¿Qué hay detrás del nuevo acuerdo entre España e Israel?

Aunque ya existía un documento similar en vigor desde 1995, España e Israel acaban de establecer un acuerdo sobre protección de información clasificada que incluye aspectos que, según los expertos, plantean serios interrogantes sobre la transparencia de las relaciones exteriores de nuestro país. Uno de ellos es el hecho de que a partir de ahora un país debe clasificar –o sea, mantener en algún grado de confidencialidad – una determinada información automáticamente cuando el otro lo haga, prohibiendo revelarla a terceros "sin el conocimiento previo y por escrito de la otra parte". Por ejemplo, Israel puede clasificar como confidencial la información relativa a la venta de material de inteligencia a España, que también deberá clasificarla en el mismo grado de forma automática.

En España, la información se clasifica en cuatro niveles (difusión limitada, confidencial, reservada y secreta) mientras que en Israel se hace en tres (confidencial, secreto y alto secreto). El acceso a estos documentos está reservado a determinadas personas que, dependiendo del nivel del cargo que ostenten, pueden acceder a más o menos categorías.

Este acuerdo sobre la protección de información clasificada se firmó en febrero de 2011 con validez por un periodo de tiempo "indefinido". Los encargados de firmarlo fueron el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, y el director de la Autoridad de Defensa israelí, Amir Kain, ya que se trataba de las autoridades de seguridad "debidamente facultadas" en cada país para estos temas y, además, serían las encargadas de supervisar la ejecución del acuerdo.

A pesar de estar firmado en 2011, no entró en vigor hasta el pasado 3 de octubre, según publicó el Boletín Oficial del Estado. Es decir, casi cuarenta y cuatro meses después de su firma, debido, según el texto, al "cumplimiento de los procedimientos internos" de ambos países. Una amplitud del periodo que sorprende a los expertos consultados, ya que no se ha añadido nada al acuerdo en todo este tiempo, pero que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación lo enmarca "dentro de la normalidad", según manifestaron fuentes de ese departamento a este periódico.

El preámbulo del acuerdo ya indica que ambos países "desean custodiar el secreto de los proyectos de defensa y militares, así como proteger la Información clasificada intercambiada", por lo que consideran que la firma de este acuerdo "es esencial para sus intereses recíprocos". Uno de los aspectos del anterior acuerdo y que se siguen manteniendo en el presente es que este "forma parte integrante de cualquier contrato que se celebre o se suscriba en el futuro" entre Israel y España, así como "entre cualesquiera entidades relacionadas con la seguridad y el secreto de proyectos" de ambos países. También se deja la puerta abierta a la participación de empresas privadas. Esto podría afectar de forma más directa a la industria militar española que a la israelí, ya que desde hace más de una década se inició un proceso de privatización de estas empresas, mientras que allí sigue siendo un sector estatalizado, aunque en los últimos años una parte muy importante también ha dejado de ser público.

Alejandro Pozo, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz de Barcelona, explica en su informe Defensa, seguridad y ocupación como negocio que "para entender la lógica de este acuerdo, cabe recordar que en 2010 Brasil firmó un acuerdo de confidencialidad con Israel por el cual no podría transferir tecnología clasificada a terceras partes". Pozo relata que ahora la propia industria israelí reconoce que este acuerdo “abrió las puertas a las compañías israelíes” a otros mercados ya que, a la postre, pudo “ofrecer productos que antes estaban prohibidos”.

Otro aspecto que llama la atención es que, según se señala en el texto, "cualquier controversia y/o interpretación" del acuerdo "no se someterá a ningún tribunal nacional ni internacional ni a normativa nacional o internacional alguna". No especifica qué hacer si estas diferencias no logran solventarse entre las partes.

Aunque pudiera parecer que la finalidad de este acuerdo, firmado dos años después de la operación de ataque israelí conocida como Plomo Fundido, sea ocultar la venta de armas a Israel, esto no podría suceder: un acuerdo no puede estar por encima de una ley. En este caso, se trata de la Ley de Exportación de Armamento, que cubre tanto el material de defensa como el de doble uso, dictamina que España tiene que declarar los volúmenes económicos de lo exportado y, en caso de que estos superen los 10 millones de euros, deberá también desglosarlo.

España nunca ha exportado a Israel más de esta cantidad, ya que su principal baza de comercio con ese país en materia armamentística no es la exportación, sino la importación, que no está sujeta a una ley que la regule. Por tanto, el acuerdo se podría utilizar para ocultar información sobre el material comprado por España a Israel. Por ejemplo, escudándose en él ante preguntas parlamentarias o solicitudes de información de la prensa.

Cabe destacar que Israel depende de sus exportaciones para rentabilizar su industria, abarantando la producción interna, y del mismo modo hacer viable la ocupación de los territorios palestinos. No obstante, este acuerdo favorece, además del intercambio de información clasificada "en cualquier campo", la cooperación en defensa y asuntos militares, como podría ser el "terrorismo", la elaboración planes de trabajo de forma conjunta para controlar las migraciones o la puesta en común de conocimientos técnicos o la vigilancia de la población, algo que en EEUU se conoce como Homeland Security. 

Por tanto, España encuentra así uno de los mercados de material de inteligencia más avanzados, sobre todo a nivel tecnológico. Israel, por otro lado, no obtendría tanto un beneficio de este tipo, sino que conseguiría mejorar su imagen o, al menos, dar cierta opacidad sus negocios con España, ya que este país tiene una gran sensibilidad por la causa palestina -por ejemplo, a nivel de organizaciones de apoyo-, algo que contrasta con el entorno occidental.

Los expertos consultados también señalan que una de las causas que hacen necesario este nuevo acuerdo es el auge y la expansión de la ciberseguridad. Fuentes del Ministerio han preferido no confirmar ni desmentir este hecho, pero sí reconocen que esta renovación es acorde a las novedades que se han podido introducir en estas dos últimas décadas. Por ello, una de las características de este acuerdo es la mezcla de ambigüedad y concreción. De hecho, los propios expertos reconocen la dificultad a la hora de investigar este tema, ya que se trata de "asuntos secretos en un sector en el que ya todo es secreto".

Acuerdos similares, pero no mismos contenidos

En declaraciones a infoLibre, fuentes del Ministerio de Exteriores aseguran que se trata de un acuerdo más en esta materia, “como se tiene con muchos otros países”, como Austria o Alemania. Para Alejandro Pozo, esta afirmación supone una verdad a medias. Y señala que, aunque es cierto que existen acuerdos similares, estos “no tienen los mismos contenidos”, ya que en este “la esencia es el secreto”. También apunta que "la contraparte no es la misma; no es lo mismo firmar un acuerdo con Alemania que con Israel".

Además, Pozo subraya que una de las consecuencias del acuerdo será que el Gobierno español “no pueda denunciar determinadas prácticas de Israel”, y viceversa. Así mismo, señala que existe una “delgada frontera” entre el ámbito militar y lo policial, ya que se trata de dos campos que van ligados en numerosos temas, como puede ser el terrorismo, el crimen organizado o el control de las migraciones irregulares.

El “valor añadido” de Israel

Un aspecto relevante sobre las exportaciones de Israel es lo que se considera el “valor añadido” de sus productos y servicios. Este se basa, principalmente, en que todos ellos han sido puestos a prueba, “testados en combate”, a lo que se les suele añadir que han sido usados en la lucha contra el terrorismo. A lo que el Estado de Israel se refiere con ese “valor añadido” utilizado contra el “terrorismo” no es otra cosa que el conflicto con Palestina. Históricamente, Israel ha considerado que su problema con los palestinos es un problema de terrorismo, por lo que el material se vende como “testado en combate”, es decir, todo aquello que ha sido probado anteriormente en sus ofensivas en Gaza, definido por numerosos expertos como un "laboratorio de pruebas".

Del mismo modo, si bien las políticas en materia de inmigración de España son bastante duras, en Israel van un poco más allá. Por ejemplo, el pasado mes de octubre la ONG Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que se denunciaba que Israel "hace la vida miserable" a inmigrantes para forzar su marcha, ya que los ve como una "amenaza". En el mismo texto se señalan una serie de prácticas que, aun teniendo en cuenta las medidas del gobierno en esta materia, resultarían escandalosas en España. 

Preguntado por si Israel es un socio fiable, Exteriores ha preferido no entrar a valorarlo, ya que consideran que en este tipo de acuerdos solo se valoran “aspectos técnicos, pero no políticos”. Una posición que ya adoptó el PSOE cuando estaba en el Gobierno, época en la que se firmó el tratado. En junio de 2011, el diputado socialista Pedret i Grenzner defendió en el Congreso “la normalidad en las relaciones con todos los Estados, sin entrar a juzgar políticamente las actividades de los gobiernos de los Estados”.

España suspende un mes la venta de armamento a Israel

Ver más

La declaración simbólica del Gobierno

El pasado mes de agosto, en plena operación Margen Protector, el Gobierno español anunció la suspensión temporal de venta de armas a Israel. Aunque fuera una declaración más bien simbólica, Alejandro Pozo considera que “cabe alegrarse por la iniciativa”, ya que “es la primera vez en democracia que se comunica públicamente la paralización de estos envíos a Israel” y muestra el “desacuerdo con la actuación israelí en la Franja de Gaza”.

"Hoy como antes, las exportaciones a Israel violan de manera flagrante al menos cuatro de los ocho criterios de la propia legislación española, los relacionados con los derechos humanos, la situación de conflicto armado, la estabilidad regional o el derecho internacional humanitario", sostiene Pozo. Por su parte, el Gobierno asegura que las armas que vende a Israel no se utilizan contra la población palestina. Sin embargo, apunta el investigador, "una vez exportado, un gobierno no tiene forma de controlar qué se hará con el material militar".