Las claves de la directiva sobre transparencia fiscal de las grandes empresas que lleva tres años bloqueada en la UE

La transparencia fiscal de las grandes multinacionales tendrá que seguir esperando. El Consejo de la Unión Europea no logró esta semana acabar con el bloqueo que existe alrededor de la conocida como directiva country by country, una norma puesta sobre la mesa hace ya tres años por la Comisión con la que se pretende obligar a las grandes multinacionales con un volumen de negocio superior a los 750 millones de euros a que hagan público un informe en su página web en el que den detalles sobre el país o países de la UE en el que generan beneficios y los Estados en los que pagan sus impuestos. Hasta la fecha, los ministros de la Unión Europea no han conseguido cerrar la fase de primera lectura que abra la puerta al comienzo de las negociaciones. Algunos Estados como Luxemburgo, Chipre, Malta o Irlanda, sospechosos habituales de facilitar la elusión fiscal de estas grandes compañías, se niegan en redondo a desbloquear una directiva que es fundamental, a ojos de los eurodiputados consultados por infoLibre, para “evitar que las multinacionales trasladen beneficios de un país a otro y no paguen los impuestos donde les corresponde”.

La lucha contra la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva se ha convertido en los últimos años en una de las principales prioridades de la Comisión Europea. Y no es para menos. La legislatura de Jean-Claude Juncker echó a andar con el estallido del caso LuxLeaks, que destapó los acuerdos secretos de casi 350 multinacionales –Pepsi, Ikea, Fiat, Amazon o AIG, entre otras– con Luxemburgo para escaquearse de pagar tributos, llegando algunas de ellas a conseguir impuestos de sociedades del 1% sobre los beneficios que llevaban al Gran Ducado. A esta filtración le siguió la de los Papeles de Panamá, que permitió a los Estados recuperar más de 1.200 millones de euros distraídos. Y pocos meses después vieron la luz de la mano del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) los Papeles del Paraíso, que permitieron conocer cómo importantes personalidades y multinacionales de todo el mundo recurrían a estructuras financieras para esquivar al fisco. Lo hicieron la marca deportiva Nike, la tecnológica Apple o la famosa aplicación de servicios de transporte Uber, entre otras grandes firmas.

Pocos días después de que comenzasen a airearse los documentos confidenciales del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, el Ejecutivo comunitario trató de dar un paso al frente poniendo sobre la mesa una modificación de la directiva europea sobre contabilidad. Este cambio normativo se centraba, principalmente, en imponer a las multinacionales la obligación de ser mucho más transparentes en relación con el impuesto de sociedades, cuya elusión supone para los Estados miembro un agujero de entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales, según los cálculos de la Comisión. Durante la presentación del texto, el entonces comisario de Servicios Financieros cargó contra aquellas multinacionales que sirviéndose de “complejos dispositivos fiscales” pueden llegar a pagar “una tercera parte menos de impuestos” que las compañías que operan únicamente en un país y esperó que la medida contribuya a “aumentar la imposición de las empresas” y fomente “una competencia leal” entre las compañías “con independencia de su tamaño”.

Informes detallados y a disposición de la ciudadanía

La directiva busca forzar a las multinacionales a que paguen el impuesto de sociedades en el país en el que generan sus beneficios. Y, para ello, apuesta por un aumento del “control público”, “elemento crucial” para “restaurar la confianza de los ciudadanos en la equidad de los sistemas tributarios”. Así, la reforma legal presentada introduce en la normativa sobre contabilidad un capítulo en el que se establece que los Estados miembro tendrán que exigir a las firmas cuyo volumen de negocios neto consolidado supere los 750 millones de euros “la redacción y publicación anuales de un informe referido a la tributación del impuesto de sociedades”. Esto afecta a las empresas cuyas sociedades matrices estén sujetas a las normas de un país comunitario, a compañías que no sean empresas ligadas, a filiales medianas y grandes controladas por matrices asentadas fuera de la Unión Europea o a sucursales constituidas en un Estado miembro por una empresa que no esté sujeta al derecho nacional de ningún país europeo.

El documento, que deberá estar a disposición de los ciudadanos en la página web “durante al menos cinco años consecutivos”, tiene que contener “información acerca de todas las actividades de la empresa y la sociedad matriz última, incluidas las actividades de empresas ligadas consolidadas en los estados financieros correspondientes al ejercicio de que se trate”. Así, estos gigantes económicos estarán obligados a facilitar una descripción de la naturaleza de las actividades, el número de empleados, el importe del volumen de negocios neto –incluido el relativo a las partes vinculadas–, el importe de beneficios o pérdidas antes del tributo o el importe de las ganancias acumuladas. Además, deberán informar sobre el importe del impuesto de sociedades devengado –gastos fiscales corrientes reconocidos sobre los beneficios o pérdidas imponibles– y el importe del tributo abonado. Unas cifras que se presentarán “por separado para cada Estado miembro”. Además, si dicho país engloba varias jurisdicciones fiscales, los datos se combinarán “a nivel del Estado miembro”.

El Ejecutivo liderado por Jean-Claude Juncker también se preocupó en dejar claro que dicho documento tiene que desglosar la información para cada territorio que a cierre del ejercicio anterior esté incluido en la relación de paraísos fiscales elaborada por Bruselas –actualmente 9 Estados se encuentran en una lista negra y 33 más en una gris–, a menos que dicho informe “confirme expresamente” que las empresas ligadas de un grupo que operan en esas jurisdicciones “no llevan a cabo directamente operaciones” con ninguna sociedad ligada de ese mismo grupo que se encuentre regulada por la legislación de un país comunitario. Y, por supuesto, en aclarar sobre quién se sitúa la responsabilidad en caso de incumplimiento: “Los Estados miembro velarán por que los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de la sociedad matriz última […] sean colectivamente responsables de garantizar que el informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se redacte, se publique y sea accesible”.

Bloqueo en el Consejo

Con la presentación de la directiva se inició el proceso legislativo. La pelota se situó entonces sobre el tejado del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, a quienes correspondía pronunciarse sobre la nueva normativa y sus posibles modificaciones. La Eurocámara dio por concluida la primera lectura y planteó una serie de enmiendas al texto del Ejecutivo comunitario en 2017. Sin embargo, el debate se quedó atascado en el Consejo. Y nada ni nadie consigue desbloquear la situación. A finales de octubre, el Parlamento comunitario instó con 572 votos a favor, 42 en contra y 21 abstenciones a los Estados miembro a “salir del estancamiento” y aprobar de una vez por todas su postura para poder iniciar las negociaciones. Así, exigió a la presidencia rotatoria del Consejo, que este semestre ocupa Finlandia, que reanudase los trabajos sobre la propuesta y les diera prioridad. “Hay asuntos políticos pendientes que evitan un acuerdo”, explicó entonces la ministra de Asuntos Europeos finlandesa, Tytti Tuppurainen.

Los eurodiputados consultados por este diario insisten en la importancia de la norma a la hora de frenar la elusión. “La directiva permitirá evitar que las multinacionales trasladen beneficios de un país a otro y no paguen los impuestos donde les corresponde”, señala Ernest Urtasun, miembro de Los Verdes. Ibán García, negociador de los socialdemócratas en esta materia, asevera que es importante poner fin a la “oscuridad” que existe alrededor del uso de estas estrategias fiscales. Un “velo”, recuerdan, que hay que levantar tanto para impedir que estos gigantes “vengan, extraigan todo y se vayan sin aportar casi nada” como para que “salgan a la luz” los países del club comunitario que están haciendo “dumping fiscal”. “Es uno de los debates más importantes que tenemos de cara al futuro”, sostiene el eurodiputado socialdemócrata, que insiste en que es necesario que las grandes multinacionales “paguen donde generan sus beneficios” para contribuir al “mantenimiento del Estado de bienestar”.

Pero por el momento habrá que esperar. Aunque a la reunión del Consejo de la Unión Europea de este jueves se iba con un documento bajo el brazo, la situación no consiguió desatascarse. Doce países lograron bloquear la propuesta. Votaron en contra Luxemburgo, Irlanda, Malta, Chipre, República Checa, Letonia, Eslovenia, Estonia, Austria, Suecia, Hungría y Croacia. El principal argumento en el que se escudan, explica García, es que la norma “afecta a la autonomía fiscal de los países y que, por tanto, requeriría unanimidad para ser aprobada en el Consejo”. Es decir, que si se aceptara esta base legal sería todavía más complicado dar luz verde a la directiva. Frente a ellos, votaron a favor trece Estados, entre los que se encontraban algunas de las principales potencias económicas, como España, Francia, Italia u Holanda. Alemania, sin embargo, decidió abstenerse en una votación en la que no participaron ni Finlandia ni Reino Unido. Con este reparto, no se alcanzó la mayoría cualificada necesaria para sacar adelante la propuesta.

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La directiva, según los cálculos de la Comisión, obligaría a unos 6.000 gigantes con actividad en suelo comunitario a incrementar su transparencia tributaria, lo que dejaría fuera a las pequeñas y medianas empresas. En España, según los datos hechos públicos el pasado martes por la Agencia Tributaria, 134 multinacionales habían rellenado en 2016 el 231 de declaración del impuesto sobre sociedades, un modelo elaborado por la OCDE, estandarizado y pactado internacionalmente que tienen que cumplimentar aquellas compañías cuya facturación se encuentra por encima de los 750 millones de euros. Entre todas estas empresas acumulaban 16.160 filiales, de las cuales 5.193 tenían domicilio fiscal español y 10.967 en el extranjero. Todas ellas sumaron ese año una facturación mundial de 934.408 millones de euros y tuvieron unos beneficios netos de 91.849 millones. Y pagaron 11.594 millones en concepto de impuesto de sociedades en todas las jurisdicciones donde contaban con filiales, lo que equivale a un tipo efectivo del 12,6% de media.

El principal argumento que esgrimen las grandes compañías cuando se les reprochan los bajos tipos suele ser que lo que no pagan en España lo han pagado ya antes en el extranjero. Pero el último análisis realizado por la Agencia Tributaria arroja nuevas dudas al respecto. Casi un tercio de las 134 multinacionales que han rellenado el modelo 231, que son responsables de la mitad –el 49,1%– de los beneficios totales, soportan un tipo efectivo de sólo el 2,69%. De modo que los 1.214 millones de euros que estas 43 empresas pagaron en todo el mundo por los 45.049 millones que ganaron en 2016 representaron únicamente el 10,5% de la factura por el impuesto sobre sociedades abonada por el conjunto de estas grandes compañías. Y ello pese a que también equivalen al 44,3% del volumen de negocio analizado. De hecho, hay un grupo de ellas, de sólo 27 empresas, que pese a liderar las cifras de beneficio, sólo tributó un 0,3% en el impuesto sobre sociedades: apenas 65 millones de los 25.325 millones de euros declarados como ganancias.