La Iglesia vuelve a ejercer con la amnistía su histórico papel de aliada de la derecha en los momentos clave

Oigamos tres declaraciones sobre la actualidad política española vertidas en la última semana. 1) "Los que delinquieron grave y violentamente destruyendo un Estado de derecho determinan el futuro de un pueblo”. 2) Es “inmoral” una amnistía “a cambio" de votos y por "ansia de poder”; "es especialmente doloroso que se pretenda tomar por tonta a una nación". 3) "La unidad de España está en peligro"; "la paz de una nación entera no podemos jugárnosla por intereses particulares".

¿Quiénes son? ¿Portavoces del PP? ¿De Vox? No. Son, respectivamente, Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo; José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante; y Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, las tres voces que han llegado más alto en su crítica al Gobierno por la amnistía, todo ello dentro de un coro que incluye al azobispo de Valladolid, Luis Argüello, ex secretario general y exportavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), y al obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, que augura que el Estado de derecho "se resentirá enormemente". Otros, como el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y el mismísimo arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, han aprovechado el debate para alertar sobre la posible secesión de Cataluña.

La ofensiva simultánea contra la amnistía se produce justo cuando el tema está al rojo vivo. Aunque, en realidad, las voces críticas ya habían empezado a oírse en septiembre, cuando César García Magán, portavoz y secretario general de la CEE, dijo que no había nada "excepcional" que justifique una amnistía. Tras un rumor de desacuerdo llegado desde el episcopado catalán, que pidió "neutralidad", parecía que la cúpula eclesial ponía en práctica una de sus artes: correr un tupido velo sobre un asunto incómodo. Hasta que Sanz, Munilla y compañía salieron en tromba. ¿Y en defensa de la amnistía? Nada. Tampoco el presidente de la CEE, Juan José Omella, al que se considera defensor de una salida dialogada en Cataluña. Lo más ecuánime han sido las palabras del arzobispo de Madrid, José Cobo, que dijo este miércoles en una homilía por La Almudena que "la convivencia es diálogo y discusión amable".

Un próximo a un obispo moderado señala que, aunque es previsible que la CEE no se pronuncie sobre la amnistía en su asamblea del 20 de noviembre, "a la sociedad ya le ha llegado el mensaje de que la Iglesia está contra la amnistía", lo cual es "un éxito" del ala conservadora. ¿Es mayoritaria? "Parece que sí, y desde luego tiene menos complejos para hablar", responde.

Ángel Luis López Villaverde, profesor de Historia Contemporánea, señala que la tendencia de la cúpula eclesial a ver en peligro la nación española obedece a una "reminiscencia nacionalcatólica". A juicio del autor de El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata, 2013), la socialización en el nacionalismo excluyente de la mayoría del alto clero ayuda a entender su mayor afinidad con la derecha no sólo en los temas habituales en los que la Iglesia toma partido –educación, aborto, familia–, sino también en los temas nacionales.

Así que se dan dos fenómenos. Por un lado, una oposición sistemática de la jerarquía católica a la legislación progresista en numerosos ámbitos. Por otro, una inclinación, en los temas que provocan grandes controversias nacionales, al alineamiento con la derecha. Y no se trata de fenómenos nuevos. Son, más bien, toda una tradición de quienes mandan en la Iglesia española, tradición que con la amnistía está siendo honrada de nuevo.

Más de cuarenta años de marcaje

Limitando el arco temporal al periodo democrático –dejando pues de lado la actividad de la Iglesia contra la República y a favor del golpe de 1936, el bando nacional y el franquismo–, el historial de encrucijadas en las que la jerarquía ha guerreado contra la izquierda es interminable. En realidad, nunca ha habido excesivo disimulo sobre la falta de neutralidad no ya de las ideas, sino de las adhesiones.

La línea de marcaje a la izquierda la fijó Juan Pablo II en cuanto el PSOE tocó poder. Cuando se produjo la primera victoria de Felipe González, el 28 de octubre de 1982, Wojtila ya tenía organizada su primera visita a España para el día 31. Sólo tres días después. Fue una demostración de fuerza, con el papa rodeado de la cúpula católica española y una multitud de fieles. Todo un aquí estamos de la Iglesia, que trataba de minimizar su pérdida de influencia en el rumbo del país con la llegada de la democracia. Atención a lo que ha explicado José María Maravall, ministro de Educación con González, sobre cómo veían los prelados su relación con el poder político en los 80: "A los pocos días de entrar en el ministerio, recibimos la visita de los obispos, que nos trajeron impresos en un característico papel sepia los decretos que teníamos que firmar. Así se gestionaba la educación en España en 1982".

La etapa felipista ofreció a aquella institución malacostumbrada por décadas de privilegios sus primeras excusas para dar la batalla. La jerarquía hizo campaña contra la Ley del Derecho a la Educación, de 1985, pese a que sentaba las bases del actual sistema de conciertos, que el tiempo demostraría tan favorable a la institución católica. Es difícil saber hasta qué punto la presión eclesial sirvió para que los socialistas renunciaran a su programa de partida de "escuela pública, laica, autogestionaria y única", para optar por el modelo de doble red. Si dura fue la oposición a la LODE, más aún lo fue a la Logse, de 1990. "Puede conducirnos a un ahondamiento de la ruptura entre la cultura y la fe", declararon los obispos en bloque.

Pero la cúpula católica no se ha limitado a dar la batalla educativa. Tampoco se ha ceñido a los temas sobre los que ha ejercido históricamente de tutora moral: familia, sexualidad, tradición, valores... Los frentes han sido mucho más variados. Antes de la Logse, en 1987, la CEE ya denunció, a través de su secretario, el obispo Fernando Sebastián, la "gran voracidad fiscal" del Estado, que se estaría excediendo en su afán recaudatorio.

No se trata de una posición aislada o anecdótica. En 1992 Ángel Suquía, presidente de la CEE, solemnizaría que "tras el fracaso del comunismo, el capitalismo aparece como único sistema en el horizonte". Frente al cristianismo social de las corrientes izquierdistas de la Iglesia o las críticas a la injusticia capitalista del papa, la jerarquía española siempre evita la profundización en el diagnóstico de las causas de la pobreza, limitándose a ofrecerse como complemento caritativo de un Estado del bienestar con lagunas [ver al final del texto El papa y el alto clero español, en sintonías diferentes].

Un aplauso para Aznar

Uno de los periodos de más clara toma de partido de la cúpula eclesial fueron los años centrales de los 90. Tras la inesperada victoria del PSOE en el 93, la CEE, a través de la COPE, fue un puntal de la ofensiva político-mediática contra González. Antonio Herrero, desde los micrófonos de la radio episcopal, se convirtió en actor clave de aquella campaña. La elevada temperatura que alcanzó el conflicto la ilustran las palabras en 1996 del entonces ministro José Manuel Eguiagaray: "Si la Iglesia utiliza una radio como punta de lanza contra el PSOE [...], tendrá una respuesta terrenal y podría revisarse su situación en un Estado aconfesional, como la aportación tributaria y estatal". Aquellas palabras fueron un intento de alcanzar una tregua que no se produjo. También fueron uno cruda exteriorización del estatus privilegiado de la Iglesia en su relación con el Estado.

Por supuesto, no se tocó ni un solo privilegio. Es más, tras la mayoría absoluta de José María Aznar se ampliaron los ya abundantes de la etapa anterior. Si con González la Iglesia había amarrado su casilla en el IRPF, múltiples ventajas fiscales, mejoras para los profesores de Religión y capellanes pagados con dinero público, así como los conciertos, con Aznar llegaron las inversiones estatales del Plan Nacional de Catedrales (1997); la reforma de la Ley Hipotecaria para que las diócesis pudieran inmatricular lugares de culto (1998); la exención del cumplimiento de la Ley de Asociaciones, librándola de obligaciones de rendición de cuentas (2001); la Ley de Mecenazgo, que implica una casi total supresión de obligaciones fiscales. Queda para el recuerdo la ovación que Aznar, escoltado por Rouco Varela, recibió de un centenar de obispos en un congreso episcopal en 2002 en San Lorenzo del Escorial.

A la manifestación con alzacuellos

¿Quién manda en la Iglesia cuando llega (2004) José Luis Rodríguez Zapatero? Primero como presidente de la CEE y luego como arzobispo de Madrid, la diócesis más rica y poderosa, el hombre fuerte es Rouco. Bajo sus auspicios, Jiménez Losantos demostró desde la COPE que Herrero podía parecer tibio por comparación. La emisora se convirtió en puntal de la teoría de la conspiración sobre el 11M, así como contra dos de las políticas más importantes de la primera legislatura de Zapatero: matrimonio igualitario y educación para la ciudadanía.

La estampa de 2005, con los prelados manifestándose en la calle contra las bodas gays, vestidos con sotana y alzacuellos, aparecería en cualquier álbum gráfico de la historia de la primera década del milenio. Rouco, con su gesto airado asomando tras las gafas ahumadas, estaba escoltado por los arzobispos de Toledo, Málaga, Granada, Burgos, Castellón, Huesca, Teruel, Getafe, Alcalá y Tarazana. A sus espaldas, carteles que decían: "¿Cambiarías a Juan y Puri por Boris y Zerolo?" y "Sodomía no con mi dinero". Por cierto, en aquella mani estuvieron ya, como obispos de diócesis distintas a las de hoy, dos de los prelados ahora volcados contra la amnistía: Jesús Sanz y Demetrio Fernández. Los políticos cambian, ellos siguen... y siguen haciendo política.

Contra el diálogo con ETA

Los niveles de rechazo público de los obispos a las iniciativas políticas del PSOE alcanzaron durante la etapa de Zapatero sus mayores cotas. Del Estatuto de Andalucía, por ejemplo, dijeron que iba "debilitar y desestabilizar el matrimonio y la familia".

La mayor crisis llegó en 2008, cuando en etapa preelectoral la CEE emitió unas orientaciones de voto en las que –sin citar siglas– orientaba contra el PSOE. Y no sólo porque hay que apoyar a los partidos defensores de "la vida", es decir, antiabortistas. En la coctelera entraba un ingrediente nuevo. En pleno debate sobre los límites del diálogo con ETA, el texto decía: "Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer [...] a una organización terrorista como representante político [...], ni puede tenerla como interlocutor político".

Aquella vez el PSOE se revolvió con un comunicado en el que calificaba de "inmoral" el posicionamiento eclesial y recordaba la doble vara de medir de la CEE: "Si no hay que votar a los partidos que han dialogado con ETA, no hay que votar a nadie [...]. Con ese criterio, no se hubiera podido votar a Adolfo Suárez, ni a Felipe González, ni a José María Aznar. Todos ellos dialogaron con ETA e incluso alguno de ellos, como Aznar, con un obispo como intermediario". Ese "obispo" es Juan Mari Uriarte, citado por numerosos medios como intermediario entre el Gobierno y ETA cuando estaba al frente de la Diócesis de Zamora.

Ley a ley

Con Mariano Rajoy en La Moncloa, volvió la quietud. Con la Lomce o Ley Wert como gran cesión a los obispos y la retirada de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón como principal disgusto, las relaciones PP-CEE no alcanzaron los niveles de idilio de la era Aznar-Rouco, pero quedaron lejos de las tensiones de las etapas PSOE.

¿Y durante los gobiernos progresistas desde 2018? La CEE ha hecho campaña contra la Lomloe o Ley Celaá, que vio como una amenaza –no cumplida, eso es seguro– a la concertada. "Vuelve la dictadura totalitaria", llegó a clamar monseñor Jesús Sanz sobre la norma. Tan previsible como el rechazo a la reforma educativa ha sido la oposición en bloque a las leyes de eutanasia, aborto y trans, esta última tildada de "perversión". En el caso de la eutanasia, su rechazo ha llegado al límite de defender la "objeción institucional". ¿Y la ley del sólo sí es sí? En su estreno como portavoz y secretario general de la CEE, hace un año, García Magán dijo –en un momento de crisis para el Gobierno– que la "alarma social" ante la misma era "justa".

Proliferan además posiciones alineadas con las nuevas corrientes derechistas, enfrentadas a una supuesta ofensiva progresista, que querría imponer una corrección política castrante y una agenda anticristiana embozada tras la lucha contra el cambio climático. Luis Argüello, actual arzobispo de Valladolid, sostiene que el "sistema económico dominante" quiere imponer un "capitalismo verde" que actúa como freno a la procreación. Más. Detrás de las erradas políticas de la "ideología de género" hay "organismos financieros globales", concluyó en enero de este año la CEE en su documento El Dios fiel mantiene su alianza. Es un discurso que suscribiría Vox.

Poco después, en abril, el episcopado dio un un paso más. En su discurso ante el pleno de los obispos, Omella, tenido por un moderado, afirmó que "ante las citas electorales que se nos avecinan", los los fieles debían actuar contra el aborto y la eutanasia y a favor de la concertada. No citó partidos, pero blanco y en botella. Es en esta estela donde hay que colocar la ofensiva anti-amnistía. A diferencia de 2008, el PSOE y el Gobierno han optado por el silencio tanto tras las instrucciones de voto como tras los ataques a la amnistía.

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Las posiciones de la Iglesia no sólo se explican por lo ideológico, también por lo corporativo. Es decir, por la protección de sus intereses. Su defensa de la concertada obedecerá a un compromiso con la "libertad" de los padres, pero tampoco se puede olvidar que la Iglesia se beneficia gracias a este modelo de cuantiosos recursos. En cuanto a la sanidad, la Iglesia se ha opuesto a través del lobby IDIS a la Ley de Equidad –finalmente no aprobada–, que pretendía limita las privatizaciones. Pero en este caso no lo hacía directamente la Iglesia diocesana, sino las órdenes con intereses en el negocio y beneficiarias de conciertos sanitarios. La oposición de la Iglesia en 2020 a que el ingreso mínimo vital fuera "permanente" hay que entenderla como una reivindicación de la utilidad de su propia red asociaciones asistencialistas, que reciben subvenciones para encargarse ellas mismas, no el Estado, de paliar la pobreza.

Con Sánchez, los obispos han suavizado las formas, no el fondo. Se han mantenido alejados de la calle y con la COPE han aflorado tensiones –"la COPE no tiene ningún problema con Sánchez, sino Sánchez con la COPE", dijo García Magán en junio–, pero menores por comparación. Uno de los factores que podrían explicarlo es que la CEE ha tenido abiertas varias carpetas abiertas con el Gobierno que afectaban a sus intereses, destacadamente fiscalidad e inmatriculaciones. Ambas carpetas están ya cerradas y la Iglesia ha logrado proteger con éxito la práctica totalidad de los bienes inmatriculados y ventajas fiscales.

Así es la relación de la jerarquía con la izquierda en el poder: la Iglesia golpea donde más duele, la izquierda no devuelve el golpe.