Si por ser investigado hay que dimitir, a los cargos públicos no los eligen los votantes ni el Congreso, sino los jueces

La jefa de la Comunidad de Madrid no quiere ir a La Moncloa, al menos en calidad de equipo visitante, que lo haga Rita la Cantaora. Quizá es que no se atreve a reunirse con el presidente del Gobierno por si va a por lana y sale trasquilada, que una cosa es tenerlo todo el día en la boca y otra hablar con él, aunque sea para negociar sobre la financiación autonómica: será que eso no va con ella, cuyas aspiraciones son más altas, como salvar la patria de independentistas, rojos e inmigrantes y todo eso, o porque quizá se pierde un poco si la sacas del estribillo ETA/Sánchez/Venezuela con el que se va por peteneras de todo lo demás y que, con su música chunda-chunda de pasodoble cañí a todo trapo, ensordece a quienes no quieren oír y les da algo que bailar. La originalidad no se la discute nadie a Ayuso: es la única que no va a cumplir con su obligación en esta ronda de consultas, ni a hacer su trabajo, que es debatir el futuro de la región que se supone que dirige y por cuyos intereses debería velar. Su jefe, al menos de cara a la galería, Núñez Feijóo, dice que “un presidente que no acude a una reunión comete un error”, pero igual es sólo un reparto de papeles, como el de mascarillas que hizo el novio de la lideresa, parte de las cuales fueron compradas por… tachín-tachán… ¡la Xunta de Galicia! Todo se queda en casa y el PP, ya se sabe, defiende a la familia.

Es verdad que Ayuso anda ocupada negándolo todo, que dice que ella no firmó ningún protocolo de la vergüenza ni dejó morir a nadie en las residencias, ni tiene nada que ver con las tristemente célebres 7291 víctimas cuyo número la persigue; y que lo de su novio no es un delito fiscal, sino una cacería. La cadena SER ha hecho público el expediente tributario contra su pareja y en él se ve que lo que ella quiso desacreditar como “una investigación salvaje”, hecha a la carta y por ser él pareja de quien lo era, es decir, una maniobra política contra ella, no fue en absoluto así, sino justo al contrario: la Agencia Tributaria se reunió en diecisiete ocasiones con el investigado antes de denunciarle por fraude y para que explicara sus ingresos, que habían pasado de trescientos mil euros a dos millones trescientos mil, como por arte de magia. No pudo y su abogado terminó por admitir las irregularidades cometidas y ofreció en algunos mensajes al fisco pagar fuera de plazo lo defraudado. El resto, ya se sabe, un medio publicó algunos de esos correos pero diciendo que era Hacienda la que le ofrecía el acuerdo, el fiscal general lo desmintió, el novio se querelló contra él por revelación de secretos y la oposición volvió a soplar sus trompetas del apocalipsis. Ayuso había empezado la guerra afirmando que era la Agencia Tributaria quien le debía a su compañero seiscientos mil euros que en breve iba a tener que devolverle.

La originalidad no se la discute nadie a Ayuso: es la única que no va a cumplir con su obligación en esta ronda de consultas, ni a hacer su trabajo

La SER detalla cómo, “según la información que obra en poder del juzgado número 19 de Madrid que instruye su caso, Alberto González inundó a la Agencia Tributaria con facturas supuestamente fraudulentas, como los más de 600.000 euros con una empresa mejicana de alimentación, o los más de 900.000 por un negocio fallido de venta de vacunas a Costa de Marfil, así como el empleo de un grupo de empresarios andaluces, la mayoría tratantes de ganado, para fabricar facturas falsas. La inspectora de Hacienda realiza un trabajo minucioso. Contacta con las autoridades fiscales de esos países. Entrevista a las personas con las que Alberto González dice tener negocios. Viaja a Sevilla, donde, para su sorpresa, no encuentra las empresas donde Alberto González dice que se encontraban. No existían. Finalmente, su abogado lo reconoce al fiscal: “ciertamente se han cometido dos delitos fiscales”, dice el letrado en un correo electrónico el 2 de febrero de 2024, y se compromete a pagar 525.000 euros por su fraude de 350.000, y a asumir una condena de 8 meses de cárcel”. El protagonista de esta oscura trama ha demandado también a Pedro Sánchez por llamarlo “delincuente confeso.” Y PP y Vox, naturalmente, han redoblado su presión contra el fiscal general del Estado y han vuelto a ese principio que siempre tienen para los demás y nunca para sí mismos, porque jamás se aplican el cuento: que si te imputan, tienes que dimitir. Lo cual genera una inquietud: si por ser investigado, con causas de peso o sin ellas, tienes que dimitir, entonces corremos el riesgo de que a nuestros cargos públicos no los elijan ni los votantes ni el Congreso, sino los jueces. Imagínense, con los demandantes y magistrados que hay por ahí. Y con esos Tellados que un día usan de munición a los asesinados por el terrorismo y al siguiente afirman en una emisora que van a echar al Gobierno por las buenas o por las malas, sea como sea, judicialmente o lo que haga falta. Unos días dan risa y otros miedo.

Pero Isabel Díaz Ayuso no quiere hablar ni que le hablen de eso de las residencias, los áticos, los novios y tal y tal, así se va otra vez por la tangente, las ramas o los cerros de Úbeda, lo que haga falta con tal de huir p’alante, como diría ella, y a ver si la cosa se pone que arde, los árboles no dejan ver el bosque y de demanda en demanda, al final manda ella.