecido misteriosamente? Si la respuesta a las preguntas anteriores es negativa, debemos deducir que no tenemos un problema con la vivienda, sino un problema con la inversión. ¿En qué sentido?

En el sentido de que las viviendas han pasado de ser un lugar, tal y como indica su nombre, para vivir, a un bien de inversión especulativa. Este es el punto central del problema. No se trata de que un ciudadano compre una vivienda para alquilarla o venderla en un futuro para obtener un beneficio razonable, sino de que el gran capital internacional ha tomado el mercado inmobiliario como la nueva gallina de los huevos de oro de donde obtener unas rentas astronómicas.

Es cierto que en España la inmensa mayoría de los caseros son pequeños propietarios, tanto como que ese 10% del parque de alquiler que pertenece a bancos y fondos buitre es capaz de alterar el precio del mercado provocando una espiral alcista sin control. El mercado de la vivienda ya está intervenido, pero por los intereses del mundo financiero.

Si a esto le sumamos que una parte sustancial de las viviendas que antes iban destinadas al alquiler convencional ahora se emplean para el alquiler turístico y de temporada, tenemos la tormenta perfecta que ha dejado a la intemperie a esos 3’6 millones de hogares que viven de alquiler, precisamente aquellos con las rentas más bajas.

Cada euro que las familias destinan a sufragar los beneficios de los rentistas es un euro que no va destinado al gasto en bienes y servicios, un euro que no crea empleo, un euro que no crea riqueza para todos

Los hogares de los caseros son los de mayor renta del país, con alrededor de 50000 euros de ingresos al año, mientras que los inquilinos alcanzan con dificultades los 20000 euros. Para que nos situemos, la renta mediana del país se encuentra en 28000 euros, cantidad que alcanza los 30000 euros cuando el hogar tiene una casa en propiedad. Esto nos indica la brecha que se produce entre aquellos que pueden comprar varias casas y los que no pueden comprar ninguna.

Alquilar una vivienda es un negocio muy lucrativo, con un retorno medio que se sitúa alrededor del 7% pero que puede alcanzar dependiendo de las zonas hasta un 14%, porcentajes que sólo son posibles con inversiones en fondos tasados por la CNMV como de alto riesgo, esas que son como jugar a la ruleta. Si el relato de la ocupación fuera cierto, esa coartada que han impuesto los medios de derechas, nadie metería su dinero en el ladrillo.

“Ahora hay más inversores que pisos”, explicaba la presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana en un reciente artículo en La Vanguardia. “Son chicos jóvenes, que han visto vídeos en YouTube y que quieren sacar rentabilidad de un piso, te lo dicen directamente. Piden pisos para reformarlos, para realquilarlos por habitaciones… Buscan altas rentabilidades a sus inversiones y eso solo pasa por subir los precios”. 

Y aquí entra la lectura aspiracional de todo este asunto, una que no se suele hacer por miedo a hablar claro: en este pelotazo en torno a los alquileres hay responsables y víctimas pero también una gran cantidad de colaboracionistas, una clase media con la educación financiera de un cuatrero, la moral de un vendedor de coches usados en Las Vegas y la visión económica de un asaltante de diligencias.

Todo este asunto se vuelve aún más insoportable si recordamos que España fue uno de los países más afectados del mundo por la Gran Recesión, la crisis sucedida entre 2008 y 2015, algo que pasó antes de ayer y que tuvo su génesis en la especulación en torno al ladrillo que el mundo financiero perpetró con tanta arrogancia como descontrol al inicio de este siglo. Cualquier beneficio exorbitado nos pone a todos a caminar por el filo de la navaja.

Como suele insistir Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, el mercado de la vivienda siempre ha estado intervenido, pero a favor de los especuladores. España gastó, entre el año 2001 y 2013 sólo en deducciones fiscales en el IRPF, cuarenta y dos mil millones de euros. ¿Alguien ha cuantificado qué parque público de viviendas se podría haber construido con esta exorbitante cantidad para que fuera el Estado, no los grandes inversores, quien en la práctica pudiera marcar los precios?

El problema con la inversión especulativa en vivienda, que este país lleva ya soportando los últimos 25 años, no tiene tan sólo como víctimas a los ciudadanos que no pueden desarrollar un proyecto de vida de una manera estable, con el consiguiente invierno demográfico, sino que es una losa para la economía productiva. Cada euro que las familias destinan a sufragar los beneficios de los rentistas es un euro que no va destinado al gasto en bienes y servicios, un euro que no crea empleo, un euro que no crea riqueza para todos.

Esta es una decisión que tenemos que tomar como país, una de las más importantes a las que nos enfrentamos. Si volver a ser una sociedad rota, ética y materialmente, como aquella que retrataron Azcona y Ferreri en El pisito, o ser una sociedad donde la prosperidad vaya asociada a las palabras estabilidad y justicia.

Un último apunte: tal y como marca nuestra Constitución en su artículo 33, el derecho a la propiedad privada está limitado por su función social, pudiendo intervenir el Estado por causa justificada de utilidad pública. No siempre se puede gobernar para todos, pero siempre se debe gobernar para la mayoría.