Un plan B para renovar el CGPJ

Me he preguntado más de una vez, ante la actitud del PP, si era posible un plan B para romper el bloqueo impuesto a la renovación de los diferentes órganos constitucionales. Me respondía que sí. Para ello habría que seguir la tramitación contemplada en el Reglamento del Congreso pero aplicando al proceso un talante democrático innovador.

El bloqueo ha producido un enorme daño a la credibilidad del sistema democrático y a la legitimidad de las instituciones afectadas así como un desgaste de la política ante la ciudadanía. La democracia no podía soportar por más tiempo –en el caso del CGPJ son tres años de retraso– la desestabilización que persigue el PP impidiendo la renovación de las instituciones exigida por la Constitución y las leyes que las regulan. Porque el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo son órganos decisivos en la arquitectura de una democracia constitucional que requiere acuerdos transversales.

La clave de un plan B reside en complementar el eje de la negociación y ampliar el escenario que se ha mantenido hasta ahora, un eje centrado en el acuerdo entre los dos grandes partidos, algo más propio de la época del bipartidismo. Vivimos un tiempo en el que el método para estas designaciones ha de bascular hacia el eje institucional multipartidista del Parlamento, más abierto a la participación de los grupos y más transparente hacia la sociedad.

Lo cierto es que las decisiones sobre los nombramientos ya no se pueden cocinar al margen del Parlamento. Para evitar casos como el de Cosidó. Pues bien, el artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “el CGPJ se renovará en su totalidad cada cinco años, ... y los Presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”.

Hace tres años que Congreso y Senado recibieron del Presidente del CGPJ la lista de los 50 jueces y magistrados que decidieron ser candidat@s para someterse a una designación de los doce vocales del turno de jueces. Pero no se adoptaron las medidas necesarias para actuar en plazo. Además, para la elección de los demás vocales en los órganos citados, el Parlamento puede seguir una metodología que se inicia con la recepción de las candidaturas de los grupos parlamentarios. Además, es preciso efectuar comprobaciones y entrevistas a los candidatos en la Comisión Consultiva de nombramientos, órgano asesor que ha de servir para deliberar y alcanzar acuerdos que garanticen el apoyo de una mayoría cualificada de 3/5 de las Cámaras, mayoría a respetar como expresión del pluralismo político.

Queda claro que en el caso del Congreso, corresponde a sus instancias de gobierno –Presidenta de la Cámara y Mesa– poner en marcha los procesos para designar los vocales de los órganos constitucionales. Tanto si el Gobierno y el jefe de la oposición han conseguido un acuerdo sobre los términos de las renovaciones pendientes, como si se prolongara el desacuerdo.

Sabemos que las candidaturas deben cumplir con los principios de mérito, capacidad e igualdad, de modo que se garantice su competencia, independencia e imparcialidad en el ejercicio del cargo. Es deseable un compromiso político que, primando la deliberación, el rigor y la transparencia, permita garantizar aquellos principios para una elección final que además sea acorde con el respeto al pluralismo y la paridad. Avanzar en un asunto tan complejo requiere actuar con cintura política y superar el reparto por cuotas de partido.

La Presidenta del Congreso, Meritxell Batet, es la segunda autoridad política del Estado. Llegado el caso, tiene facultades para negociar y dictar resoluciones que regulen el proceso y suplan las lagunas de las leyes y el Reglamento del Congreso sobre aspectos vitales del procedimiento. Resolución que ya efectuó quien fuera Presidenta en el 2000, Luisa Fernanda Rudi, para establecer plazos sobre la presentación de candidaturas por los grupos parlamentarios, ordenar los trabajos de la Comisión Consultiva y plazos de votación en los Plenos.

Por tanto, una Resolución de Batet conforme al artículo 32,2 del Reglamento, aprobada por la Mesa y la Junta de Portavoces, serviría para iniciar y ordenar el proceso de comprobación, deliberación y negociación, fijar el tiempo y los mecanismos de las reuniones de la Comisión Consultiva que debate y valora la idoneidad de cada candidat@ y poner plazos para su proclamación ante el Pleno. Esta vía reduciría la capacidad de bloqueo al objetivar los méritos y transparentar las posiciones.

Hacer equilibrios y tener tragaderas

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Ojalá el desarrollo de la negociación en marcha entre Bolaños y García Egea culmine con éxito también en el Parlamento. Y si el PP decidiera negarse a presentar una candidatura en el caso del CGPJ, quedaría retratada su falta de cultura democrática y su voluntad manifiesta de actuar a mala fe. Se comportaría como un partido insumiso a la Constitución y a la ley que ellos mismos aprobaron e impusieron a los demás en 2013 sobre el Poder Judicial y que ahora dicen querer cambiar por puro tacticismo en su acoso al Gobierno.

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Odón Elorza es diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa.