Cuando tu salud no es prioridad para el Partido Popular

Decepcionante. Lo que debía ser un día de celebración se convirtió en una jornada amarga. El pasado jueves iba a aprobarse en el Congreso la que iba a ser la primera ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.

Esta agencia era una iniciativa largamente esperada –desde el 2011– para reforzar la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, apostando por un enfoque integral en la gestión de la salud pública. Y mucho más cuando se celebra el aniversario de la peor pandemia que hemos vivido en España y en el mundo.

El jueves, el Partido Popular, Vox –no esperaba otra cosa– y Junts, en el último momento, dejaron caer la ley y con ella la posibilidad de garantizarnos un escudo ante situaciones como las de la pandemia del COVID-19.

Este desenlace, completamente inesperado para las personas que estábamos en la bancada de al lado, nos ha dejado con una sensación de frustración y de enfado ante la decisión del principal partido en la oposición. Hace apenas una semana, en la Comisión de Sanidad, todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, habían respaldado la propuesta.

Si las medidas fiscales representaban un escudo para mejorar nuestra calidad de vida, la ley para la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública representa un escudo para proteger nuestra salud

Durante semanas, los portavoces de los distintos partidos negociamos con bastante buen tono, dialogando y pactando cada enmienda. Todos los partidos entendimos la necesidad de crear esta agencia y fuimos plenamente conscientes del impacto tan positivo que tendría en la vida de todos los ciudadanos. Pero en el último momento decidieron cambiar y votar NO a la protección de la salud de los españoles y españolas; cuando llegó el momento crucial, los cálculos políticos y los intereses partidistas pesaron más que la salud de la ciudadanía.

El Partido Popular desconectó de lo importante; en vez de enfocarse en la aprobación de una ley esencial, el debate se encontró inmerso en conflictos políticos que no estaban relacionados con la salud pública. Y lo que se esperaba que entonces fuera un apoyo a una estructura esencial para el bienestar de la ciudadanía, acabó siendo blanco de tácticas partidistas.

Las razones del abandono pueden ser irrelevantes, o quizás no lo sean, pero, llegados a este punto, España sigue sin contar con una Agencia Estatal de Salud Pública.

La Agencia Estatal de Salud Pública tenía –y tendrá, porque así lo pelearemos– como objetivo coordinar la respuesta sanitaria a nivel estatal, fortalecer la prevención de enfermedades y asegurar que futuras pandemias nos encuentren mejor preparados. Esta ley no estaba sujeta a un gran debate ideológico, salvo que alguien considere que proteger la salud de todos es una cuestión ideológica. Si así fuera, al menos queda la tranquilidad de que, durante el proceso de negociación, hubo un consenso general. Esta agencia no era un lujo, sino una necesidad.

Las pataletas del PP y sus socios golpean la evidencia científica y tienen un alto costo para la ciudadanía española.

Pero esto no es la primera vez que ocurre. Ya sucedió con el llamado escudo social: un conjunto de medidas acordadas mediante consenso que garantizaban la protección de más de 10 millones de pensionistas, 20 millones de personas beneficiarias de ayudas al transporte y otros 2 millones de personas cubiertas por el Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, esas iniciativas fueron frustradas en el último momento.

Si las medidas fiscales representaban un escudo para mejorar nuestra calidad de vida, la ley para la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública representa un escudo para proteger nuestra salud. Esta vez, hablamos de la protección de todo el conjunto de la ciudadanía.

Esta –mala– decisión no es más que el resultado de una mala praxis política que demuestra cómo, demasiadas veces, la política se convierte en un juego sucio de poder en el que las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía quedan en un segundo plano.

No pienso acostumbrarme a este tipo de cálculo político, característico del quehacer político del Partido Popular. No voy a acostumbrarme a ver cómo decisiones fundamentales para la ciudadanía son descartadas por intereses políticos de corto plazo.

Al igual que ocurrió entonces con las medidas para los pensionistas, las personas afectadas por la DANA y quienes utilizamos el transporte público a diario, espero que la próxima vez prime la responsabilidad institucional sobre los cálculos políticos. Dejar a la ciudadanía más desprotegida que ayer debería ser motivo suficiente para actuar con responsabilidad y evitar que una ley como esta vuelva a ser desechada.

Si algo nos define a quienes creemos en la importancia del bienestar de la población, es la tenacidad. Y aunque el pasado jueves fuera un día de decepción, no nos rendiremos. Volveremos a presentar esta propuesta, insistiremos, porque proteger la salud de la población española, especialmente en momentos difíciles, seguirá siendo nuestra prioridad.

Porque la salud y su protección es un derecho. Seguiremos peleando desde el Ministerio de Sanidad con Mónica García y Javier Padilla al frente. Lo haremos también en el Congreso de los Diputados, donde Más Madrid defenderá iniciativas legislativas que mejoren la salud y la vida de la ciudadanía. Para mí, esta es la razón de la política, la razón por la quise venir aquí y por la que me quedaré. 

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Alda Recas Martín es portavoz de Sanidad de Sumar en el Congreso y Presidenta de la Comisión de Derechos Sociales.