¡Más democracia! ¡España ya tiene una tercera Cámara que no han votado los ciudadanos!

En este análisis de urgencia, me limitaré a exponer siete hechos o constataciones obvias para cualquiera que quiera entenderlas. 

1.- Lo que ha pasado en la noche del lunes no tiene precedentes, por lo que no puede despacharse como las acciones de un tribunal que actúa como si nada. Tiene una dimensión de especial importancia y gravedad. Nunca, jamás, el Tribunal Constitucional había anulado un proceso legislativo en las Cortes Generales antes de su culminación. Sí después. Sí había advertido de la ilegalidad de decisiones que se iban a tomar en una cámara autonómica porque eran consecuencia de leyes suspendidas. Sin embargo…

2.- Los procedimientos legislativos exprés, incluyendo el método impugnado, que según el PP y Vox impide a los diputados ejercer sus derechos políticos, nos pueden gustar más o menos, pero tienen muchos precedentes sin que nadie haya puesto en duda su legalidad. Han recurrido a estas fórmulas gobiernos de todos los colores. Un ejemplo: el aforamiento del rey emérito tras su abdicación, que cambió la Ley del Poder Judicial, se introdujo como una enmienda en la ley de racionalización del sector público que nada tenía que ver con el exjefe de Estado, naturalmente. La abanderó el PP. Para Feijóo en Galicia, introducir enmiendas en leyes que no tenían nada que ver era una rutina, como contamos en este mismo periódico. Por lo tanto…

El Tribunal Constitucional se ha convertido ya, de facto, en una tercera cámara. Es decir, podría decidir sobre la conveniencia de un debate antes de que se celebre

3.- El Tribunal Constitucional se ha convertido ya, de facto, en una tercera Cámara. El artículo 66 de la Constitución dice que “Las Cortes Generales son inviolables”. Desde hoy, es así “salvo alguna cosa”, que diría Mariano Rajoy, cuya sombra sigue siendo alargada. El precedente abre la puerta a que esto ocurra de nuevo y que los elegidos para el Tribunal Constitucional se impongan a los elegidos por los ciudadanos no para decidir a posteriori sobre la constitucionalidad de una ley, algo normal en democracia, sino antes. 

Es decir, el Tribunal Constitucional podría decidir sobre la conveniencia de un debate antes de que se celebre (ese era el objetivo inicial del urgente recurso del PP), de un procedimiento antes de que los diputados puedan seguir introduciendo enmiendas (es el caso del Senado, donde faltaba el debate y votación en comisión y pleno). Es insólito. La competencia del Tribunal Constitucional con los únicos representantes directos de los ciudadanos, los únicos elegidos por sufragio universal, revela un enorme déficit democrático. Pero, además, no se trata de un Tribunal Constitucional cualquiera.

4.- Existe un conflicto de interés evidente. Hay cuatro miembros del TC que no deberían formar parte del órgano. Si siguen en sus puestos es gracias al bloqueo del PP al Consejo General del Poder Judicial. De esa manera, esos magistrados indirectamente están decidiendo sobre su propio puesto de trabajo, su función, su carrera y su sueldo. En el caso del presidente, Pedro José González-Trevijano, alcanza los más de 13.000 euros al mes y múltiples comodidades extra que podrían acabarse en semanas o durar meses, más de un año, o indefinidamente, si el bloqueo persiste. Hizo justo lo contrario: en vez de dejar a la sala competente decidir (ese es el procedimiento ordinario), sacó el asunto de sus manos para elevarlo a un pleno donde votar él mismo ignorando el conflicto de interés para que se impusiese una mayoría exigua, de seis a cinco. PSOE y Unidas Podemos intentaron recursar a dos de ellos, los más afectados por la posible renovación, sin éxito.

5.- El proceso exprés no es deseable, pero eso no quiere decir que sea ilegal. Que el Gobierno haya elegido a un exministro de Justicia (como hacen en Francia o Bélgica sin que opere el sanchismo) y a una catedrática que pasó por Moncloa como sus candidatos al TC no es estético (y ojalá eligieran otros perfiles), pero no es ilegal. Lo que es ilegal es imponer un bloqueo al cumplimiento de la Constitución con esas excusas.

En mi opinión, hubiera sido preferible actuar antes y a través de un proyecto de ley. El Gobierno pecó de ingenuo al confiar primero en Casado y luego en Feijóo. Estuvieron a punto de renovar el CGPJ, pero al final se impusieron las tesis más duras. Y aquí está parte del meollo, en quién lleva el timón de la derecha en España. 

Los que ahora denuncian un golpe de Estado a cámara rápida, y dicen que las cosas pueden hacerse de otra manera, nunca hubieran aceptado una reforma ordinaria y dilatada y la habrían calificado sin dudar de golpe de Estado a cámara lenta. Porque cuando todo es un golpe de Estado, nada es un golpe de Estado. Y la derecha mediática y política lleva años asegurando que el Gobierno es “ilegítimo”, que lo que hace “no es legítimo” (Feijóo dixit, horas antes, preconizando la decisión de un TC en cuya composición es clave el bloqueo que impone el PP), que actúa “contra la gente”... Un buen ejemplo de los inspiradores de todo esto está en esta pieza. Y, sin embargo, el PP nos quiere convencer de que aunque haya derecha política y derecha mediática, no la hay judicial. Sólo ejemplares servidores públicos que se lo deben todo al PP pero actúan con independencia. No se lo creen ni ellos. Para prueba, uno de los magistrados recientes del Constitucional: Enrique Arnaldo, un paradigma absoluto de los servicios prestados y la parcialidad. 

6.- En la base de todo está el respeto a la ley, no del Gobierno, sino del PP. Si el PP hubiera cumplido con los procedimientos y plazos tasados en la ley, el CGPJ habría sido renovado hace cuatro años. Y no estaríamos aquí, es una evidencia. Se lo ha reclamado la Comisión Europea siempre que ha tenido ocasión. En lugar de eso, hemos perdido la cuenta de las excusas (incluyendo que Pablo Iglesias era vicepresidente del Gobierno o Dolores Delgado fiscal general). Si el sector conservador del CGPJ hubiera cumplido con la obligación legal, con la orden de las Cortes, de proponer a sus candidatos al TC hace más de tres meses, tampoco estaríamos aquí. 

Es, de nuevo, la derecha política, en rebeldía desde hace cuatro años, y la del CGPJ, que pasó el verano en blanco , la que lleva al Gobierno a buscar vías de desbloqueo que, sí, no son las ordinarias. Pero llegado a este punto, por desgracia, nada lo es. Y lo más extraordinario es tener que innovar para que un partido supuestamente 'de Estado' cumpla la Constitución. El problema primero no es la forma, es el fondo: el intento indisimulado de controlar la orientación de la Justicia a través de nombramientos clave que sólo puede hacer el Poder Judicial. Y si no los hace el PP, que no los haga nadie. Es el bloqueo sin alternativa. Lo demás, herramientas a su servicio.

7.- El Gobierno debe actuar. Con urgencia. No hacerlo es aceptar que el que bloquea, gana. Si entramos en una fase de mutación constitucional, abanderada por un Constitucional agotado, partido por la mitad, condicionado por el PP que lo ahormó para reflejar una mayoría absoluta que no existe desde 2015 (cuatro elecciones generales se han celebrado), es la obligación del Gobierno y de las Cortes introducir las reformas necesarias. Nadie duda de que si Feijóo y Abascal suman mayoría absoluta en las elecciones del año que viene, llamarán de inmediato al PSOE para que no imponga el bloqueo que mantiene el principal partido de la oposición. Pero, ¿y si las urnas invisten de nuevo a Pedro Sánchez? ¿Y si en vez de "este Gobierno o España", como dice Feijóo, España reelige a este Gobierno? ¿Puede durar ¡¡para siempre!! un CGPJ caducado desde hace cuatro años? ¿Un Constitucional que siga acumulando mandatos caducados, solo porque el PP no haya ganado las elecciones? ¿Sólo hay justicia en España cuando el PP gana las elecciones?