¿Y ahora qué? La defensa de Puigdemont y el Supremo se enfrentan por una entrega en manos de los jueces italianos

La detención del expresidente catalán Carles Puigdemont no implica necesariamente que vaya a ser entregado a España para su enjuiciamiento por el proceso independentista catalán. Al menos, por la batalla que va a dar su defensa y por la diferencia de criterio que están transmitiendo unos y otros, abogado y Tribunal Supremo, sobre si la orden europea de detención y entrega dictada por el juez Pablo Llarena estaba o no suspendida a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre el fondo de la inmunidad que el Parlamento Europeo retiró al exdirigente de la Generalitat.

La confusión, el estado de la euroorden dictada por el Supremo, deberá ser dirimida por los jueces italianos que ahora tienen en sus manos entregar o no a Puigdemont a las autoridades españolas después de casi cuatro años residiendo en Bélgica y esquivando su extradición. La ha evitado en Bélgica y también en Alemania, donde en marzo de 2018 también estuvo detenido en virtud de la orden europea.

Por un lado, la defensa de Puigdemont, que dirige el abogado Gonzalo Boye, defiende que la euroorden no era "ejecutable" en toda la UE salvo en España, donde siempre ha estado en vigor. El letrado cuestiona así la viabilidad teniendo en cuenta la decisión que tomó la Justicia europea el pasado 30 de julio, cuando consideró que no había lugar a devolver cautelarmente la inmunidad parlamentaria al expresident y dos de sus exconsellers, Clara Ponsatí y Toni Comín, basándose en que no había riesgo de que pudiesen ser detenidos en sus desplazamientos como eurodiputados.

Esta conclusión se deduce de varios puntos de la resolución del Tribunal General de la UE, que entendía que la cuestión prejudicial que presentó el juez Llarena después de que Bélgica rechazara entregar a otro exconseller, Lluís Puig, paralizaba el proceso de euroorden. En un párrafo, el tribunal también decía que "las autoridades españolas” habían manifestado “expresamente que dicha solicitud requería la suspensión de las órdenes de detención nacionales dictadas contra los demandantes y supuso la suspensión de cualquier procedimiento para la ejecución de una orden de detención europea que pueda haber sido iniciada”. “También manifestaron que ningún tribunal de la Unión Europea podría ejecutar las órdenes de detención europeas en litigio hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado", añadía.

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Desde el Tribunal Supremo, sin embargo, mantienen otra versión. Por un lado, sostienen que las euroordenes nunca se desactivaron, por lo que los exdirigentes catalanes estaban expuestos a ser detenidos en cualquier país europeo. La única excepción, explican, es Bélgica, precisamente porque es donde, según las fuentes consultadas, sí estarían suspendidas las órdenes a la espera de la resolución de la cuestión prejudicial.

Así, las fuentes consultadas por este periódico insisten en que esa cuestión prejudicial no afecta al resto de países de la Unión y, por tanto, tampoco a Italia, motivo por el cual la policía italiana ha hecho efectiva la orden de detención del juez Llarena.

De hecho, otras fuentes del Supremo afirman que no saben de dónde sacó el tribunal europeo esa conclusión porque en ese procedimiento concreto, el de la inmunidad de Puigdemont, no interviene el alto tribunal español.