El programa económico de Podemos: un radical adiestrado

Podemos surgió como la reacción de quienes han visto cómo su estabilidad, aspiraciones e ilusiones se desvanecían con la crisis. Hoy se erige como la instrumentalización de la indignación, una herramienta que aspira a restituir y apuntalar los derechos individuales y colectivos que quienes han gobernado hasta ahora no dudan en desmantelar en cuanto la economía se tambalea. Tras leer su programa no tenemos dudas sobre los efectos multiplicadores del gasto público que postulan con su “Plan de Bienestar Social y Modernización Económica”. Supone un giro radical con respecto a la afrenta de la austeridad impuesta al común de los ciudadanos. Pero para salir de la “japonización” hace falta un “Plan Marshall” que elevaría el déficit público al 8% del PIB si hiciere falta. Podemos propone que nos quedemos a medio camino.

El partido morado nos inspira al comienzo de su programa al sugerir que «solo con más democracia podremos superar las crisis económica, social, institucional y territorial que atraviesa España», pero esta afirmación nos parece débil en cuanto vemos que el programa se ha construido siguiendo los principios de finanzas saneadas. Celebramos que propongan eliminar los rígidos objetivos cuantitativos de equilibrio presupuestario. A la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española añaden la negociación de la «flexibilización de los objetivos de deuda y déficit para adaptarlos mejor a las necesidades de cada país», un acuerdo que les permitiría disminuir más lentamente el déficit. Pero, ¿por qué ajustarse a tales objetivos presupuestarios dado que carecen de soporte científico, y son absolutamente contraproducentes e inoperantes? A diferencia del debate público que gira en torno a la arquitectura del euro allende los Pirineos, en España parece que éste es un tema tabú, por lo que mentiríamos si dijésemos que nos extraña tal fijación por el volumen de déficit incluso en un partido radical.

Nuestra primera objeción es clara, ¿con la desviación del objetivo de déficit no se estaría abriendo la puerta al chantaje de los mercados que, mediante el aumento de los tipos de interés y del riesgo país, neutralizarían la voluntad democrática de las naciones mientras el BCE asiste al linchamiento complacido y callado? En Podemos parecen ser conscientes de ello, pues incluyen en su programa iniciativas para democratizar la gobernanza de las instituciones europeas. Junto con la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya mencionada, plantean avanzar en una política fiscal común que garantice en todo el territorio europeo el acceso a la sanidad, a la educación, a una vivienda social y a un seguro de desempleo que complemente los sistemas nacionales; así como en la aplicación estricta de la Carta Social Europea que logre erradicar la pobreza y la exclusión infantil en Europa.

Desconocemos cómo pretenden financiar el aumento del presupuesto de la Unión Europea que sugieren – del actual 1% del PIB europeo a un 5% –, si bien se proponen cuestiones interesantes: la introducción de un nivel garantizado de inversión pública para cada país que no sea incluido en el cómputo del déficit nacional; la reforma de los estatutos del Banco Central Europeo para que pueda actuar como prestamista en última instancia de las autoridades fiscales; y la compra por el BCE de toda la deuda pública que exceda del 60% del PIB correspondiente a cada Estado, sustituyendo los viejos títulos por otros nuevos al 0% de interés nominal, y con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance. Pero de nuevo, nos preguntamos ¿por qué se ciñen a ese límite arbitrariamente fijado por el Tratado de Maastricht en el 60%?

Estas propuestas, que aplaudimos, distan de poder enmarcarse dentro de unos principios de finanzas saneadas, pues introducen –con evidentes rodeos– la posibilidad de los países de financiarse a través del BCE directamente. Con un Banco Central Europeo al servicio de los Estados el déficit público –y el pago de las pensiones– debería dejar de ser una preocupación. Éste mantendría volúmenes de deuda en su balance que no necesitarían ser redimidos. Permitiría a los gobiernos liberarse de las restricciones financieras y no seguir las directrices impuestas por los mercados, por una disciplina antidemocrática derivada de decisiones que tomaron nuestros políticos antaño consciente o inconscientemente.

Lamentablemente, esto no es lo que proponen desde Podemos. El dominio ideológico del neoliberalismo aún atenaza intelectualmente a los autores de los programas progresistas. La izquierda europea ha olvidado – quizás por ser ignorados en las facultades de economía – a economistas keynesianos como Abba Lerner, quien definió los principios de las finanzas funcionales que prescriben que el déficit del Estado debe ser tan amplio como sea necesario para asegurar el pleno empleo y la estabilidad de precios.

Oprimidos por el actual orden institucional de la Eurozona, el espacio fiscal en el cual operar para alcanzar los objetivos propuestos se hace inevitablemente dependiente de la capacidad de obtener los ingresos que estiman en su memoria económica. La confianza en la capacidad del Estado para ganar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal nos parece excesiva, aunque no negamos que haya margen para mejorar en estos aspectos. El programa de Podemos contiene medidas destinadas a ampliar los recursos humanos y materiales para combatir la evasión fiscal, así como para acabar con los diversos mecanismos existentes para pagar menos impuestos. Sin embargo no creemos que en la Europa de la libertad de los movimientos de capitales sea posible tener éxito, al menos en un grado importante, en propuestas encaminadas a limitar las pérdidas de tributación asociadas a los precios de transferencia o las vinculadas al secreto bancario que caracterizan a los paraísos fiscales. Esto disminuirá el espacio fiscal esbozado por Podemos para las diversas actuaciones de su programa que quedaría en manos, fundamentalmente, de su reforma tributaria.

Pese a todo, agradecemos que Podemos haya hecho una reflexión sobre el proyecto de la moneda común más profunda que la de otros partidos, exceptuando a Izquierda Unida. Si consiguen convencer a los demás dirigentes europeos de financiar las diversas áreas que buscan garantizar a través de una política fiscal común y poner a funcionar al BCE, daríamos un gran paso adelante en la superación de una arquitectura institucional que mantiene las políticas fiscal y monetaria separadas. Pero nos preguntamos cómo van a conseguir tales reformas de los Tratados en una Unión Monetaria integrada por 18 Estados, algunos de cuyos gobernantes han prometido a sus electores que no habrá ni transferencias ni mutualización de deuda. Cuando Merkel y Schäuble digan “Nein” ¿cuál será el plan B que evite la humillación que ya sufrió Syriza?

En cuanto a la modernización económica, Podemos acierta al proponer el abandono de la política de devaluación salarial como vía para promover una mejora de la competitividad. Es el único de los cuatro partidos que llega con opciones de gobernar al 20 de diciembre que no basa su análisis del desempleo en consecuencias del mal funcionamiento del mercado laboral, sino en el mercado de bienes y servicios por una demanda anémica que la bajada de salarios contribuye a agudizar. Podemos plantea, junto a la derogación de las dos reformas laborales de los últimos años, introducir un nuevo marco laboral que desincentive el empleo a tiempo parcial, incrementar los recursos destinados a acabar con el fraude en la contratación, y reequilibrar la negociación colectiva agrupando todas las empresas que tengan un alto grado de dependencia sobre la empresa principal en una misma unidad de negociación. Además incluyen dos medidas que tendrán una implantación progresiva: una jornada laboral máxima de 35 horas semanales y un aumento del salario mínimo interprofesional hasta 14 pagas de 800 euros al mes.

No nos convence el programa de renta complementaria a trabajadores con baja remuneración que incluye también el programa de Ciudadanos, analizado en este mismo espacio hace unos días. Una empresa que no puede soportar salarios dignos probablemente no aporte valor añadido a la sociedad y debería desaparecer. Las políticas deben ir orientadas a la creación de empleo de calidad y no a la perpetuación de “trampas de pobreza”. Por parecidas razones tampoco nos entusiasman, salvo que se plantearan como medidas de muy corta duración, los mecanismos para impulsar la flexibilidad interna de las empresas ante cambios en la demanda, básicamente mediante la reducción de jornadas de trabajo que se verían compensadas en términos salariales por el Estado. También tememos que el programa de Renta Garantizada perpetúe situaciones de pobreza y marginación con una mísera ayuda de 600 € al mes. Creemos que mantendría los efectos individuales perniciosos a los que se enfrenta una persona que no encuentra trabajo: desmotivación, ansiedad y pérdida de capacitación profesional o cuanto menos, del potencial uso de sus capacidades para contribuir con su esfuerzo a la riqueza social y su realización personal.

Hay un sector que Podemos sí propone liderar creando empleo en los diferentes ámbitos que ocupa, un más que necesario cambio de modelo productivo fundamentado principalmente en la transición energética a las energías renovables y el impulso a la investigación y a la innovación. Destacamos aquí el Plan Nacional de Ahorro Energético y el Plan Nacional de Energías Renovables, con importantes efectos en el resto de sectores productivos y actividades. También creemos importante la iniciativa de negociar una reforma de la Política Agraria Común para una orientación estratégica hacia la soberanía alimentaria basada en criterios de diversificación, sostenibilidad, economía social y familia.

En el aspecto del fomento y apoyo a la innovación consideramos muy positivo que el Estado sea el facilitador de redes, clusters y espacios para dinamizar el emprendimiento, la transmisión del conocimiento y la mutualización de recursos, siguiendo la línea de programas que ya existen. Sin embargo, las PYMES son empresas que cuentan con recursos muy limitados para el objetivo que se les atribuye, por lo que creemos conveniente desmitificar el papel de éstas en la economía como dinamizadoras de la misma y demás palabrería. Dado que el elemento fundamental de la innovación es la incertidumbre, creemos que el Estado puede y debe adoptar un papel más activo siendo el promotor de estos sistemas de innovación, asumiendo los riegos que las innovaciones radicales necesitan y que los agentes privados evitan mientras no aparezcan los mercados que les aporten la rentabilidad esperada para llevarlas a cabo.

Por último, no podemos dejar sin mención otras propuestas que valoramos favorablemente como: el etiquetado ético con el fin de identificar las huellas ecológica y social de los productos y la compra pública ética; el fomento de las cooperativas facilitando los procesos de transformación de empresas en crisis; las sanciones reales y efectivas a quienes incumplan la Ley de Morosidad; el establecimiento de cuotas justas para los autónomos en función de su rendimiento neto para quienes facturen por encima del SMI y un alta gratuita para aquellos que lo hagan por debajo; la separación plena de la banca comercial y la banca de inversión; la creación de una banca pública dedicada a fomentar el desarrollo y servir de un banco seguro de depósitos; la conversión del llamado banco malo en un parque público de viviendas en alquiler; o la apuesta por las cláusulas sociales para el acceso a los concursos públicos.

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En definitiva, tenemos una limitada confianza sobre el poder de la administración para obtener los recursos que Podemos destinaría a financiar las diferentes medidas de gasto que se incluyen en el programa. Tal preocupación por el lado de los ingresos se podría evitar con cambios en la arquitectura del euro que tímidamente abordan, pero que dependen de actores externos y en gran medida, de las articulaciones entre el poder económico y político. Por otro lado, —en el ámbito de la innovación lo pequeño no es hermoso— debemos ser conscientes del papel del Estado para hacer que las cosas ocurran. Desarrollar y llevar al debate público tales cuestiones requiere una importante pedagogía que nivele la balanza de la hegemonía cultural e ideológica. No vale solo con sacar a los representantes de las grandes empresas de las instituciones democráticas. Como bien advirtió el célebre economista Paul Samuelson alguna vez: “No me importa quién escriba las leyes de una nación o conciba sus tratados complejos mientras a mí me dejen escribir sus manuales de economía”. La batalla electoral del 20D solo es un comienzo, el cambio no puede venir desprovisto de firmes convicciones en materia económica. Hace falta algo más que sonrisas.

Esteban Cruz Hidalgo es licenciado en Economía y Máster en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, especialidad Economía, Empresa y Trabajo. Miembro da ATTAC Extremadura, del Instituto de Economía Política y Humana y de La Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios. Stuart Medina Miltimore es vicepresidente de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios. Además es economista y MBA por la Darden School de la Unversidad de Virginia. Acumula más de 30 años de experiencia profesional en los sectores de material eléctrico, TIC y biotecnología. Fundó en 2003 la consultora MetasBio desde la que ha asesorado a numerosas empresas de diversos sectores.

Stuart Medina Miltimore