Política para prudentes
Haz y envés de la prudencia en política
Corren tiempos en los que se acostumbra a ensalzar la osadía, la resistencia y el sentido del espectáculo (la apariencia), como cualidades que hacen triunfar al político. Todo ello tiene bastante que ver con la noción de virtú, que Maquiavelo aconseja al príncipe. Bastante menos buena prensa parece tener la prudencia, aunque, la verdad, no hace falta estrujarse el cerebro para entender que esta es asimismo una condición indispensable para quien se dedica a la política.
Algunos tacharán de ingenua esta mención de la prudencia en política, entendida como virtud, tal y como la explica Aristóteles cuando habla de la frónesis en el libro VI de su Ética a Nicómaco. Ahí la propone no ya como virtud, sino compendio de virtudes: suma de buen juicio, el arte de la medida y de la oportunidad en el obrar, que implica valor, templanza, justicia y sabiduría práctica. Pero lo cierto es que en su ética también aparece una dimensión de la prudencia más humana y aun se diría que pragmática, muy en consonancia con la tarea del político: la virtud propia de aquellos cuyo saber “está ordenado a la búsqueda de los bienes humanos” y así reconocen “lo que es beneficioso y conveniente para ellos”. Esa dimensión pragmática de la prudencia es un hilo conductor de un subgénero literario multisecular, el de los libros de “instrucciones de príncipes” (speculum principis) que, desde la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, alcanza su culmen, probablemente, en el Barroco. Seguramente no pocos lectores recordarán a este propósito las obras emblemáticas del murciano Saavedra Fajardo y el aragonés Baltasar Gracián (Oráculo manual y arte de prudencia, 1647), pero también el Breviario de políticos (1684) del cardenal Mazarino y las Memorias (1675-1677) de su adversario, el cardenal de Retz. Confieso que no consigo entender por qué en un contexto como el nuestro, en el que la apariencia es la reina en política –más allá de la virtud o del Derecho– los gabinetes políticos y de comunicación parecen prestar tan poca atención a las lecciones que nos dejaron esos escritores del barroco, la corriente que enfatiza la engañosa apariencia frente a la oculta realidad.
De modo que, ya sea virtud exigente o práctica utilitaria, parece claro que el político no debe dejar de tener presentes las exigencias de la prudencia. Añadiré un matiz que no carece de interés, creo: la prudencia es también una virtud, o, si se prefiere, un requisito exigible no sólo a los políticos, sino a todos aquellos que son agentes del espacio público y cuyas decisiones afectan a los ciudadanos. También en las actuaciones de jueces y magistrados, en correlación a la responsabilidad que sus decisiones comportan.
Prudentes e imprudentes en un episodio de actualidad
La importancia de la prudencia me parece evidente en un caso que ocupa la actualidad. Me refiero a lo que se conoce como caso Begoña Gómez (en realidad, buena parte de quienes lo han alimentado desde el principio apenas ocultan su designio de que sea caso Pedro Sánchez, aunque también los hay que hablan de caso Peinado), en el que informaciones supuestamente periodísticas sobre actuaciones de la esposa del presidente, parecen la trama para sostener que estaríamos ante un ejemplo de prácticas corruptas, delictivas, en el seno de La Moncloa. Se trata de actuaciones que, hasta donde se sabe por ahora (porque el procedimiento que instruye el juez Peinado, que parece interminable, suma cada día nuevos elementos y resulta como mínimo muy poco ortodoxo en lo que se refiere a la observancia de criterios procesales), tienen todo el aspecto de libelos urdidos en buena medida por actores vinculados a la ultraderecha, por más que existan aspectos que han llevado a la Audiencia Provincial de Madrid y a la Fiscalía Europea a autorizar y emprender investigaciones, respectivamente. Y recordemos que las decisiones del juez titular del juzgado 41 de plaza de Castilla, el Sr. Peinado, son susceptibles de recurso y revisión.
Huelga decir que la utilización de bulos y medias verdades que afectan a familiares de políticos, para atacar al personaje político que se quiere derribar, es rechazable en todos los casos. Este que, evidentemente, tiene como objetivo al presidente Sánchez, no es el primero y los ha habido respecto a políticos de diverso signo. Recordaré, por ejemplo, entre los más recientes, las informaciones maliciosas y bulos sobre el político de CiU y Junts, el exalcalde Trias, o la deleznable campaña interna en ERC contra los Maragall. Es verdad que hay asuntos más graves, de los que se viene hablando varios años y de los que parecen emerger pruebas fehacientes en estos días: me refiero a las informaciones que parecen confirmar que se ha buscado la destrucción del adversario político por medios delictivos que implican a las cloacas del Estado, a propósito de políticos de Podemos y del espectro independentista. Esperemos que se nos informe fehacientemente a todos los ciudadanos acerca de esa barbaridad. Y que sus responsables sean castigados como corresponde.
Todos los partidos deberían renunciar a servirse del ámbito de lo privado para ganar terreno en la contienda electoral. Por mucho que se repita el tópico, ni en la guerra, ni en el amor, ni tampoco en la política, todo vale
Dicho esto, volviendo al caso que afecta a la esposa del presidente, se impondrían a mi juicio un par de consideraciones que tienen que ver con la prudencia y con el respeto a reglas elementales que dicta esta virtud o condición exigible al político.
La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo
Todos recordarán que la tradición republicana romana acuñó ese dictum sobre la necesidad de que el entorno familiar del gobernante observe una apariencia honrada (parece que la frase, “Mulier Caesaris non fit suspecta etiam suspicione vacare debet” es atribuible a Plutarco, más que al propio César). A mi juicio y por lo que sabemos hasta ahora, la conducta de la esposa del presidente no ha sido ilegal, es decir, no ha incurrido en delito alguno. Es verdad que esta afirmación ha de ser enunciada con prudencia, porque hay un procedimiento judicial en curso. Aunque algunos consideren que su proceso es un ejemplo de lawfare, y tomando pie de la peculiarísima instrucción del procedimiento que está llevando a cabo el juez Peinado hayan trazado incluso un perfil que lo presenta como cómplice de la estrategia de la extrema derecha, lo cierto es que la Audiencia Provincial de Madrid ha validado una parte del procedimiento y que la Fiscalía Europea ha iniciado investigaciones que tienen que ver con ello. Por tanto, conviene no pronunciarse categóricamente pues, pese a los argumentos de la defensa de la señora Gómez, que entiende que se trata de una suerte de “causa general” partidista, que encubre un vacío jurídico, creo que no disponemos de todos los elementos de juicio.
Debo decir, en todo caso y a propósito de las reglas de conducta que aconseja la prudencia política, que creo que la señora Gómez no ha sido lo prudente que debiera: por ejemplo, a mi juicio, no debió escribir cartas de recomendación para un empresario amigo y colaborador, que licitaba ante la administración. No son ilegales, en absoluto, pero no queda bien que la esposa del presidente avale a alguien que licita por fondos públicos y que es socio de ella en algunos proyectos. Por razones de prudencia, asimismo, tampoco debió convocarlo ni recibirlo en reuniones en La Moncloa para tratar sobre negocios o proyectos lícitos, sí, pero que debían haber sido objeto de conversaciones y negociaciones fuera del recinto presidencial. Y la prudencia política habría aconsejado no convocar ni recibir en La Moncloa a las autoridades universitarias de las que pretendía obtener una resolución favorable a su proyecto de cátedra de mecenazgo. Añadiré que me parece que puede aceptarse, por razón de educación y cortesía, que el presidente, si estaba en La Moncloa, saludara a quienes se han reunido con su esposa en esas ocasiones. Otra cosa sería que hubiera participado en tales reuniones: confío en que no haya sido así. Y, en cualquier caso, quizá debía haber aconsejado a su esposa que no realizara esas reuniones en La Moncloa, para evitar lo que ha pasado después, todos los bulos e infundios que están arrojando sobre él y la señora Gómez.
Subrayaré que, en mi opinión, parece que han sido muy poco prudentes el empresario en cuestión y aún menos las autoridades universitarias de la Complutense, al aceptar acudir a La Moncloa para mantener esas reuniones y negociaciones. Creo que hay dudas acerca de si ha sido prudente el procedimiento seguido para conceder una cátedra de mecenazgo a una persona que, al margen de su inteligencia y capacidades, de las que no dudo, no tiene titulación universitaria adecuada para esas tareas y, además, es la esposa del presidente del Gobierno. Por cierto, no me resisto a subrayar la deriva a la que están llegando las denominadas cátedras de mecenazgo, algo que, como profesor universitario, me parece muy de lamentar. Que un rector declare que no se requiere titulación universitaria alguna para desempeñar cátedras de ese tipo es un verdadero disparate.
De cualquier modo, me parece que, si hay reuniones de negocios de la esposa del presidente en La Moncloa, es lógico que la prensa quiera informar y que los ciudadanos sepamos de qué se trató. La señora Begoña Gómez tiene, sin la menor duda, todo el derecho a trabajar en lo que le parezca, y a desarrollar su carrera profesional, pero desde la prudencia a la que le obliga su condición de esposa del presidente, que no es un dato que carezca de relevancia pública.
Lo bueno, si breve, dos veces bueno; lo malo, si poco, no tan malo (Gracián)
La segunda consideración se refiere a otra cuestión que atañe también a la prudencia política y a la dignidad institucional en el ejercicio de cargos tan importantes como el de ministro de un gobierno. Porque, a mi entender, es sumamente discutible la pertinencia y profusión de las intervenciones de ministros del Gobierno en defensa de la esposa del presidente. También me parece un error, aunque de otro calibre, muy distinto, que líderes y cuadros del partido socialista hayan hecho bandera de la defensa de la esposa del presidente. Empecemos por esto último.
Es verdad que, en el fragor de las campañas electorales, no se atiende demasiado a consideraciones de prudencia. Pero es que en la campaña de las recientes europeas pudimos asistir –por mi parte, lo reconozco, con verdadero estupor– a la presencia de la señora Gómez como gancho electoral en mítines y a la movilización del partido en su defensa, con el slogan electoral “todos con Begoña”. Insisto, ¡en unas elecciones europeas! Es decir, la estrategia se centró en la conducta de la señora Gómez. Bien es verdad que la iniciativa de usarla como arma electoral se la apuntó la derecha, para presentar la acusación de “corrupción en el seno de La Moncloa” y así exigir una vez más la dimisión del presidente. Pero es que, a su vez y como respuesta, los estrategas electorales del partido socialista aceptaron el envite y se recurrió al nombre de la esposa del presidente como un arma con rédito electoral, para ilustrar el fango de la extrema derecha y suscitar una emoción de adhesión a quien sufre un acoso injusto y desmedido. Y así este asunto pasó a primer plano en la campaña, en detrimento del debate sobre asuntos de política europea relevantes como la política migratoria y de asilo, la política medioambiental, la autonomía energética y de defensa, o la toma de posición ante la guerra a sangre y fuego de Putin en Ucrania y de Netanyahu en Gaza.
Puedo entender que militantes y aun dirigentes del partido se crean en la obligación de la defensa del presidente del Gobierno y secretario general del partido. Hablo, por cierto, de un partido –en este caso el PSPV-PSOE– en el que milito y he tenido el honor y el orgullo de que me incluyera en sus listas electorales al Senado, y de desempeñarme como senador en la XIII y XIV legislaturas. Lo hago constar por si algún lector no lo sabe y me malinterpreta. Lo reitero: me parece lógico y comprensible que en el seno del partido se crea necesaria la defensa del honor y la integridad del secretario del partido y presidente del gobierno, y puedo comprender que se haga incluso más allá de lo prudente.
Pero lo que me parece contrario a exigencias elementales de la prudencia política es que ministros del Gobierno incurran en el error de erigirse en defensores en la causa seguida contra la señora Gómez, esposa del presidente. Y aún peor, que se multipliquen sin ninguna contención (imprudentemente) en expresiones de auténtico hooliganismo, del populismo más simplón, como lo hace la vicepresidenta primera del Gobierno al incurrir en ese nada infrecuente desdoblamiento de personalidad que le lleva a actuar demasiadas veces como una suerte de groupie, ajena a la dignidad institucional del importante cargo que desempeña. No hablo del ministro que ejerce como tuitero de guardia, el señor Puente, que está para eso según parece. Pero me parece poco compatible con la dignidad institucional de miembro del Gobierno y con la necesidad de diferenciar lo privado y lo público el hecho de que se multipliquen las intervenciones de diferentes ministros que se arrogan el papel de defensores de la señora Gómez, desde La Moncloa y en rueda de prensa del consejo de ministros, o en actos oficiales, aunque reconozcamos, insisto, que el argumento de fondo es la defensa del propio presidente. Añadiré que me desconcierta en particular el hecho de que el ministro de Justicia –de Justicia– entre de continuo en la descalificación de la actuación del juez Peinado. Tenga la opinión que tenga sobre el juez y sobre el procedimiento, es ministro de Justicia: no puede ni debe comentar las actuaciones judiciales.
Insisto en que entiendo que al propio presidente del Gobierno le indigne y le duela cómo están usando el nombre de su esposa con tal de denigrarle a él (aunque no me pareció acertada la estrategia del silencio de cinco días y la famosa carta) y entiendo que a los miembros del Gobierno les parezca necesario defender al presidente. Pero la esposa del presidente es autónoma, es mayor de edad, es una persona con evidente capacidad para defenderse ella sola y, en su caso, como ahora, mediante su abogado. Tiene derecho a la presunción de inocencia y a guardar silencio en juicio, los mismos que asisten a todos los ciudadanos; faltaría más. Personalmente, espero y confío que doña Begoña Gómez salga indemne de este procedimiento judicial. De lo que ya no sale indemne es de la “pena de telediario”. Pero reconozcamos también que hemos llegado a un punto en que intentar cortocircuitar toda información sobre ese procedimiento parece poco compatible con usos democráticos básicos. La libertad de prensa es pieza indispensable de la democracia. Los ciudadanos tenemos derecho a una información veraz y plural.
En todo caso, creo que todos los partidos deberían renunciar a servirse del ámbito de lo privado –si se trata de lo privado, claro– para ganar terreno en la contienda electoral. Por mucho que se repita el tópico, ni en la guerra, ni en el amor, ni tampoco en la política, todo vale. A todos nos hace falta la prudencia que aconseja reflexionar antes de hablar, medir el efecto que pueden causar nuestras acciones y contar hasta cien, antes de dar rienda suelta a la indignación frente al otro.
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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.
