La lucha contra la desinformación, ¿hasta dónde?

Vivimos tiempos de incertidumbre donde, además, los acontecimientos parecen acelerarse. Desde comienzos de este año, que ahora termina, era de sobra conocido que tendrían lugar un importante número de procesos electorales y que estos serían determinantes. Así, las elecciones estadounidenses y las del Parlamento Europeo quizás hayan sido las más significativas. Pero a estas hay que añadir aquellas que se convocaron sin que tocara, como las legislativas francesas, o las que sucedían en la semiperiferia o la periferia europea, como las rumanas, las georgianas o las moldavas. 

La batalla geopolítica trasciende a Ucrania y a Oriente Medio. La lucha por las narrativas y el relato es esencial también para ganarse a la opinión pública especialmente en países de corte democrático. Y ahí es donde la guerra híbrida opera en varios niveles. Los procesos de deterioro interno de las democracias contemporáneas han provocado una crisis de confianza en las instituciones, pero de manera muy especial, en los intermediarios entre el Estado y la ciudadanía, fundamentalmente los partidos políticos y los medios de comunicación. Esto junto con la cada vez mayor sofisticación de las redes sociales y el perfeccionamiento de la IA constituyen una tormenta perfecta ideal para la creación y difusión de imágenes y narrativas con capacidad de influir en los votantes. 

Desde hace años se lleva alertando frente a las campañas de desinformación, las domésticas, pero también las inducidas (y pagadas) por terceros fundamentalmente a través de unas redes sociales poco reguladas. Se vio en la campaña del Brexit, se volvió a ver en las elecciones norteamericanas de 2016. Pero fue tras el incremento de la tensión en Ucrania y su posterior invasión cuando desde la UE comenzaron a saltar todas las alarmas y Bruselas comenzó a diseñar instrumentos primero de análisis como el EUvsDisinfo, en marcha desde 2018, el Observatorio Europeo de Medios Digitales o la Red Europea de Normas de Verificación de Datos y, posteriormente, lanzando iniciativas de regulación y sensibilización para todo el espacio comunitario. Desde entonces la lucha contra la desinformación se ha situado como uno de los puntos prioritarios de la agenda europea. De este modo se ha adoptado normativa comunitaria en ese sentido como la Ley de Servicios Digitales, la de Inteligencia Artificial o la de Transparencia y Focalización de la Publicidad Política, todas ellas aprobadas muy recientemente. Los verificadores han detectado cómo se difundía información falsa sobre cómo votar, han incentivado la polarización, han creado bulos de toda naturaleza, y, por supuesto, han utilizado cuentas falsas a través de redes sociales. Desde la UE se ha focalizado la lucha contra la desinformación en el desarrollo de políticas de fortalecimiento de las democracias, en la concienciación a la ciudadanía sobre este fenómeno, campañas de alfabetización mediática y la cooperación entre instituciones y Estados.

La lucha contra la desinformación debe materializarse, sí, pero cuidado, no vayamos a pasarnos de frenada y en nuestra carrera para combatirla caigamos en la represión, cancelación o negación de la disidencia

Pero donde la desinformación opera de manera especialmente sensible ha sido en los procesos electorales. Y ha sido en los casos de Moldavia, Georgia y Rumania donde se está observando de manera continuada y con una mayor incidencia política. La resolución del Tribunal Constitucional rumano del día 6 de diciembre de anular el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales apenas 48 horas antes de que se celebrara la segunda vuelta de las mismas ha provocado un terremoto constitucional y político no sólo en Rumania, también en el conjunto de la UE, puesto que es la primera vez que desde la UE se consiente y aprueba la anulación de un proceso electoral en marcha en un Estado miembro. El detonante fue en primera instancia la victoria del ultranacionalista y antisemita Georgiescu en la primera vuelta y contra todo pronóstico dejando fuera de la competición a los dos principales candidatos de los partidos tradicionales rumanos, socialistas y liberales. Su campaña en redes sociales, específicamente en Tik-tok, hizo saltar todas las alarmas que, posteriormente, fueron confirmadas tras la desclasificación de informes secretos de los servicios de inteligencia rumanos que mostraban la participación de un tercer actor, posiblemente otro estado sin determinar cuál, que lanzaba propaganda “anti-occidental” en apoyo de Georgescu. Días antes, el lunes 2 de diciembre, el propio Tribunal Constitucional tras revisar todos los votos decidió dar luz verde a la continuidad del proceso.

Muchos son los interrogantes que se abren a estas horas. El primero tiene que ver con la conveniencia de cancelar el procedimiento. La otra candidata a la presidencia, la liberal Elena Lasconi, ha protestado por la anulación de las elecciones planteando, no sin razón, que habría sido el momento de mostrar, efectivamente, la capacidad de reacción de la ciudadanía rumana ante la amenaza ultra. Por otro lado, un escenario en el que se cuestiona la legitimidad y legalidad de todo el proceso deja en muy mal lugar todos los esfuerzos regulatorios llevados a cabo por la UE, y, especialmente, a las autoridades rumanas que el pasado 30 octubre inauguraban en Bucarest el Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad (ECCC), el primer organismo de la UE con sede en Rumania y que perseguía que la UE mejorara su autonomía estratégica en materia de ciberseguridad. El cuestionamiento de la totalidad del proceso electoral además ofrece argumentos de peso para aquellos que plantean que en realidad los procesos electorales en las democracias liberales no son tan limpios ni transparentes como dicen ser. Es decir, se abre la puerta a nuevas teorías de la conspiración.

Otro de los interrogantes que quedan abiertos tiene que ver con el propio resultado electoral. Esta cancelación podría movilizar a votantes que consideran que se les ha hurtado la posibilidad de manifestar su preferencia. Achacar el resultado electoral simplemente a campañas de desinformación obvia el contexto en el que estas se producen y el descontento existente entre la ciudadanía por determinadas políticas. 

Por último, parece relevante una aproximación más autocrítica por parte de las fuerzas políticas e instituciones en relación con los resultados electorales. Si todo es desinformación y es lo que mueve el voto, entonces algo se habrá hecho mal. El análisis grueso podría indicar que todos los casos son iguales cuando, de hecho, no lo son. Tampoco parece adecuado identificar cualquier posicionamiento contra las opciones más asentadas en la UE como pro-ruso puesto que lo único que se puede confirmar es que muchas de las opciones políticas que saltan a la palestra son, eso sí, ultranacionalistas, soberanistas y con tintes autoritarios, pero todo ello no quiere decir que compartan las veleidades geopolíticas de Moscú, el caso georgiano es una de los casos más claros en este sentido. Así, la lucha contra la desinformación debe materializarse, sí, pero cuidado, no vayamos a pasarnos de frenada y en nuestra carrera para combatirla caigamos en la represión, cancelación o negación de la disidencia.

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Ruth Ferrero-Turrión es Doctora Internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.