¿Chamizos del siglo XXI?

Tan solo unas lineas sobre el terrible accidente minero de Cerredo, que ha provocado cinco muertos y otros tantos heridos en el peor accidente de la minería desde hace décadas. En este sentido, me he preguntado qué puedo aportar yo, aparte de compartir el sentimiento de dolor y de dar el pésame a las familias y a los mineros, y el deseo de recuperación a los heridos. Se trataría de decir algo que vaya más allá del tópico o del primer shock ante lo imprevisto y de la extrañeza y el espanto ante la trágica paradoja de este terrible accidente minero, acompañando el final inclemente de la minería. Porque si un accidente es siempre una tragedia, éste, por su magnitud, es ya un desastre y en el contexto del crepúsculo de la minería es además un escándalo.

Me viene a la memoria el último accidente minero de La Camocha en Asturias, y también el más reciente vivido en la provincia de León a los que asistí como diputado, cuando todavía había extracción de carbón y con ello miles de trabajadores en la minería de nuestras cuencas y en que el final era tan solo una más de las muchas amenazas. En este sentido, no son nuevas las quejas ni las reivindicaciones justificadas de los trabajadores relativas tanto a las irregularidades en la minería de la zona, como a las escasas medidas de seguridad laboral, y en consecuencia los conflictos laborales con los propietarios.

La primera sensación es pues de impotencia en relación a la siniestralidad laboral que, a pesar de tener una de las leyes de prevención más avanzadas, como un castigo bíblico, se desboca con cada repunte de la economía como el actual. Todo esto me lleva a una primera conclusión: la magnitud de este accidente, como la de otros en el ámbito de las grandes infraestructuras como el de Angrois o Spanair, aparte de la obligada investigación judicial, exigen no solo una investigación técnica, sino también parlamentaria para valorar si hubo responsabilidades y también lo que falló en el funcionamiento de las administraciones competentes, en este caso relacionadas con la inspección de la minería y de la accidentabilidad laboral. Porque pende sobre este accidente crepuscular la legítima sospecha sobre el tipo de trabajos que en realidad se estaban realizando, en abierta contradicción con los que estaban autorizados. Ya que, según todo apunta, la autorización no era para extracción sino para recogida de material de la antigua explotación minera en la tercera planta del siniestro. E incluso, aunque fuera para la labor de investigación, ninguna de ellas justifica el grisú como causa del accidente.

La pregunta es si la autorización para la investigación sobre el grafito en realidad encubre explotaciones ilegales asociadas a mezclas de carbones de otras procedencias

La pregunta es si la autorización para la investigación sobre el grafito en realidad encubre explotaciones ilegales asociadas a mezclas de carbones de otras procedencias. La respuesta no parece muy difícil.

Una exploración ilegal que además carecía de la ventilación adecuada, con la que no hay acumulaciones de grisú que valgan, porque no se alcanza la mezcla imprescindible para que sea explosiva. Parece que más que de una actividad minera se trata de un aprovechamiento ilícito que no respetaba las normas de seguridad habituales en ese entorno. La trayectoria de la mina y sus propietarios debiera haber alertado a las autoridades. La investigación sobre el grafito encubre explotaciones ilegales asociadas a mezclas de carbones de otras procedencias.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.