El fiscal general rechaza que el Ministerio Público informe sobre la amnistía
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, rechaza que el Consejo Fiscal informe sobre la amnistía. En una carta remitida este jueves al presidente del Senado, Pedro Rollán, el jefe del Ministerio Público ha señalado que el órgano carece de competencias para emitir informes sobre una norma que en estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria. "No está legalmente prevista su labor informante o consultiva en proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento", apunta en una extensa misiva.
La Cámara Alta, que a diferencia de lo que sucede con el Congreso de los Diputados está controlada por el PP, solicitó que el Consejo Fiscal informase sobre la norma con la que el Gobierno pretende poner punto y final al procés. Y tras el parón navideño, el Senado insistió. En una carta remitida a comienzos de semana al fiscal general del Estado, Rollán apremió al Ministerio Público a moverse. "Tratándose de una iniciativa legislativa de gran impacto en la sociedad española y también en los ámbitos jurídicos e institucionales, es de vital importancia que se emita un informe de instancias tan elevadas como la que preside, para que ilustres y favorezca el debate en las Cortes Generales", señalaba la misiva.
Tras las críticas vertidas desde el sector conservador de la carrera fiscal, que este miércoles acusó a García Ortiz de ocultar al Consejo Fiscal esa petición, el fiscal general del Estado ha decidido este jueves dar respuesta a la Cámara Alta. Y lo ha hecho dando un portazo a la posibilidad de que el Ministerio Público se pronuncie sobre la proposición de ley. "Lamento comunicarle la inviabilidad de la solicitud formulada", señala el fiscal general del Estado.
García Ortiz, en su misiva, rechaza que el Consejo Fiscal, dominado por la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, pueda pronunciarse sobre la norma de olvido jurídico. "El Estatuto del Ministerio Fiscal únicamente prevé la intervención del Consejo Fiscal para informar proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, funcionamiento y funciones del Ministerio Público", ha apuntado García Ortiz en su respuesta a Rollán, en la que también señala que este órgano del Ministerio Público no tiene semejanza alguna con el Consejo General del Poder Judicial, a quien también se ha encargado un informe sobre la proposición de ley desde el Senado.
En la misiva, el fiscal general del Estado hace al Senado un "ofrecimiento de colaboración constante y permanente". Una "leal colaboración institucional" que, señala García Ortiz, permitiría a la institución del Ministerio Fiscal –que no al Consejo Fiscal– informar sobre una proposición de ley durante su tramitación parlamentaria. Sin embargo, considera que en este caso concreto esa cooperación –consultiva o informadora– tampoco sería posible por "el objeto y la trascendencia jurídica de la iniciativa legislativa". "Su eventual incorporación a nuestro ordenamiento jurídico conllevará la fijación de criterios unitarios de actuación de nuestra institución en el ámbito que constituye su primigenia razón de ser: promover la acción de la justicia ante los tribunales", apunta.
En este sentido, apunta que un informe sobre esta proposición de ley emitido por el fiscal general del Estado "supondría alterar" el "normal funcionamiento" de la institución, "invadir espacios y competencias propias" de la estructura organizativa del Ministerio Público en su toma de decisiones. "De entrar la norma en vigor, las y los fiscales objetiva y territorialmente competentes deberán posicionarse procesalmente en relación con su ámbito objetivo de aplicación y respecto de cualquier cuestión prejudicial o cuestión de inconstitucionalidad que pueda plantearse", sostiene, al tiempo que señala que la conformación del criterio jurídico de los fiscales "exige el máximo rigor en la interpretación y aplicación de la normativa aplicable".
"Lejos de no valorar su solicitud como presidente del Senado, pongo en su conocimiento que la intención de este fiscal general es la de no extralimitar sus funciones legales, aun con la mejor voluntad de colaboración institucional, pues por encima de ella está el efectivo cumplimiento de las circulares e instrucciones de la Fiscalía General del Estado", remata García Ortiz.
